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El abogado del Comité de Víctimas del 11 de abril afirma que el instrumento legal aprobado por la mayoría opositora de laAsamblea Nacional sería el remate de un largo trabajo que se ha hecho para invisibilizar a las personas que fallecieron o fueron heridas durante el golpe de Estado de 2002 y en todos los hechos posteriores perpetrados por la derecha.

 

Molina (Caracas, 1956), en diálogo con el periodista Clodovaldo Hernández para LaIguana.TV expresó también las siguientes ideas:

 

“En este caso, las víctimas fueron invisibilizadas desde un primer momento. Como la controversia política ha estado inmersa en un contexto en la que los medios de comunicación han sido actores fundamentales, ellos se han dado a la tarea de ocultar a las víctimas. Si se lleva a cabo esta amnistía, van a quedar ya en el olvido definitivo”.

 

“Estos señores nunca han admitido su responsabilidad en los hechos que llevaron a cabo. Ni siquiera los que han sido sentenciados han aceptado su participación ni mucho menos han expresado arrepentimiento. Por el contrario, mantienen una posición beligerante, arrogante y de no admitir la existencia de las víctimas”.

 

“La diferencia (con respecto a los sucesos de 1992) es abismal, empezando porque el comandante Chávez admitió su responsabilidad apenas unas horas después de ocurridos, en cambio estos señores nunca han aceptado su participación en los delitos que se les imputan. Chávez se erigió como un gigante precisamente por decir ‘yo soy el responsable’”.

 

“Los banqueros que se robaron el dinero de sus clientes, que se fueron con la cabuya en la pata, no sólo pretenden que se les perdonen todos sus delitos sino que, seguramente, van a intentar que les restituyan los bienes que alguna vez presentaron como garantías”.

 

“Se nota que muchos de los empresarios que resultarían beneficiados (por la Ley de Amnistía) han sido financistas de los partidos opositores y ahora han pasado factura”.

 

“Desde que la oposición obtuvo su mayoría circunstancial en el Asamblea Nacional se sabía que iba a haber un choque de poderes. Esos conflictos necesariamente deben desembocar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque esa es la instancia mayor en lo que se refiere a la interpretación de las leyes. En este caso específico hay dos vías: la primera es que el presidente se oponga a la ley y la mande a la Sala Constitucional; la otra es la iniciativa popular, cualquier ciudadano de este país puede ejercer un recurso contra esos actos administrativos inconstitucionales dictados por la Asamblea Nacional”.

 

A  continuación, la conversación completa:

 

-La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional amparará a algunas de las personas procesadas y sentenciadas por los sucesos del 11 de abril de 2002. ¿Cómo evalúan usted y el comité de víctimas esa posibilidad?

 -Nosotros hemos ido fijando reiteradamente posiciones al respecto. Desde el primer momento nos hemos opuesto a la concesión de cualquier beneficio, llámese amnistía o indulto, que pueda amparar o cobijar a las personas que fueron sentenciadas a través del proceso penal que se llevó a cabo en un tribunal de Maracay. Allí fueron condenados los integrantes de la directiva de la Policía Metropolitana para esa fecha, es decir Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis, y ocho funcionarios de menor jerarquía. Nuestra oposición a ese tipo de medidas tiene un basamento constitucional. Nos apoyamos en la misma sentencia condenatoria. En su parte dispositiva, como punto previo a la condena, dice de manera categórica y expresa que los hechos ocurridos en Puente Llaguno pueden ubicarse en lo que se conoce en doctrina de derecho penal como graves violaciones a los derechos humanos. Eso lo concatenamos con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que señala que las personas sancionadas por delitos de lesa humanidad, contra el patrimonio público y de graves violaciones a los derechos humanos no podrán ser beneficiarias de decretos de amnistía, indultos ni beneficios procesales. Esto debió tomarlo en consideración la Asamblea Nacional antes de aprobar el proyecto que presentó la gente del Foro Penal, pero no lo hizo. Ellos sabían que esas personas no pueden ser favorecidas con una ley de amnistía, pero aún así la aprobaron.

 

-Según abogados que respaldan esta Ley, cuando se aplica una amnistía, todo lo ocurrido se olvida, es como si no hubiese ocurrido y, por lo tanto, nadie puede decir que es víctima de unos hechos que no acontecieron. Eso es, a las claras, una abstracción jurídica, pero ¿qué pasa con la víctima de carne y hueso?, ¿qué piensan de ese enfoque las personas que fueron lesionadas o cuyos familiares murieron y, en el caso suyo, sus representantes legales?

