Luego de que la derecha nacional resultara ganadora en los comicios parlamentarios celebrados el pasado domingo 6 de diciembre, muchos han sido los anuncios y solicitudes que han formulado los sectores empresariales del país, en torno a la posible derogación de un conjunto de normativas promulgadas en tiempos de revolución.
Fedecámaras, Cavidea, Consecomercio, como zamuros alrededor de la carroña, no perdieron tiempo y le pidieron a los diputados electos de la Asamblea Nacional (AN) entrante (sus leales súbditos), que tiraran a la basura o que le efectuarán sendas modificaciones a la Ley de Tierras, a la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y de los Trabajadores (Lottt) y a la Ley de Costos y Precios Justos.
Esta última Ley, promulgada el 22 de noviembre de 2011, si bien no se ha aplicado con la eficiencia esperada, en su articulado prevé una serie de ordenanzas cuyo único fin es restarle privilegios a la burguesía, y defender los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos.
A continuación, a manera de claves, un breve listado con los derechos y garantías que perdería el pueblo venezolano si la oposición (ahora empoderada y revanchista) decide derogar la Ley de Costos y de Precios Justos:
1- Cero productos regulados y liberación de precios
El sector empresarial ha solicitado a la nueva AN eliminar toda acción punitiva que vaya en contra de sus intereses. Estas medidas, según dicen, afectarían la productividad. En este sentido, han propuesto tres normativas: la «Ley para el incremento de la productividad», la «Ley de abastecimiento pleno» y la «Ley de protección y de educación al consumidor». Las mismas darían luz verde a prácticas como la liberación de precios, ganancias excesivas, especulación y acaparamiento. Los costos de los productos, según dicen, deben ser regulados por la mano invisible del mercado. La especulación, en este caso, se institucionalizaría.
2- No más limitaciones a las ganancias
La actual Ley de Costos y Precios Justos establece un tope de ganancias de un 30%. La burguesía, si esto se elimina, encarecería los bienes no solo para incrementar la productividad, sino para aumentar sus privilegios y enriquecerse de forma desproporcionada.
3- Eliminación de las fiscalizaciones
Desaparecerán todos aquellos instrumentos legales que permiten regular y controlar las prácticas perversas de las empresas privadas. No se podrá supervisar ni ejercer contraloría social y los dueños de establecimientos podrán acaparar y especular sin temor a ser apresados.
4- Imposición del dólar paralelo
Todo producto cuyo precio ha sido fijado en base al dólar paralelo está siendo objeto de especulación. Esta práctica será legal. Tanto los exportadores, los distribuidores y los vendedores finales, tomarán esta tasa como referencia. El dólar paralelo será, sin restricciones, el «marcador de precios». Esto seguramente generará más inflación inducida.
5- El Estado no podrá proteger al pueblo mediante las Providencias Administrativas
El Estado, en este caso la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde), luego de estudios exhaustivos de las estructuras de costos, fija el precio justo del producto mediante las Providencias Administrativas. Si se deroga la Ley, las providencias pierden efecto y ya no podrán realizarse las regulaciones. Todo queda en manos de los intereses y de las disposiciones del sector privado.
6- No existirán productos con precios rotulados
No podrán marcarse los precios de los bienes en los empaques. El valor del producto fluctuará de acuerdo a la oferta y la demanda. Los bienes de consumo básico podrán venderse a precios astronómicos y la gente no podrá hacer nada. Las personas deberán pagar lo que les cobren.
7- Pérdida de empleos
Con la derogación de la Ley de Costos y de Precios Justos perderían su empleo los más de 5 mil trabajadores que cumplen funciones dentro de la Sundde.
(LaIguana.TV)
