En mayo del 2012, el entonces candidato a la alcaldía del Doral Luigi Boria alquiló una oficina de campaña de 1,480 pies cuadrados en un centro comercial por $200 al mes, incluyendo los servicios de electricidad, agua, etc.
Por la misma época que la campaña alquiló ese espacio en Delia Plaza, la agencia sin ánimo de lucro Goodwill Industries alquiló tres espacios de estacionamiento en el centro comercial para estacionar un tráiler, pagando $700 al mes, más de tres veces lo que la campaña de Boria pagó por toda una oficina con los servicios incluidos.
Inmediatamente después de que Boria fuera electo alcalde, el propietario alquiló el mismo espacio de oficina, sin incluir agua ni electricidad, por $3,700 al mes, más de 18 veces lo que pagaba la campaña de Boria.
Luego de su intento de despido en octubre del 2013, el entonces administrador de la Ciudad de Doral, Joe Carollo –quien sirvió sin cobrar como asesor y estratega voluntario durante la campaña de Boria en el 2012– acusó a Boria de alquilar a sabiendas el espacio muy por debajo del precio de mercado y no reportar la diferencia como contribución en especie durante una reunión abierta del concejo de la Ciudad de Doral. Luego, él entregó información a la Comisión de Ética de Miami-Dade durante su investigación de Boria.
Una declaración jurada de Carollo, quien en estos momentos está presentando una demanda contra Doral, alega que él mismo dijo a Boria que “él estaba obligado a pagar un precio justo de mercado por el alquiler del espacio, y que $200 al mes parecía muy por debajo del precio de mercado por este tipo de propiedad comercial en Doral”.
Luego de una prolongada investigación por parte de la Comisión de Ética y de la fiscalía estatal de Miami-Dade, no se presentaron cargos contra Boria, su esposa (y tesorera de campaña) Graciela, ni Carlos Alaimo, dueño de Delia Plaza, el centro comercial donde estuvo ubicada la oficina de campaña.
Del memorándum final de la fiscalía estatal, escrito en agosto del 2015 tras una petición del Miami Herald: “Aunque el Estado no está de acuerdo con la descripción hecha por el doctor Alaimo del precio justo de mercado de la oficina de campaña, no hubo testimonio alguno por parte de testigos de que en ningún momento se le dijo al alcalde Boria o que él sabía de hecho que el espacio de alquiler tenía un valor de mercado de más de $200 al mes… no existe testimonio alguno de que el valor justo de mercado de esa unidad se discutiera con nadie de la campaña de Boria”.
Boria niega que él o ningún otro hubieran hecho nada indebido.
“La decisión de la fiscalía estatal habla por sí misma”, dijo Boria, quien se negó a hacer ningún otro comentario con respecto a la investigación.
Carollo afirmó que a Boria y los otros se les había “perdonado un caso de corrupción extrema”.
“No hay un jurado en todo Estados Unidos que no los hubiera hallado culpables”, dijo Carollo al Miami Herald después de que la fiscalía estatal diera a conocer recientemente el memo final del caso. “Este tipo de cosas destruye a la comunidad”, dijo Carollo. “Aquí hay una cultura en la cual las personas en el poder reciben inmunidad y se premia la corrupción”.
La fiscalía no pidió en ningún momento a los Boria que respondieran preguntas durante la investigación.
Hace dos años Boria dijo a el Nuevo Herald que él no estaba al tanto de los detalles del contrato de la oficina y que se debían hacer todas las preguntas a su exgerente de campaña, Sasha Tirador, quien luego dijo repetidas veces a los investigadores que no recordaba los detalles del alquiler de la oficina.
A pesar de la alegación de Luigi Boria de que él no había tenido nada que ver con el alquiler de la oficina, su firma y la de su esposa aparecen en el contrato original de alquiler. De acuerdo con la investigación de ética: “(Luigi) Boria llamó a las oficinas de Sacred Family Investments explicando que había hablado con el doctor Alaimo y que él había estado de acuerdo con facilitarle una unidad en Delia Plaza”.
Un mes más tarde de que los Boria firmaran el contrato original de alquiler por la oficina, el nombre de la entidad que alquilaba el espacio fue cambiado de “Luigi Boria” a “G&R Strategies”, una corporación privada propiedad de Tirador. G&R Strategies pagaba el alquiler directamente a Sacred Family Investments, la corporación propietaria de Delia Plaza.
