La millonaria empresaria Juliana Awada dio gran impulso a la campaña de su esposo, el presidente electo de Argentina Mauricio Macri, pero evitó referirse a los escándalos judiciales que la vinculan con el trabajo esclavo a talleres textiles.

 

Awada de 41 años, es la tercera esposa de Macri y el próximo 10 de diciembre se convertirá en la primera dama de Argentina, pero desde ahora ya copa las portadas de las principales revistas «del corazón».

 

En las entrevistas, la bella y exitosa empresaria describe su idílica vida al lado del jefe de gobierno de Buenos Aires y de su hija Antonia, de cuatro años, y su trabajo al frente de Awada, la firma familiar de confección de ropa que factura alrededor de 1.6 millones de dólares al año.

 

De lo que nunca habla ni le preguntan, es sobre las múltiples denuncias por trabajo esclavo que arrastra la empresa desde hace una década, junto a otras de las principales marcas de ropa del país sudamericano.

 

Las causas judiciales comenzaron en 2006, cuando el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman, trabajó junto a la organización La Alameda para verificar las condiciones de trabajo en los talleres textiles de la ciudad a partir de una serie de denuncias de los propios trabajadores.

 

Lo que encontraron fueron escenas inhumanas e ilegales, con costureros extranjeros indocumentados, que vivían hacinados en los talleres, a los que se impedía salir y quienes trabajaban de las siete de la mañana hasta la medianoche durante los siete días de la semana por un pago de seis dólares diarios.

 

El escándalo alcanzó a Awada y Cheeky, propiedad de Daniel, hermano de la futura primera dama, y a otras firmas que aseguraron que tercerizaban la producción de ropa y que desconocían las condiciones insalubres en las que trabajaban los costureros, víctimas del trabajo esclavo.

 

La causa judicial advirtió, sin embargo, que las empresas eran “solidariamente responsables” de los talleres, es decir, que no podían desligarse de los mecanismos de producción de las prendas.

 

En 2007, el entonces juez Guillermo Montenegro, sorprendió al sobreseer a los empresarios textiles involucrados en los talleres clandestinos, entre ellos Daniel Aguada, por considerar que no había elementos para investigarlos con miras a llegar a un juicio.

 

Más sorprendente aún fue, que meses después Montenegro se incorporó al gabinete de Macri como ministro de Seguridad, en un denunciado caso de conflicto de intereses, porque con su controvertido fallo había beneficiado al cuñado de su nuevo jefe.

 

Desde entonces la organización La Alameda continúo recopilando denuncias e incluso transmitió videos que logró grabar con cámaras ocultas para probar que los talleres en donde Awada enviaba a confeccionar su ropa, seguía el trabajo esclavo.

 

El gobierno de Macri, además, se caracterizó por no combatir de manera alguna la existencia de talleres clandestinos a donde miles de inmigrantes llegan engañados con la promesa de conseguir un trabajo.

 

Las vinculaciones de su esposa con el trabajo esclavo se renuevan cada tanto, como en abril de este año, cuando Rolando y Rodrigo Mur, dos niños de siete y diez años, murieron al incendiarse uno de estos talleres en los que se trabaja en un esquema de sobreexplotación.

 

La tragedia volvió dejar al descubierto el sostén ilegal de producción de una pujante industria textil que, según La Alameda, se apoya en la existencia de 3 mil talleres clandestinos en donde trabajan alrededor de 30 mil costureros.

 

(Notimex / emeequis)  

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