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La Asamblea Nacional (AN) que dará inicio a sus funciones este venidero 5 de enero no puede determinar de manera parcial la destitución de los magistrados designados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De esta manera argumentaron al medio Últimas Noticias (ÚN) el profesor de derecho constitucional (UCV) y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional José Vicente Haro; asimismo el abogado constitucionalista Jesús Silva.

 

En este sentido, los dos expertos concuerdan que para establecer la suspensión o destitución de uno o la totalidad de los magistrados del TSJ se debe tener en cuenta el requerimiento imprescindible de un informe o sentencia procedente del Poder Ciudadano, la cual estipule la presencia de una falta delicada que merezca dicha gestión.

 

Los juristas indicaron al medio, que las faltas se encuentran incluidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

 

Ahora bien, para que el Poder Ciudadano formule un informe como se orienta, este tendría que desplegarse en un debate en el Consejo Moral Republicano y tener la anuencia de por lo menos dos de sus tres entes como: Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la República, detallaron los entrevistados.

 

Por su parte, el Abogado José Vicente Haro indicó que el Parlamento pudiera enunciar la invalidación de la designación de los magistrados fundamentándose en bases constitucionales, posterior a una deliberación legislativa donde concurran de manera general los sectores, por lo tanto si las dos terceras partes acuerdan que hay motivos de violación o inconstitucionalidad, lograran ratificar un compromiso lo que dejará nula la elección de los magistrados.

 

Ante tales argumentos, Silva destacó que incluso de darse este contexto es inevitable el informe del Poder Ciudadano. “Si la Asamblea Nacional considera que hay vicios, la misma Asamblea no puede resolver esos vicios”, manifestó.

 

Además, subrayó que la AN no está autorizada para juzgar estas faltas ya que estaría despojando la autoridad del Poder Ciudadano.

 

De igual manera, Silva expresó que la nulidad no se encuentra considerada en la Carta Magna, debido a que la única manera para que los recientes magistrados logren ser apartados de sus obligaciones, es rotundamente por medio de la eliminación o suspensión apoyándose en lo especificado inicialmente. “Lo contrario sería un golpe parlamentario al TSJ”, apuntó.

 

Cabe recordar que dirigentes de la derecha como el secretario de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, el coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara, entre otros han manifestado en distintas oportunidades que la nueva AN revocará los nombramientos de los funcionarios, además de calificar como un error que enmendará el nuevo Parlamento, conjuntamente han señalado que todo las acciones que la anterior Asamblea efectué será solucionada por la que asumirá el próximo enero.

 

En este orden de ideas, el dirigente adeco Henry Ramos Allup no se limitó para arremeter y escribió por su cuenta en la red social Twitter ‏@hramosallup: “Moribunda AN designa moribundos «magistrados» para el moribundo tsj. Todo en minúsculas. Vuelo corto como el de la gallineta. Tomen nota”.

 

¿La derecha tendrá como propósito pasar por encima del ordenamiento jurídico? Ante el panorama, saque sus propias conclusiones.

 

(LaIguana.TV)