-Bueno, esa es la invisibilización de las víctimas, pero hay que decir que en este caso, las víctimas han sido invisibilizadas desde un primer momento. Como la controversia política ha estado inmersa en un contexto en la que los medios de comunicación han sido actores fundamentales, ellos se han dado a la tarea de ocultar a las víctimas desde que acontecieron los hechos. Por eso nunca se les ha dado relevancia desde el punto de vista comunicacional. Si se lleva a cabo esta amnistía, van a quedar ya en el olvido definitivo. Es decir, esta ley sería el remate de ese trabajo de invisibilización. Y es natural que los medios de comunicación hayan realizado esa labor porque ellos participaron en el golpe de Estado, estaban involucrados en la conspiración. No debemos olvidar aquel video que fue presentado por un corresponsal de CNN, que de chavista no tenía nada, en el que se demostró que los asesinatos y lesiones fueron premeditados, planificados para culpar al presidente Chávez y justificar su derrocamiento. Por cierto, los medios siguen en la misma onda que en 2002. Hace apenas unos días, dos funcionarios fueron asesinados por manifestantes de la derecha y los medios han pretendido presentar el hecho como la locura de unos muchachos que se montaron en un autobús y arrollaron a los policías. Lo presentaron como si se tratara de un accidente de tránsito.

 

-Un aspecto que se maneja en esta ley es que se van a perdonar y olvidar diversos tipos de delitos que hayan sido cometidos con motivaciones políticas. Ahora bien, ¿para eso no haría falta que los procesados o sentenciados se declararan culpables?

-Desde un principio, se ha pretendido etiquetar como presos políticos a personas que han cometido delitos graves, de sangre. Eso no es así. De acuerdo a las leyes internacionales, los presos políticos son personas encarceladas por razones de conciencia. Un caso emblemático es el de Nelson Mandela en Sudáfrica. Él no estaba acusado de delitos contra la vida de las personas, sino por tener ideas adversas al régimen de segregación racial. En el caso de Venezuela tenemos a personas que han atentado contra la vida de la ciudadanía, como es el caso de quienes colocaron las guayas o regaron aceite en las vías y causaron la muerte de varios venezolanos. También son llamados presos políticos individuos que cometieron crímenes atroces, como los asesinos de Danilo Anderson. Eso no puede catalogarse como delito político. En este sentido, podemos hacer una analogía con lo ocurrido en los años 60 y 70, y puedo decirlo con propiedad porque fui militante de organizaciones de izquierda que tuvieron actividades subversivas. En el cuartel San Carlos, en la cárcel Modelo o en otras prisiones de Venezuela hubo individuos que fueron procesados y sentenciados por participar en acciones que tenían motivos políticos, pero en las que lamentablemente ocurrieron otro tipo de delitos. Nosotros nunca pedimos por esas personas, pero también hubo presos de conciencia, como Nery Carrillo, quien estuvo ocho años preso porque el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) determinó que él era amigo de Douglas Bravo. Ese sí fue un preso político, no como los señores que esperan ser beneficiados por la Ley de Amnistía.

 

-Pero, insistiendo en el punto, si se aceptara como válido el que actuaron por razones políticas, al menos tendrían que admitir su responsabilidad y al parecer no lo han hecho, ¿o sí? 

-No, estos señores nunca han admitido su responsabilidad en los hechos que llevaron a cabo. Ni siquiera los que han sido sentenciados han aceptado su participación ni mucho menos han expresado arrepentimiento. Por el contrario, mantienen una posición beligerante, arrogante y de no admitir la existencia de las víctimas. Entonces, si la Ley de Amnistía tiene la finalidad de decretar el olvido de lo ocurrido, ¿cómo es posible que ninguno de ellos admita su responsabilidad como autores de esos hechos? Los comandantes guerrilleros de los 60 y 70 hasta escribieron libros reconociendo su participación y demostrando su contrición. En estos casos no ha habido ni siquiera una cuartilla de alguno de estos líderes admitiendo que participaron en el golpe de Estado de 2002 o que incitaron a la gente a las guarimbas. No lo han hecho ni lo van a hacer porque, si vamos a revisar los antecedentes, aquí hubo una primera amnistía, decretada por el presidente Chávez, mediante la cual se favoreció a Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, para sólo mencionar a tres de los más rabiosos opositores. Ellos fueron perdonados y ¿qué hicieron luego?… siguieron conspirando y eso volvería a ocurrir en este caso porque su objetivo, en el que nunca han desfallecido, es acabar con el proceso revolucionario.

 

-Quienes defienden esta ley dicen que la amnistía sería en el contexto histórico un acto de justicia, pues el comandante Chávez y los otros participantes de las insurrecciones militares de 1992 también protagonizaron hechos en los que hubo fallecidos y lesionados y, sin embargo, el sistema político anterior fue capaz de perdonarlos. ¿Qué opina sobre eso? ¿Cuál sería la diferencia?

