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Saab le recuerda a la oposición que la AN no tiene poderes supraconstitucionales.- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que el Parlamento no es una asamblea constituyente, de manera que la nueva mayoría opositora no puede hacer planes para destituir a los demás poderes del Estado ni para asumir sus funciones.

 

“Cualquier intento de ruptura o interrupción de un período de gobierno, incluso si se da dentro de los marcos que otorga la Constitución Nacional, va a generar un tiempo de altísima conflictividad institucional y social”, advirtió el funcionario en entrevista exclusiva con LaIguana.TV.

 

“En mi opinión, como defensor del Pueblo, Venezuela lo que quiere es trabajo, acuerdos, una política de entendimiento institucional. Lamentablemente hay demasiadas asechanzas, particularmente desde el extranjero, para que sigamos encaminándonos al conflicto”, dijo.

 

Añadió que la AN solo puede destituir a un rector del Consejo Nacional Electoral o al titular de uno de los organismos que integran el Poder Ciudadano (Contraloría General, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), si el Tribunal Supremo de Justicia lo recomienda, luego de investigarlo por haber cometido alguna falta grave en el ejercicio de sus funciones.

 

Con respecto a la Ley de Amnistía que aprobará la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, Saab no quiso pronunciarse anticipadamente. “Mejor esperamos a ver qué ocurre”, puntualizó.

 

“La paz y la estabilidad de la nación están en juego hoy, ahora mismo, en este minuto. Y hay poderosos factores internacionales que están tratando de precipitar una ruptura. A ellos no les importa nada, con tal de ponerle las manos al botín de la gran riqueza nacional –alertó-. Este es el momento de la alta política para todos los que podamos tener vocería y liderazgo en el país. Tenemos que preservar el bien más preciado, el derecho humano colectivo más importante, que es la paz y la estabilidad del país”.

 

A continuación, la entrevista completa:

 

-Tomando en cuenta los resultados electorales y las actitudes que han asomado los líderes de la coalición ganadora, ¿podría ocurrir una especie de derrocamiento constitucional del presidente Nicolás Maduro?

-Como el titular de una institución pública encargada del tema de Derechos Humanos es mi deber alertar que cualquier intento de ruptura o interrupción de un período de gobierno, incluso si se da dentro de los marcos que otorga la Constitución Nacional, va a generar un tiempo de altísima conflictividad institucional y social. Si se me permite una opinión personal, pienso que la oposición, luego de haber obtenido una mayoría tan contundente, debería dedicarse a hacer el papel que le toca dentro del Parlamento, que es convertirlo en un foro político para el debate de ideas y para el control de la gestión del gobierno. Debería permitir que el jefe del Estado siga haciendo su trabajo; y no debería empeñarse en impedir que los demás poderes sigan desempeñando el rol que les toca. Ese es el deber ser, un escenario ideal en el que hay equilibrio constitucional y cada quien cumple el papel que le corresponde para coadyuvar a la solución de los problemas nacionales. Sin embargo, ya se han observado voces que hacen pensar que la oposición no se mueve en esa dirección. Si se rompen las reglas de juego podríamos entrar en un tiempo extremadamente conflictivo. No es prudente hablar sobre hipótesis como esa del derrocamiento constitucional, basándose en hechos que todavía no han ocurrido, pero no está de más advertir sobre los riesgos que entrañaría. Yo aspiro a que en 2016 podamos todos trabajar en forma cooperativa, equilibrada, según las competencias de cada poder. Pero no estoy muy seguro de que ese sea el paisaje político que vamos a ver el año próximo.

 

-¿Qué es lo más preocupante?

-En un primer momento escuchamos a voceros que asomaron la idea de revisar y remover algunos de los otros poderes, el Electoral, el Ciudadano e, incluso, el Judicial… Eso es peligroso porque se pretende hacer ver que la Asamblea Nacional tiene poderes supraconstitucionales para tomar ese tipo de decisiones. Eso no es cierto. La Asamblea Nacional no es una asamblea constituyente… Una elección legislativa en Venezuela no implica un cambio en el Poder Ejecutivo por el nuestro no es un régimen parlamentario. Si lo fuera, en el seno de la Asamblea Nacional se elegiría al jefe del Estado, pero acá al presidente lo elige directamente el pueblo. Venezuela tiene un sistema mixto de contrapesos entre poderes: así como la Asamblea tiene un poder real, fáctico, también tiene sus limitantes, pues a la hora de designar o remover a funcionarios de otros poderes, también está sujeta a controles y revisiones.

