El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Manuel Felipe Larrazábal, solicitó este jueves 10 de diciembre la desregulación de los costos de la harina de maíz, que se le permita al empresariado privado tener acceso inmediato a las divisas, privilegiar el trabajo productivo e incentivar de esta manera la producción nacional. Ahora, con una Asamblea Nacional (AN) en manos opositoras, este tipo de propuestas, que solo promueven el enriquecimiento descontrolado de la burguesía criolla, podrían ver luz el próximo año.
«Aplicarse estas cuatro medidas en lo inmediato, en los próximos 120 días se verían los cambios favorables en el abastecimiento. Antes de 120 días no es posible porque toda la cadena logística tiene que recuperar sus niveles de inventario», explicó Larrazábal a través de una rueda de prensa.
En este sentido, el empresario indicó que, en el caso de la harina de maíz precocida, por ejemplo, el precio regulado que hoy se encuentra en 19 bolívares, debería aumentarse y ubicarse entre los 65 y los 70 bolívares. «La propuesta de la industria de alimentos es poner un precio justo para la harina precocida que ronde entre los 65 y 70 bolívares por kilo, lo que permitiría hacer las inversiones necesarias para incrementar la producción», dijo.
El presidente de Cavidea precisó que la industria de la harina precocida se encontraría operando al 100% de su capacidad y que tienen inventarios de maíz para diciembre y para los próximos meses. Según argumentó, la industria privada representaría el 49% de la capacidad productiva instalada, mientras que el 51% restante se encontraría en manos del gobierno.
Con respecto al acceso inmediato a los dólares del Estado, Larrazábal manifestó que la industria de alimentos requiere del 10% de las divisas que ingresan a Venezuela. Con ese monto, destacó, «se puede resolver el problema del abastecimiento». «Ese 10% equivale a 3.500 millones de dólares de los 35 mil millones que le ingresan al país con un barril de petróleo calculado a 40 dólares», señaló.
«Ahora el 70% de las divisas asignadas corresponden al sector público. Esta disminución abrupta en la entrada de divisas ha traído problemas al sector privado para poder producir a la máxima capacidad», aseveró.
(LaIguana.TV)
