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“¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir?”, se preguntaba hace pocas horas el exalcalde del municipio Libertador Freddy Bernal, quien a través de su cuenta en Twitter, mostró su consternación por lo que ha catalogado como “corredores de la muerte” en la Gran Caracas.

 

Sin embargo, esta pregunta no es exclusiva de Bernal, sino más bien una de las incógnitas que cotidianamente resuena en la cabeza de los venezolanos: ¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo? Los ciudadanos ven con impotencia cómo desmejora la calidad de vida y cómo la inseguridad deja de ser una simple sensación para convertirse en el pan de cada día.

 

Bernal: «O ejercemos el peso de la autoridad legítima del Estado o el mismo se diluye ante la violencia criminal desatada en Venezuela»

 

Noticias inverosímiles, como sacadas del más oscuro de los rincones de una película de terror, inundan titulares y medios en nuestro país. A principios de este mes se contabilizaban casi 70 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado asesinados. En días pasados un ciudadano egipcio resultó muerto tras resistirse a un intento de robo en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Apenas días atrás, la Parroquia El Valle se estremecía con la masacre de cerca de una decena de personas en un enfrentamiento entre bandas en el sector Cerro Grande. La cota 905, colindando con El Cementerio son territorios hostiles: vecinos viven amenazados y las autoridades asediadas. ¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo?

 

No son hechos aislados. Pareciera que la Ley no alcanza o no tiene la fuerza suficiente. El hampa asesina funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y así atenta no sólo contra cada uno de esos individuos, sino contra el Estado mismo, abriendo el debate sobre quién detenta el monopolio efectivo de la violencia. ¿Se diluye el Estado?

 

El secuestro de trabajadores en el penal David Viloria, en Uribana es una muestra, así como las demostraciones de poder y armamento de alto rango de los acólitos de alias “El Conejo” el día de su sepelio o el terror que causan bandas como el “Tren de Aragua” o la de alias “El Picure” en varios territorios del país. 

 

En medio de la desprotección, linchamientos

 

La falta de claridad por parte de las autoridades, el aparente quietismo y las alarmantes cifras de fallecidos por crímenes violentos, crean una nueva brecha entre la ley y los ciudadanos que, al ver avasallados los mecanismos formales de la justicia, deciden cumplirla por su propia mano. La impunidad da paso a los linchamientos: horrendos episodios en los que la masa, partiendo de la falta de instituciones que velen por el cumplimiento de lo moral y legalmente correcto, asumen que es el pueblo quien debe ejercer esta función. Ninguno es culpable, todos actuaron en defensa propia, en defensa de los intereses comunes. Es el Estado de naturaleza de Hobbes en su máxima expresión, parece que se rompió el contrato social.

 

Recientemente se dio el caso del linchamiento de dos jóvenes en La California, sin embargo, éste no ha sido el único evento de esta naturaleza, teniendo como macabro antecedente lo ocurrido en Catia, donde no contentos con golpear al delincuente casi hasta la muerte, los agresores decidieron prenderle fuego. Los Valles del Tuy, Petare, y algunas zonas del país ya han sido escenarios de esta atrocidad, aunque resulta difícil juzgar moralmente a quien actúa ahogado por las circunstancias ¿Qué hacer?

 

¿Es, tal y como apuntó Bernal, la militarización y toma policiaca de los espacios delictivos la solución a este estado de guerra? ¿Qué papel juegan los líderes políticos de ambos bandos en esta lucha descarnada? ¿Hay un indicios de paramilitarismo en las prácticas hamponiles de hoy día? ¿Seguirá creciendo el poder de las megabandas criminales en el país? Son muchas interrogantes que aún esperan respuesta.

 

(LaIguana.TV)