 

-Por ejemplo, ¿qué pasa con los integrantes del Poder Electoral?, ¿pueden ser removidos quienes se encuentran actualmente en la directiva del Consejo Nacional Electoral?

-Para que la Asamblea Nacional pueda destituir a un rector del CNE o al titular de alguno de los cargos del Poder Ciudadano (Ministerio Público, Contraloría o Defensoría del Pueblo) debe haber previamente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, en Sala Plena y, para que eso pase, la persona tendría que haber cometido una falta grave en el ejercicio de sus responsabilidades. No es un mecanismo que pueda activarse por capricho. Es decir, que si bien es cierto que la Asamblea designa a los integrantes de los poderes Electoral y Ciudadano, la modalidad de remoción no es tan simple, sino que requiere el concurso del Poder Judicial.

 

-¿Y si la nueva mayoría alega, como lo han hecho ya algunos de sus voceros, que es necesario removerlos porque fueron designados sin cumplir las normas, mediante el procedimiento de declarar la omisión legislativa de la Asamblea Nacional?

-Eso no tendría ninguna base porque en ese caso, los poderes intervinieron, según lo previsto en la Constitución, para impedir que se generara un vacío en la designación. Si no se llega a un consenso para la designación de comités de evaluación y postulaciones en el seno del Consejo Moral Republicano, la responsabilidad la asume la Asamblea Nacional. Y en los casos en los que la Asamblea no logra un acuerdo, entra en situación de omisión y las designaciones quedan a cargo del Tribunal Supremo. Eso fue lo que ocurrió en 2014. Esas designaciones fueron completamente legítimas.

 

-¿Es cierto que, incluso, el presidente de la República podría disolver a la AN?

-Claro, la Constitución establece que el jefe del Estado, como cabeza del Poder Ejecutivo, podrá disolver a la AN si atenta contra la democracia, o si destituye en tres oportunidades en un mismo período constitucional, al vicepresidente ejecutivo. Esos son mecanismos que el Constituyente creó para garantizar los equilibrios entre los cinco poderes.

 

-Lo cierto es que una mayoría parlamentaria calificada de la oposición en la AN da margen para hablar de muchas opciones: referendo revocatorio del presidente, enmienda o reforma constitucional, convocatoria de una Asamblea Constituyente. ¿Cómo ve esos escenarios?

-Todo eso tienen sus requisitos y pasa por diferentes procedimientos. En algunos casos requerirán recolección de firmas, en otros, de consultas electorales de carácter nacional… No estamos hablando de destapar un refresco y tomárselo. Estamos hablando de procedimientos que implican un clima de tensión política creciente. En mi opinión, como defensor del Pueblo, Venezuela lo que quiere es trabajo, acuerdos, una política de entendimiento institucional. Lamentablemente hay demasiadas asechanzas, particularmente desde el extranjero, para que sigamos encaminándonos al conflicto.

 

-¿Quiénes desarrollan esa maquinaciones?

-Actores vinculados a grandes transnacionales del complejo industrial-militar y mediático y factores políticos como el Departamento de Estado de Estados Unidos, fuerzas que quieren reanudar el saqueo de nuestras riquezas, que se detuvo en 1998.

 

-En la onda autocrítica por la que todo el mundo clama en estos momentos, cabe preguntarse si el chavismo no ha dado pie en todos estos años para que el equilibrio entre poderes no sea precisamente un valor destacado del sistema político. ¿Con actuaciones pasadas no se ha estimulado a esta nueva mayoría opositora para que se comporte arbitrariamente?

