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Claudio Farías, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), informó que luego de la aprobación -por unanimidad- del proyecto de Ley de Comercio Electrónico en primera discusión, la comisión se ha reunido en varias oportunidades con organismos privados vinculados al área para escuchar sus planteamientos en torno a la propuesta.

 

Una de las críticas han sido que la obtención del certificado Suscerte -que se está estableciendo en el proyecto como obligatorio- pudiese tener algunos inconvenientes, debido a que el organismo no tiene la capacidad técnica para ofrecerlo a todos los que lo soliciten. Al respecto, precisó que se acordó flexibilizar esa medida, al dejar de considerarlo un requisito obligatorio.

 

También se ha dicho que el proyecto de ley violenta la privacidad de las usuarias y los usuarios, porque obliga a guardar las direcciones IP, que son las etiquetas numéricas que identifican la interfaz de un dispositivo. Sobre ese aspecto, aclaró que “es necesario resguardar esa información para utilizarla en caso de que existiera una denuncia de Estado”, pero que la misma no sería divulgada públicamente.

 

“No debe haber ningún temor en que la privacidad vaya a ser violentada”, enfatizó. Inicialmente, se había planteado que el periodo de resguardo de la IP fuera de 10 años, pero “para la tranquilidad” de quienes expresaron ese argumento, se acordó reducirlo hasta un año, e incluso, “si no existe denuncia algunos plantean no resguardarla”.

 

El diputado recordó que el suministro de los datos de identificación es un procedimiento muy común: “Llegas a un hotel y das información, hasta el carro en que andas, quiénes te acompañan. Si te vas a registrar en Mercado Libre, que es una de las páginas más visitadas en Venezuela, también tienes que registrar todos tus datos, entonces no estamos hablando de una cosa extraordinaria”.

 

Otro planteamiento presentado por el sector privado es que la ley pudiera atentar contra los cupos electrónicos de divisas, hipótesis que Farías negó rotundamente. “Esa ley no tiene nada que ver con el tema de los cupos electrónicos, esa ley va a normar a las páginas web inherentes al comercio electrónico en bolívares y solo va a regular el comercio electrónico para la exportación”, resaltó.

 

Agrega el parlamentario que la regulación incluirá a las empresas de envíos como Federal, MRW y Liberty Express, entre otras. Mencionó que también serán supervisados los precios de los productos de segunda mano: “No se puede ofertar ninguna cosa usada por encima del precio de una nueva”.

 

Otro cuestionamiento, expresó, hacía referencia a que la ley era sancionatoria, “pero el proyecto tiene un solo artículo, el 58, y dos sanciones.” Dijo que mediante las consultas realizadas hasta este momento se ha solicitado que las sanciones deben ser menos rígidas. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) será el ente encargado de aplicarlas.

 

“De acuerdo a lo que ha establecido el Presidente de la República en la reforma de ley que hizo con la Ley Habilitante de la Ley de Precios Justos, vamos a establecer la confiscación cuando se trata del Estado, de la especulación y del acaparamiento, de manera que podamos darle duro a la guerra económica por esa vía y darle elementos al Estado para actuar con firmeza”, priorizó.

 

(CO)