cuadro-vivo.jpg

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, se pronunció ante las acusaciones que se realizan a su cuñado Francisco D’Agostino, quien se encuentra asociado al caso de la empresa venezolana Derwick Associates por estafa a la nación.

 

A través de una entrevista al portal web “El Pitazo” Ramos Allup manifestó: “yo no tengo que responder por la responsabilidades de mi cuñado. Tengo suficientes haberes hereditarios como para mantenerme dedicado a la política que ha sido mi único oficio pese al título de abogado. Hagan una investigación de mis cuentas y no encontrarán nada”.

 

Durante la entrevista recalcó que no se opone a una solicitud de investigación en contra de su cuña en la AN: “Que investiguen lo que les dé la gana. Eso es con Francisco D’Agostino. A mí me pueden revisar de punta a cola… Qué tengo que ver yo con los bolichicos. Conozco a sus abuelos y su madre porque fui vecino de ellos en Valencia, pero la vecindad no me hace responsable de sus acciones” dijo.

 

Desde septiembre de 2012, el nombre de Francisdo D’Agostino se ha vinculado a los propietarios de la empresa Derwick, contratista que recibió 12 asignaciones para obras eléctricas de Pdvsa, Corpoelec y Sidor sin tener experiencia (entre los años 2009 – 2012), que además vendió equipos usados con sobreprecio como si fueran nuevos.

 

En ese tiempo D’Agostino, quien pertenecía al mismo entorno social de los dueños de Derwick (entre ellos Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López) entabló conversaciones con Thor Halvorssen, venezolano nacionalizado estadounidense y presidente de la Human Rights Foundation, para tratar de limpiar la imagen de los empresarios.

 

Tras ese primer contacto, Halvorssen denunció la vinculación de D’Agostino con la empresa eléctrica, acusando al cuñado de Ramos Allup de ser accionista y partícipe en una estructura de sobornos para lograr contratos del gobierno. 

 

Halvorssen, al igual que el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, demandó a los López, Trebbau y D’Agostino, en el país norteamericano.

 

La solicitud se fundamentaba en la aplicación de la Ley de Organizaciones Corruptas y bajo la influencia de Crimen Organizado, conocida como Ley Rico.

 

(LaIguana.TV)