Como si fuera una gran corporación desde la mina Hoja de Lata, regentada por el paramilitar colombo-ecuatoriano apodado El Topo, se realizaban reiteradas donaciones a escuelas, hospitales y personas enfermas vecinas de la población de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar.
Asi se evidencia de una revisión de registros de prensa que reseñan la entrega de cheques para ayudas médicas con cuantiosos montos o de pupitres de excelente factura a la escuela secundaria local, a cargo de Rosa Emilia Gil, la mujer que fue aprehendida ayer por ser considerada una especie de administradora de los bienes y operaciones de Jamilton Ulloa, identificado por las autoridades como el responsable de la muerte y desaparición de al menos 17 personas relacionadas con actividades de minería ilegal.
El hallazgo revela además la existencia de características propias del control paracriminal de la economía local, similares a las que se registran en amplios sectores de Colombia, donde los jefes de bandas criminales asumen tareas propias del Estado como la seguridad ciudadana y la asistencia social.
Una nota publicada en la página web de El Diario de Guayana da cuenta de la labor social de la organización denominada Cooperativa Minera Hoja de Lata II, presidida por Rosa Gil, que además destaca «La filantropía cooperativista que practican los dirigentes de la zona minera ubicada en el sector Hoja de Lata, municipio Sifontes, ha sido reconocida durante años.»
El reporte refiere una donación a personas con problemas de salud que se suman a «los aportes en medicinas y equipos al hospital local, Dr. José Gregorio Hernández; pupitres al liceo Monseñor Zabaleta, cauchos y otros equipos a los Bomberos Municipales.» Otras notas publicadas en el mismo medio o en El Luchador dan detalles de los demás aportes en actos formales y públicos.
Un dirigente político aseguró que ese programa de donaciones estaba coordinado con el alcalde Carlos Chancellor (Causa R, opositor), sin embargo eso no se pudo confirmar documentalmente.
La mujer de 58 años administraba además una licorería ubicada frente a la bomba de la salida de Tumeremo hacia la Gran Sabana según detalló un habitante de la ciudad, mientras que un vocero vinculado con las investigaciones confirmó su captura el pasado sábado por parte de funcionarios del Sebin.
Ninguno de los voceros directos consultados para esta nota pueden ser identificados ya que su integridad podría ser afectada. Sin embargo sus aseveraciones han podido ser cotejadas con una segunda fuente o con referencias documentales.
El proceso que culminó con la muerte y desaparición del grupo de personas se originó en una situación de confrontación entre dos bandas criminales, estructuradas orgánicamente, por el control de la principal actividad económica de la localidad, la extracción y comercialización de oro, asi como las complementarias o de servicios.
Puntulmente la situación se desencadenó a partir del 3 de febrero cuando la banda del barrio La Caratica, liderada por El Gordo y El Potro convocaron a todos los compradores de oro de la ciudad a una reunión para notificar el establecimiento de una «vacuna» o pago extorsivo semanal, consistente en cinco gramas de oro por comercio; a cambio de protección y seguridad privada, a fin de evitar cualquier hecho delictivo a sus negocios, según reseñó El Diario de Guayana.
La reunión se realizó en la cervecería y pool El Danubio Azul, ubicado en la calle Bolívar, entre las calles El Dorado y Zea, a una cuadra y media de la Plaza Bolívar.
«Luego de arduas investigaciones del CICPC-Tumeremo y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), comisiones de ambos organismos sorprendieron infraganti a comerciantes y extorsionadores, llevándolos en fila india (eran 100 personas) hasta la sede de la policía científica, localizada a una cuadra y media del lugar», refiere el mismo medio.
Valga precisar que tal actividad es ilegal y que sin embargo se practica abiertamente en todas las ciudades mineras de la región.
Por el hecho fueron procesados 11 de los aprehendidos, incluyendo supuestos compradores de oro que intentaban «convencer» al resto de realizar la contribución, y al menos tres de los extorsionadores.
Al parecer se trataba de un ensayo para luego extender las «contribuciones» al resto de los comerciantes de la población, según un lugareño conoceder del tema. Asimismo otro vecino reportó visitas y llamadas a empresarios de otros rubros.
Mientras que un funcionario refirió la existencia de un plan para cobrar una especie de «impuesto inmobiliario» de entre 3 mil y 5 mil bolívares por vivienda. Sin embargo otro vecino descartó que tal mecanismo se hubiera planteado.
Las detenciones dieron origen a acciones como un intento de interrumpir el paso por la Troncal 10, el secuestro de profesores del liceo local «Monseñor Zabaleta» o al menos la suspension forzada de clases (según distintas versiones) y la convocatoria a un paro comercial ordenado por la banda.
Así lo refieren medios de noticias locales, que calificaron el hecho como un «toque de queda» y agregaban que era común ver a miembros del grupo «patrullando» las calles del pueblo con chalecos anti-balas y portando armas largas.
Además un habitante de la ciudad aseguró haber visto como la banda criminal impidió la realización del acto conmemorativo de la rebelión militar del 4F, que se realizaría en la Plaza Bolívar con la participación de efectivos de la GNB.
Todos los voceros consultados coinciden en señalar que los eventos de esa primera semana fueron los que determinaron la matanza un mes después, ya que El Topo pudo haber visto amenazados sus intereses.
Sin embargo otra versión refiere un intento de la banda de Tumeremo de tomar control de una mina o punto de extracción de mineral controlada por el paramilitar ecuatoriano, hecho ocurrido dos meses atrás. Esa posibilidad fue puesto en duda por un lugareño que dijo que era poco probable que alguien se atreviera a desafiarlo tan frontalmente.
No todos son mineros
Todos los entrevistados coincidieron a señalar que los fallecidos y desaparecidos no se dedicaban a la extracción de oro, sino a actividades de otra índole.
Fundamentan esto en el hecho de que los mineros permanecen por largas temporadas dedicados a su labor y no regresan diariamente a la ciudad.
Asimismo argumentan que varios de los asesinados están vinculados familiarmente con el delincuente apodado El Gordo. Sin embargo hay versiones complementarias que aseguran que además de los 17 lugareños identificados hay otros que sí serían mineros y que no tienen familiares en la localidad que puedan reportar su desaparición.
La Tabla tiene los nombres de los dos líderes de la banda pero los mantiene en reserva por no haber podido validar la veracidad del dato con fuentes complementarias.
