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En un informe motivado de 277 páginas redactado por el grupo de trabajo para la Protección y Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, conocido por El Espectador, se detalla paso a paso cómo el grupo de empresas más grandes del país en el negocio de los papeles suaves tenían montada una serie de acuerdos para fijar los precios de sus productos y, de esa forma, obligar a los colombianos a pagar más por cada uno de ellos.

 

El caso, que fue público hace ya más de un año, detalla cómo se configuró el cartel empresarial, que aunque tiene rastros desde 1998, habría tomado forma concreta en el 2000. El documento detalla que fue evidente “un acuerdo restrictivo duradero y permanente entre los investigados durante los años 2000 a 2013”. Allí aparece, por ejemplo, la declaración de Luis Fernando Palacio González, quien fuera gerente de Kimberly para la Región Andina y quien participó en el acuerdo durante todo el tiempo de su existencia.

Palacio, con palabras contundentes, dijo: “Desde el año 2000 empezamos nosotros a tener reuniones frecuentes con la competencia. Frecuentes es que las hacíamos una o dos veces al año y establecíamos un alza de precios que iba para el año siguiente como tal. Esas reuniones se efectuaban normalmente a finales de año, ahí fijábamos un porcentaje de alza en términos generales”.

 

Pero en la extensa investigación también aparecen correos que intercambiaban los empresarios cartelizados que resultaron determinantes. Por ejemplo, uno de María Carolina Arenas, quien era la gerente de la División Institucional de Familia, dirigido a Jaime Ignacio López, entonces gerente nacional de ventas de KCP de Kimberly, en el que se lee: “Al 1º de septiembre, los compromisos a seguir son: higiénico blanco $26.500, higiénico natural $14.500, servilleta cuadrada $24.500, servilleta partida $24.000…”. Para la SIC, este correo evidencia que en el marco del acuerdo permanente, los participantes adquirían “verdaderos compromisos” que estaban llamados a cumplir.

 

O por ejemplo, el correo electrónico identificado con “Precios línea industria”. Allí Palacio González escribió a Ricardo Mejía, presidente de Kimberly hasta 2004, lo siguiente: “Dr. Ricardo, en oportunidades anteriores se acordaron precios con la competencia de papel higiénico y no fueron dados a la línea KPC, de allí una descoordinación en ambos negocios. En nueva reunión con Familia ellos se dieron cuenta de la falta de comunicación entre las áreas de la compañía, llevando a un caos, de tal forma que no fue una falta de control de precios, sino una falta de comunicación que no se debe presentar entre las áreas. En una nueva reunión efectuada con la competencia tanto de consumo como de KPC, donde estuvo presente el Dr. Jaime López, se hizo un acuerdo de precios tanto de consumo como de KCP”.

 

Identificaron que las empresas, representadas por sus ejecutivos, habían tomado la decisión de identificarse con distintos alias para, de esa forma, desviar sospechas. Por ejemplo, Kimberly era Kiosko, Familia era Feos, Papeles era Pitufos y Cartones era Rosas.

 

Ahora, cuando la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia puso el informe motivado en el escritorio del superintendente de Industria y Comercio para recomendarle sancionar a Kimberly, Familia, Cartones y Papeles de Risaralda y Papeles Nacionales, se sabe que quienes podrían ser sancionados pero exonerados son Kimberly (leer nota “¿Quién fue el gran delator?”). Entre las recomendaciones allí expuestas aparecen 21 altos ejecutivos de esas compañías para quienes se pide sanción y otros 21 sobre quienes se propone sean absueltos porque caducaron las acciones pertinentes o porque se les considera inocentes.

 

Las sanciones, que pueden llegar a los $70.000 millones para las empresas, resultan bajas si se comparan con las que se aplican a protagonistas de carteles similares en otros países. En Alemania las multas por el cartel de la salchicha llegaron a 338 millones de euros, en España por el cartel de la leche fueron 88,5 millones de euros y por la recolección de basuras de 99 millones de euros en el mismo país; en Estados Unidos, por manipular la tasa de cambio la multa llegó a los 2.500 millones de dólares y así sigue una larga lista de casos.

 

Ya lo había dicho Ana Paula Martínez, exdirectora del Departamento de Protección y Defensa Económica de Brasil, a El Espectador: “El nivel de sanciones que tiene Colombia es bajo”. Ella, quien conoce como pocos los programas de detección de carteles, advierte sobre la importancia de luchar contra empresarios de este tipo, pues “la OCDE indica que cuando hay un cartel en licitaciones públicas el precio será 33 % más alto, y cuando hay un cartel pero no en licitaciones públicas, será 15 a 20 % más de lo que sería en un mercado competitivo”.

 

¿Quién fue el gran delator?

 
El 24 de noviembre de 2014, un escándalo tamaño familiar sacudió a la industria nacional, no solo por el tipo de investigación que se anunciaba, sino por quienes aparecían vinculados a ella, pues eran nada más y nada menos que los más grandes jugadores del negocio del papel higiénico y otros papeles suaves –como se conocen en el argot comercial– en Colombia.

