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Este martes 15 de diciembre, la policía de Brasil allanó la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está acusado de corrupción en el megaescándalo de Petrobras, para “evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados”, reseñó la agencia AFP.

 

Cunha es el principal rival político de la presidenta Dilma Rousseff y el responsable de desatar el proceso de impeachment en contra de la Mandataria, como mecanismo para instrumentar un golpe de Estado.

 

Las pesquisas de las autoridades federales iniciaron en la mañana en la residencia de Cunha, ubicada en Brasilia, al igual que su casa en Río de Janeiro. También realizaron búsquedas en la Cámara de Diputados y en las residencias de dos legisladores y dos ministros del mismo partido político de Cunha, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

 

En agosto pasado, la fiscalía acusó a Cunha por haber cobrado sobornos por cerca de 5 millones de dólares en una red de corrupción dentro de la estatal petrolera de Brasil. Además, es investigado por guardar dinero de origen sospechoso en cuentas en Suiza, que nunca declaró.

 

La omisión sobre sus cuentas en el paraíso fiscal le valió a Cunha un proceso disciplinario en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, por haber mentido a sus colegas, lo que podría acabar con su mandato al frente de la Cámara Baja.

 

Sin embargo, el senador ha sido ficha clave de la derecha brasilera para intentar, nuevamente, salir de Rousseff por una vía no electoral.

 

La Mandataria ha rechazado tajantemente que la oposición de su país esté “jugando sin pudor” a promover un juicio político en su contra, con miras a la destitución, para acortar su mandato sin hechos jurídicos.

 

El procedimiento para un juicio político en Brasil establece que una vez abierto el proceso de destitución, el Presidente es obligado a separarse del cargo por 180 días, mientras la causa pasa al Senado para el juicio. En esta instancia, la sesión que definirá si tiene o no lugar la remoción será liderada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).

 

La decisión se aprobaría si dos tercios (54) de los 81 senadores votan a favor. En caso de que el Presidente de la República sea absuelto por el STF, reasume su cargo, mientras que si es condenado es destituido automáticamente y asume el cargo el vicepresidente.

 

Rousseff ha advertido que los señalamientos sobre los cuales se basó la Cámara de Diputados de ese país para abrir el impeachement en su contra, son inconsistentes y ha llamado a mantener el estado de democrático de derecho.

 

“Hoy recibí, con indignación, la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de procesar el período de gestación contra el mandato democráticamente elegido por el pueblo brasileño, concedido a mí”, dijo Rousseff al conocer el procedimiento activado por Cunha.

 

“Debemos tener tranquilidad y confiar en nuestras instituciones y mantener el estado democrático de derecho”, manifestó en esa oportunidad.

 

El ex mandatario brasilero Luiz Inácio Lula Da Silva acusó a Cunha de actuar “por venganza contra el Partido de los Trabajadores (PTB) de una manera irresponsable, sin tener en cuenta el país”.

 

“Lo que la presidenta Dilma Rousseff ha hecho es lo que todos los presidentes hacen alguna vez: financiar proyectos sociales y pagarlos después a través del Estado”, sostuvo.

 

(Correo del Orinoco)