“El alquiler barato no es un crimen”, dijo Tirador a el Nuevo Herald en el 2013. “Cuando una compañía obtiene un contrato directamente, tiene que ser a precio de mercado […] Pero yo estaba alquilando la oficina como corporación privada, y eso es legal”.
Durante la investigación, la Comisión de Ética determinó que los Boria deberían haber reportado $24,700 en contribuciones en especie por el espacio de oficina, y eso sin tener en cuenta lo que la campaña debió haber pagado por la electricidad y agua.
Contribuciones en especie son donaciones hechas a una campaña que no son transacciones directas de dinero. De acuerdo con los estatutos de la Florida, la responsabilidad por determinar el valor de una contribución en especie recae en el contribuyente (Alaimo) y no el candidato (Boria). Asimismo, los candidatos a puestos locales no pueden recibir una contribución en especie de más de $1,000, y el límite en el 2012 era de $500.
De acuerdo con la fiscalía estatal, hay un “elemento de conocimiento” en lo que se refiere al precio justo de mercado. Sin embargo, no hay nada en los Estatutos de la Florida que excuse la ignorancia del precio justo de mercado como defensa legal.
Si se hubiera probado las alegaciones de Carollo, Boria podría haber sido acusado por lo criminal de cargos de menor cuantía por reportes ilícitos y por no reportar contribuciones de campaña, así como un cargo de mayor cuantía de hacer o recibir una contribución ilegal.
La fiscalía cree que Alaimo en ese momento consideró que $200 al mes eran un precio justo de mercado porque el espacio estaba vacante. Había otras dos oficinas disponibles en ese momento en el centro comercial, dijo otro testigo a la fiscalía estatal.
Maraisly Guevara era gerente de propiedades de Sacred Family Investments. Cuando ella fue entrevistada, los investigadores preguntaron a Guevara si ella había discutido la posibilidad de dar el espacio gratis a la campaña de Boria.
“Sí”, dijo Guevara en declaración jurada a la fiscalía. “Yo le dije a él: ‘Bueno, aunque sea deberían pagar por la electricidad’ ”.
Pero no lo hicieron.
Durante el tiempo que la campaña de Boria ocupó el espacio, FPL cobró al centro comercial $2.830,41 por la electricidad de la oficina, más del doble del total que la campaña de Boria pagó por el alquiler. Sacred Family pagó la cuenta, no la campaña de Boria.
En sus reportes de tesorería de campaña, Graciela Boria nunca incluyó el precio justo de mercado del alquiler del espacio. Además, ella no presentó por sí misma los reportes de tesorería.
La asistenta de campaña Carla Pella presentó los reportes a nombre de los Boria, lo cual fue otra de las razones de que no se presentaron cargos contra Graciela, de acuerdo con el memo final.
En el 2014, Boria y Alaimo hicieron declaraciones contradictorias en Univisión con respecto a sus relaciones.
Alaimo dijo que habían hablado por primera vez en el 2012, cuando él era concejal de Doral, lo cual fue denegado por Boria.
Boria dijo que ellos se habían encontrado por primera vez en el 2013, cuando Alaimo acudió al Ayuntamiento del Doral a pedir ayuda para obtener una visa estadounidense.
Boria dijo asimismo que Alaimo se había ofrecido a construir un hospital en el Doral, lo cual Alaimo denunció en Univisión diciendo que “Eso es falso de toda falsedad”.
El alcalde negó además tener cualquier tipo de relación personal con Alaimo, pero admitió que había conseguido un “acuerdo atractivo” por el espacio de la campaña.
En el curso de la pesquisa a la campaña de Boria, un investigador de la Comisión de Ética descubrió otra posible violación de campaña:
“Boria prestó a su campaña $1,700 adicionales después del final de las elecciones porque no contaban con suficientes contribuciones en depósito para cubrir los gastos finales que aparecían en el reporte final de la tesorería de campaña”, escribió el investigador de la Comisión de Ética Larry Lebowitz.
La fiscalía no mencionó el préstamo — el cual tuvo lugar después del fin de la campaña — pero sí fue incluido en la queja del investigador de Ética presentada para su investigación ante la Comisión de Elecciones de la Florida.
(elnuevoherald.com)
