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Varios altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos conocían de las actividades conspirativas que se pensaba desarrollar en nuestro país durante los primeros meses del presente año. Y no solo que las conocían, sino que presuntamente las auparon, las financiaron y les prestaron ayuda logística. La idea era reproducir, una vez más en suelo venezolano, la misma estrategia que ya habían intentado fallidamente años antes para derrocar al presidente Chávez.

 

Esta estrategia emulaba las llamadas “revoluciones de colores”, que habían sido implementadas con éxito en algunos países como Serbia, Ucrania, Georgia y Egipto. Funciona sin invasiones ni magnicidios, activando las ONG, sindicatos, agrupaciones, partidos políticos, grupos estudiantiles; utilizan medios de comunicación para promover matrices de opinión que presenten imágenes sesgadas o distorsionadas de un supuesto estado de ingobernabilidad en el país y de rechazo al Gobierno por parte de una mayoría de ciudadanos.

 

Y una vez que han preparado el escenario local mediático, social, político y económico, se pasa a la implementación de la fase del desplazamiento del poder. Ese era el plan.

 

Poco antes del 12 de febrero del presente año, cuando se iniciaron en el país las protestas violentas dirigidas por sectores radicales de la oposición, el teniente coronel en situación de retiro José Gustavo Arocha Pérez viajó a Estados Unidos en compañía del general de brigada Emilio Ascanio Tovar, también retirado, a una reunión convocada por Pedro Mario Burelli, ex integrante de la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela, para reunirse con un señor de nombre Peter Ackerman, un discípulo aventajado de Gene Sharp, presidente de la Albert Einstein Institution, una fundación dedicada a entrenar en las técnicas de golpe suave.

 

Meses después, Arocha Pérez fue detenido por las autoridades venezolanas acusado del delito de conspiración, y se acogió al Supuesto Especial, previsto en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se comprometió a colaborar con el Estado venezolano a cambio de que le fuese rebajada la pena y sea juzgado en libertad.

 

De esta manera se decidió la realización de una “Prueba Anticipada”, hasta entonces solo implementada en el país para casos de narcotráfico, con el objetivo de asegurar y resguardar su testimonio. Estuvieron presentes su abogada, Hildamar Fernández Pérez; la jueza Lucía Patricia Suárez Cueva y el fiscal 16. o del Ministerio Público, José Luis Orta. Últimas Noticias tuvo acceso a parte de esta prueba anticipada, ya en poder de los abogados de algunos líderes opositores.

 

Es precisamente en el marco de esta “Prueba Anticipada” en la que Arocha Pérez narra los contactos celebrados con algunos voceros políticos de la oposición venezolana, así como con personeros del Gobierno de Estados Unidos, que conocían de las actividades conspirativas que se tejían.

 

De acuerdo con la versión de Arocha Pérez, hubo una reunión a comienzos de enero de 2013 en la oficina del señor Peter Ackerman ubicada en DC20038, en Washington. Allí también participó el señor Burelli. La idea era analizar la lucha no violenta, además del direccionamiento de protestas masivas a las instituciones del Estado, y la urgencia de promover un líder para estas acciones y una idea unificadora para obtener el éxito.

 

“Posteriormente, siguiendo con la agenda establecida, los días 13 y 14 de marzo viajamos nuevamente a Estados Unidos, pero esta vez a la ciudad de Miami, donde se dio una reunión con Gustavo Tovar Arroyo y el general Ascanio Tovar, donde analizaron lo hablado en la Fiesta Mejicana, así como en las reuniones posteriores, los avances logrados hasta la fecha con la desestabilización en el país…”, declaró el teniente coronel Arocha Pérez en el tribunal.

 

Durante los meses de marzo y abril de 2013, el general Ascanio le solicitó a Arocha Pérez “que desplegara algunas acciones que le permitieran garantizar la salida de su familia a algún país no adepto al Gobierno; es por ello que efectué contactos en la Embajada americana, y al lograr coordinar la reunión, asistí conjuntamente con el general Ascanio Tovar a las instalaciones de la Embajada americana en la ciudad de Caracas, donde fuimos recibidos por la encargada de Negocios de USA, Kelly Keinderling (…) ella nos manifestó su interés porque nos reuniéramos con el Sr. René Rodríguez, agregado militar de EE.UU. en Venezuela, para fijar estrategias, para lo cual intercambiamos varios correos. El objetivo de la primera reunión era hacer un acercamiento y tratar temas referentes a la posibilidad de visas (…) y en esa reunión le hizo entrega (Ascanio Tovar a Keinderling) de una lista con copias de pasaportes de militares de la Aviación, que le aportó Julio Borges, y que le aseguró que no apoyarían al Gobierno en caso de una situación de golpe y le comentó sobre algunas reuniones que se efectuarían a tal fin en Estados Unidos, por lo que la Sra. Keinderling le manifestó que previo al viaje de nosotros en abril a Estados Unidos, coordinaría una reunión entre nosotros y el agregado militar, la cual se fijó vía mail por intermedio de su asistente Enriqueta Tamayo para el 25 de abril-2013; sin embargo, esa reunión de abril fue suspendida por la captura ese día de un ciudadano norteamericano, quien se encontraba filmando las actividades de protesta de la oposición…”.

 

Imputado en el banquillo

 

En una de las preguntas que el fiscal de la causa, José Luis Orta, le hace a Arocha Pérez sobre las pruebas que posee de todo cuanto ha dicho, éste respondió que “en mi cuenta de correo administrador Geofenix, cuya clave es Geofenix 2013, podrán ubicar los correos que intercambié con la ministra consejera de la Embajada americana en Venezuela, Kelly Keinderling y su asistente, mail de reservas de hoteles en Washington”.

 

Y al ser consultado por el fiscal con respecto al objetivo de la lista de oficiales de la Aviación entregada por Julio Borges al general Ascanio y que éste le suministró a Keinderling, Arocha respondió que fue “a objeto de facilitar el visado de todos, ya que el diputado Borges le recomendó que todos tuviesen sus pasaportes y visas para salir del país en caso de que los planes de desestabilización fracasaran”.

 

Le preguntaron si sabía quién era el enlace de Borges en la Aviación, y señaló que era el general de división Oswaldo Hernández, quien fue detenido posteriormente junto con los generales José Machillanda y Carlos Millán.

(ÚN)

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