-La diferencia es abismal, empezando porque el comandante Chávez admitió su responsabilidad apenas unas horas después de ocurridos los hechos, en cambio estos señores nunca han aceptado su participación en los delitos que se les imputan. Chávez se erigió como un gigante precisamente por decir “yo soy el responsable”. Esa escena televisiva quedó grabada en la memoria a escala mundial. Y él no sólo admitió su responsabilidad, sino que también llamó a sus compañeros a deponer las armas… ¿En la actualidad, el señor Leopoldo López o el señor Henrique Capriles, por solo mencionar a dos conspicuos dirigentes de la oposición, se han parado ante el país a reconocer su participación en convocatorias a hechos violentos? Nunca lo han hecho ni lo harán porque es obvio que sienten un profundo desprecio por el pueblo, sobre todo por los sectores chavistas a lo que consideran delincuentes, borrachos, desdentados y patas en el suelo. Por eso nunca van a poder compararse con la figura de Chávez.

 

-¿En qué otro sentido es cuestionable la ley aprobada por la mayoría de la AN?

-Aparte de a responsables de delitos de sangre, se pretende beneficiar a vulgares delincuentes, como los autores de las estafas inmobiliarias, que dejaron en la calle y arruinadas a muchas familias de clase media, con proyectos habitacionales inconclusos. Han ido a recalar en esa chivera humana llamada Miami y han logrado que en Estados Unidos les den el estatus de perseguidos políticos. También se pretende favorecer a los banqueros que se robaron el dinero de sus clientes, que se fueron con la cabuya en la pata. Esos personajes no sólo pretenden que se les perdonen todos sus delitos sino que, seguramente, van a intentar que les restituyan los bienes que alguna vez presentaron como garantías.

 

-¿Por qué la AN aprueba una ley que puede resultar tan vulnerable desde el punto de vista de su constitucionalidad?

-No es difícil deducir que ellos saben que la ley tiene esas fallas, porque en la oposición hay excelentes abogados, pero la hicieron así porque es algo hecho a la medida de cada caso. Se nota que muchos de los empresarios que resultarían beneficiados han sido financistas de los partidos opositores y ahora han pasado factura. Eso lo que viene a corroborar es lo que se ha denunciado hace muchos años, que esos sectores económicamente poderosos han sostenido las acciones mediante las cuales se ha pretendido subvertir el orden constitucional y vencer a la Revolución Bolivariana.

 

-Otro argumento que han expuesto los grupos pro-amnistía es que esta ley podría ayudar a un proceso de Pacificación nacional, como el emprendido en el primer gobierno de Rafael Caldera. ¿Se pueden equiparar estas dos situaciones?

-No, en absoluto. La política de Pacificación de Caldera no se basó en una ley de amnistía. Fue una proposición del entonces presidente para que quienes quisieran deponer las armas en ese momento o volver al orden establecido, utilizaran los mecanismos legales para hacerlo. En muchos casos, las personas manifestaron su intención de pacificarse y lo que hicieron las autoridades fue desaparecerlos. Así pasó con Ángel María Castillo, llamado “Pancho Alegría”, y yo pude comprobarlo cuando revisamos viejos expedientes hace unos ocho años, como parte de una comisión presidencial. “Pancho Alegría” envió un telegrama al entonces ministro de la Defensa, Gustavo Pardi Dávila, para acogerse a la Pacificación. ¿Qué hicieron con ese telegrama, le prestaron atención?, no, detuvieron a “Pancho Alegría”, lo mataron y lo desaparecieron en 1973, en plena vigencia de la política de Pacificación. Por cierto, su cadáver nunca ha sido localizado. Ese fue también el caso de Noel Rodríguez, asesinado y desaparecido en plena etapa de Pacificación.

 

-¿Qué va a pasar ahora?

-Desde que la oposición obtuvo su mayoría circunstancial en el Asamblea Nacional se sabía que iba a haber un choque de poderes. Eso se ha demostrado en estos tres meses, pues la oposición, desde su parcela de poder político, pretende aprobar leyes que contrarían los principios constitucionales. Esos conflictos necesariamente deben desembocar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque esa es la instancia mayor en lo que se refiere a la interpretación de las leyes. En este caso específico hay dos vías: la primera es que el presidente se oponga a la ley y la mande a la Sala Constitucional; la otra es la iniciativa popular, cualquier ciudadano de este país puede ejercer un recurso contra esos actos administrativos inconstitucionales dictados por la Asamblea Nacional. Eso es lo que creo que va a pasar.

 

 (Clodovaldo Hernández / [email protected])