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El diputado de la MUD por el estado Bolívar, Américo De Grazia Veltri, está vinculado junto con sus familiares en negocios relacionados con la minería ilegal en el sur de esa entidad, incluyendo la extracción y contrabando de oro, denunció el parlamentario regional Aldrin Torres, de la bancada del PSUV.

 

Torres, quien es el vicepresidente del consejo legislativo de Bolívar, dijo que la familia De Grazia ha mostrado un crecimiento destacado de su patrimonio al menos desde el año 2010, lo cual incluye varios establecimientos de venta de alimentos, restaurantes, una farmacia y hasta un banco con 19 agencias a nivel nacional.

 

Explicó que el diputado opositor ha utilizado su inmunidad parlamentaria para movilizar el metal precioso, así como el dinero efectivo para pagarle a los mineros. Precisó que el oro debe ser cancelado en dinero contante y sonante lo que requiere del transporte de cantidades enormes de billetes, lo cual solo se podría hacer si se utilizan las facilidades derivadas de la operación de un banco.

 

Se trata de Bancamiga, una entidad bancaria microfinanciera cuyo presidente es Carmelo De Grazia Suárez, sobrino del diputado postulado por el partido La Causa R.

 

De acuerdo con Torres, De Grazia está relacionado con el suministro de equipos de trabajo a los mineros, contrabando de combustible y trata de blancas, o tráfico de mujeres para actividades de prostitución en las zonas de extracción de oro.

 

Con base en estos elementos el parlamentario regional asegura que la denuncia de la supuesta masacre tiene como objetivo intentar bloquear la intervención del Estado en la zona con el fin de poner orden en la explotación minera que se realiza de manera artesanal, tras la modificación de la normativa legal en diciembre y la promulgación de Arco Minero hace pocos días.

 

Se trata de un área de más de 112 mil kilómetros cuadrados, donde el gobierno del presidente Nicolás Maduro otorgará concesiones a través de empresas mixtas controladas por Venezuela, para la explotación de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

 

Propiedades en Upata y compañías en Florida

De acuerdo con el diputado Torres, la familia De Grazia es propietaria de las panaderías Central, Innoni y La Nona (estas dos son también restaurantes), el restaurant La Fontana D´Orazzio y la franquicia de la red de farmacias Farmatodo en Upata, capital del municipio Piar. Asimismo en la parcela de la farmacia se encuentra la agencia local de Bancamiga.

 

Adicionalmente miembros de la familia tienen participaciones en al menos 15 compañías registradas en el estado de Florida en EEUU.

 

Carmelo De Grazia figura como directivo de Royal Bostonian Capital Inc, Compass Factoring LLC, Royal Bostonian Aviation LLC, Dream Estates Realty Group Corp., Cdb Finance Corp, Im Trade & Investments LLC, Dgs Capital Holdings, LLC, Insta Loan Capital LLC, Yokoyma Inmobiliare LLC.

 

Mientras que otros como Horazio De Grazia tiene participación en Ciao Brickell, LLC, Mid-Town Doral 508, LLC, Mid-Town Doral 713, LLC, Ciao Downtown LLC, Ciao Investments LLC y La Fontana D’ Orazio LLC.

 

Este último es efectivamente un restaurant de comida italiana ubicado en 10702 NW 74th Street, Doral, la ciudad donde se concentra el grueso de los venezolanos autoexiliados en el sur de la Florida.

 

Violencia llegó de repente

Aldrin Torres destacó que el uso de la violencia armada con apoyo en grupos organizados paramilitarmente, se inició en el año 2011, luego de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, revocó las concesiones de algunas empresas transnacionales.

 

La normativa reformada en esa ocasión, que fue mal interpretada como una nacionalización, estableció que la explotación aurifera estaría a cargo de empresas mixtas, donde el Estado venezolano tendría una participación accionaria mayoritaria.

 

En ese momento comenzó la violencia extrema a cargo de bandas criminales que utilizan la figura del «sindicato» para ejercer el control de la extracción de oro y otros metales valiosos.

 

Para Torres este es el mecanismo impulsado por las antiguas concesionarias para mantener el control sobre la comercialización de los minerales, ya que aunque no lo extraen, se encargan de su vinculación con el mercado global.

 

(latablablogspot.com)