-Este es un momento particularmente crucial para la patria venezolana y por eso quisiera mirar hacia el futuro, no hacia atrás. Podemos revisar cualquier episodio de nuestra historia reciente y pensar en lo que pudo haberse hecho y no se hizo, pero es un ejercicio bastante inútil, salvo para los historiadores y los cronistas. Lo importante es lo que va a pasar ahora, en términos reales. La paz y la estabilidad de la nación están en juego hoy, ahora mismo, en este minuto. Y hay poderosos factores internacionales que están tratando de precipitar una ruptura. A ellos no les importa nada, con tal de ponerle las manos al botín de la gran riqueza nacional. En el pasado, la Revolución intentó siempre, con los recursos a su alcance, defenderse de los ataques mediante los cuales pretendieron destruirla. No hay que olvidar que esta oposición derogó la Constitución mediante un bárbaro decreto, en abril de 2002; esta oposición llevó a cabo un paro petrolero que le costó al país 20 mil millones de dólares; esta oposición ha instigado acciones con paramilitares; esta oposición llenó al país con la violencia de las guarimbas… en fin, tantas acciones criminales que sería largo enumerarlas. Pero, repito, lo que debemos hacer ahora no es mirar hacia atrás, sino tratar de encontrar la fórmula para poner a salvo la paz y la concordia, por encima de la realidad actual. Este es el momento de la alta política para todos los que podamos tener vocería y liderazgo en el país. Tenemos que preservar el bien más preciado, el derecho humano colectivo más importante, que es la paz y la estabilidad del país.

 

-¿Usted teme que 2016 sea un año violento?

-He querido insistir en el alerta, aunque sea una voz en el desierto, porque me cuento entre quienes hemos visto la violencia de cerca. Yo he estado en Gaza, en Paquistán, en Líbano, en Siria, conozco los procesos represivos que ocurrieron en Centroamérica y en el Cono Sur, he visto la destrucción material, he hablado con víctimas de violaciones masivas de derechos humanos. Cuando ocurren enfrentamientos fratricidas entre sectores políticos de un país, pierden todos los sectores de esa sociedad, sufren las madres, las abuelas y los hijos e hijas. No deseo algo así para  Venezuela. Lo que se impone es encontrar una ruta de entendimiento institucional, de diálogo nacional.

 

-La victoria opositora ha generado muchas expectativas en un sector del país que llevaba muchos años sin ganar una elección. ¿Cómo evalúa usted el riesgo de una desilusión?

-Creo que hubo mucha irresponsabilidad cuando se le dijo al electorado que “si votas por nosotros, en diciembre ya no habrá más colas”. Eso no va a solucionarse mágicamente, por la sencilla razón de que la verdadera causa de nuestros problemas económicos es la caída vertiginosa de los precios del petróleo desde más de 100 dólares, hace apenas unos tres o cuatro años, hasta 30 en la actualidad. En este momento, un barril de petróleo vale la mitad que un paquete de protector gástrico, para solo poner un ejemplo. Nuestra economía, que es totalmente dependiente de la renta petrolera, se resiente con esta situación del mercado petrolero.

 

-Uno de los puntos de confrontación que ya se anticipa es la aprobación de una Ley de Amnistía. Se sabe que la oposición, con su amplia mayoría, la aprobará y ya el presidente Maduro ha dicho que la vetará. ¿Cómo se resuelve constitucionalmente un conflicto de esa naturaleza y qué posición asumiría usted, en su calidad de defensor del Pueblo?

-No quisiera vaticinar ni pronunciarme sobre la base de supuestos. Puedo tener audacia política para otros temas, pero prefiero ser prudente en estos asuntos, sobre todo porque me toca ser un vocero de una institución del Estado venezolano. Prefiero esperar a ver qué pasa. Puedo adelantar que la Defensoría del Pueblo ha actuado como un canal de mediación en casos muy sonados, como los de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Marcelo Crovatto, Raúl Baduel, Inés González, Magaly Contreras, Andrés León, Pablo Estrada, Gerardo Resplandor, Jesús Morillo, Jeremías González, Lessi Marcano, Miguel Ángel Nieto. Son personas que tenían problemas de salud o que merecían una medida de libertad condicional. Incluso, recientemente, mediamos para una medida similar en el caso de Manuel Furelos, el director de la Policía de Sucre. Es decir, yo creo que ha habido disposición de los poderes a buscar soluciones en muchos casos. Ahora, el escenario de una amnistía general, aun no ha ocurrido y prefiero esperar para pronunciarme.

 

(Clodovaldo Hernández / [email protected])

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