hablar-C.jpg

El Partido Socialista chileno anunció que formará parte del proceso judicial que investigará los 18 asesinatos en los que participó un ex conscripto durante la dictadura militar de 1973 a 1990 y que confesó los crímenes en un programa de radio, lo que motivó su arresto el viernes.

 

Entre los 18 crímenes en que participó el ex conscripto Guillermo Reyes Rammsy, según su estremecedora confesión bajo un falso nombre el miércoles al programa de radio «Chacotero Sentimental», figuran las ejecuciones de Freddy Taberna Gallegos y Germán Palomino Lamas, dos miembros del partido socialista, por las que el juez Mario Carroza determinó el viernes la detención domiciliaria total de Reyes.

 

La policía de investigaciones PDI pudo identificar el viernes a Reyes, quien se presentó en la radio como «Alberto», tras obtener los archivos del programa conducido por Roberto Artiagoitia.

 

En una conversación de 25 minutos durante el programa, el ex conscripto declaró haber participado en al menos 18 casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet mientras prestaba el servicio militar en el Regimiento Carampangue de Iquique, en el norte de Chile, al relatar lo que era en principio una historia de amor.

 

«Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y ‘pah’ no quedaba ni la sombra», confesó en la radio el ahora detenido. «¿Has escuchado dónde están los desaparecidos? Nadie te ha dicho dónde están los desaparecidos… pues es que no están, están totalmente desintegrados. No quedaba nada».

 

«Estabas obligado (a matar). si no te mataban los milicos (los militares) o te mataban ellos, estabas en medio», se justificó Reyes, de 62 años, una vez que Artiagoitia le subrayó que había matado a personas.
«Uno actuaba por maldad y después cachabas (entendías) que te gustaba y te volvías loco. Luchabas contra ese sentimiento», afirmó en otro momento.

 

El confesor relató también que a veces le perseguían las sombras de esto, que «ya no sé si quiero vivir o morir», y que había narrado todos los delitos de los que fue autor y cómplice en un libro y blog llamado «Desperdicio militar obligatorio» que le sirvió para aliviar la carga que llevaba dentro.

 

«Cuando pude escribir, cuando pude narrar lo que te cuento, descansé, compadre», detalló. «Tuve un episodio en que quise eliminarme, porque no aguantaba el karma y la mala onda, porque tú soñaís con los casos, te pena el muerto, te queda el impacto de cuando tú cachais (entiendes) que lo mataste».

 

«Vamos a respaldar la investigación del Ministro Carroza en este nuevo capítulo que se abre por la confesión del ex conscripto, porque creemos firmemente que se debe terminar con los pactos de silencio y quienes tengan información deberán entregarla tarde o temprano», comentó al respecto la senadora Isabel Allende, presidenta del Partido Socialista.

 

Muchas organizaciones de Derechos Humanos se manifestaron en el mismo sentido, solicitando que el ex conscripto dé información de cómplices y posibles paraderos sobre personas desaparecidas.

 

Sin embargo, hay quienes señalan también la necesidad de modificar una ley para proteger a este colectivo que, aseguran, se vieron obligados a participar en los crímenes a veces bajo amenazas de muerte.

 

«El ex conscripto hoy en día maneja mucha información sobre todas las aberraciones que ocurrieron durante la dictadura militar. Pero he pedido a todas las autoridades del país que cambien las leyes por las que se juzgan al ex conscripto, porque como pasó en el caso de Reyes Rammsay, cuando se confiesa acaba siendo detenido y juzgado», dijo Fernando Mellado, presidente de la Corporación para la Integración de los Derechos Humanos y de las comunidades de ex conscriptos de 1973-1990, a The Associated Press.

 

La asociación agrupa a un total de 20.000 personas de cerca de 340.000 afectadas en todo el país, a las que sumarían unas 60.000 ya fallecidas.

 

«A mí me nombraron a toda mi familia, mi madre, padre, cómo se movilizaba, cómo compraba, dónde compraba, los compañeros de trabajo de mis hermanos, y me dijo que si yo no acataba las órdenes a uno de ellos le iba a poner el traje de corbata (degollarlo). Veíamos cómo otros jóvenes que no acataban las órdenes eran fusilados por otros conscriptos», señaló Mellado.

 

«Éramos chicos de 17, 18 años, de segmentos más humildes y pobres del país, estábamos sometidos a una brutalidad aberrante, yo avalo y corroboro lo que dijo Reyes Rammsay, no había opción, había que salvarse como sea», añadió. «El Estado nunca se hizo responsable de haber usado y utilizado a menores de edad para los propios crímenes del Estado y de su oligarquía. Y una vez que nos usaron, nos desecharon, no nos ayudaron ni nos dieron ningún tipo de asistencia, ni siquiera psicológica al día de hoy».

 

De acuerdo con Cristián Cruz, abogado especializado en Derechos Humanos, aun cuando la ley penaliza a los conscriptos, en la práctica muy pocos han sido penalizados tras colaborar con la justicia.

 

«No hay política institucional de castigo y repulsa a la violación de DDHH en las instituciones castrenses», lamentó Cruz, quien subraya que Reyes fue sometido a arresto domiciliario pero no a prisión.

 

Sin embargo, Cruz comparte la visión de que la mayoría de los conscriptos fue víctima del aparato de terror del Estado, con contadas excepciones de algunos que continuaron trabajando para los servicios de inteligencia de manera voluntaria o, en el sentido opuesto, arriesgaron sus vidas para salvar a los perseguidos.

 

«Está demostrado que cada tanto en nuestra sociedad surgen hechos que nos conmueven relacionados con Derechos Humanos», afirmó el abogado. «Yo creo que fueron espantosas las palabras de este ex conscripto que banalizó la muerte, se vanaglorió de algunas cosas. pero al final es una responsabilidad última del Estado, que no ha puesto todas las herramientas para que los ex conscriptos hablen, y en segundo lugar las instituciones armadas no han hecho una política de mea culpa y una política de educación de derechos humanos».

 

(AP)