Ese día la Superintendencia de Industria y Comercio les formuló pliego de cargos a Productos Familia, Colombiana Kimberly Colpapel, Papeles Nacionales, Cartones, Papeles de Risaralda y Drypers Andina. La causa: la conformación de un presunto cartel empresarial con el fin de fijar los precios del papel higiénico, las servilletas, las toallas de cocina y los pañuelos para manos y cara que se venden en el país. Un mercado que mueve, cuentas más cuentas menos, un billón de pesos al año.

 
La investigación cobró aún más peso cuando se reveló que entre esas cinco empresas se reunían el 88 % del mercado de los papeles suaves o tisú –como también se le llaman–, y que eran dueñas de las marcas más consumidas por los colombianos: Familia, Kleenex, Scott, Regio, Lilolá, Súper Suplex, Suave, Rosal, Favorito, Joya, Sedita, Súper Blanko, Súper Ola, Súper Popular, Ritz, Popular, Primor, Noble y Elite, afectando directamente el bolsillo de los consumidores.
 

De eso ya han pasado un año y cuatro meses, terminó la etapa probatoria y el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, rindió un informe motivado el martes pasado en la tarde noche con destino al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en donde recomienda sancionar a cuatro de las cinco compañías: Familia, Kimberly, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda, además de a las personas naturales que aparecen vinculadas en la investigación, todos ellos altos directivos de dichas organizaciones.

 
Ahora, con informe motivado, que fue enviado ayer a los implicados y sus empresas, se dispone de 20 días para que todos los investigados se pronuncien. Cumplida esa fecha, Robledo se reunirá con el consejo asesor de competencia (conformado por Edgardo Villamil, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; Hernán Vallejo González, profesor de los Andes; Javier Humberto Gamboa, negociador de tratados de libre comercio; Mauricio Pérez, decano de Economía de la Universidad Externado, y Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de los Andes), escuchará sus recomendaciones y allí procederá a sancionar o exonerar. Decisión que quedaría lista a finales de mayo o máximo comienzos de junio.

 
Y aunque hace falta que se cumpla con los tiempos y se escuchen los consejos, de acuerdo con fuentes inmersas en el proceso consultadas por El Espectador, la sanción ya está cantada y para cada empresa puede llegar casi a 70.000 millones de pesos, porque son 100.000 salarios mínimos; y para las personas naturales a unos 1.400 millones de pesos, pues la ley dice que son 2.000 salarios mínimos.

 
Sin embargo, hay quienes se pueden salvar de pagar la millonaria multa incluso siendo partícipes del cartel. Resulta que en este caso, cuentan las fuentes de El Espectador, hubo tres delatores, que en su orden fueron: Kimberly, Familia y Cartones y Papeles de Risaralda. Dice la ley que se considera un delator a quien hace parte del cartel, confiesa su condición de cartelista y aporta conversaciones, correos, testimonios que representan un plus probatorio para el caso. Así las cosas, al primero se le puede exonerar del 100 % de la sanción, en este caso al segundo se le daría un 50 % de la reducción de la multa y al tercero un 30%.

 
De tal manera que Kimberly, el primero que llegó con pruebas contundentes a la SIC, se libraría de la totalidad de la sanción. Sin embargo, Familia, que fue el segundo delator, no gozaría del beneficio, pues de acuerdo con la investigación y las recomendaciones del superintendente delegado, sus aportes no cumplieron con lo que inicialmente se comprometió, mientras que Cartones y Papeles de Colombia gozaría de un 30 % de descuento en la sanción. ¿Y qué pasa con las personas naturales? Quienes trabajen para los delatores, si colaboran, se benefician de algo llamado efecto sombrilla, que en este caso serían los del primer delator y los del tercero.

 
Este se consideraría el primer caso donde se falla por cuenta de la información entregada por los delatores y que sentaría un precedente en el país en cuanto a delación se refiere. Y ahí está el otro capítulo de la historia, pues hay que sumar un par de ítems más. Contra Familia, Kimberly y Drypers, la SIC ya había formulado pliego de cargos por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, en aquella ocasión por cuenta de la participación en acuerdos anticompetitivos con el fin de fijar los precios de los pañales desechables para bebé. Otro cartel. Para completar, el 27 de febrero del año pasado, el mismo ente de control inició investigación contra, nuevamente, Kimberly, Carvajal y Scribe, pero en esta ocasión por lo que se consideró la cartelización para fijar los precios de los cuadernos.

 
Es así como dentro de las múltiples indagaciones adelantadas por los investigadores de la SIC se determinaron tres elementos en común que permiten concluir quién es el gran delator de estos tres carteles en Colombia: el primero es que en las tres investigaciones hay una empresa que se repite: Kimberly. El segundo es que la empresa que más funcionarios de alto nivel tiene vinculados en las tres investigaciones y que quedarían exonerados por delatar primero es Kimberly. Y la tercera es que tras ser el delator número uno del caso del papel higiénico y recibir ese 100 % de beneficio en la sanción, lo convierte en la empresa más interesada en contar cómo operaban los otros carteles para obtener el mismo socorro.

 
El Espectador llamó a Kimberly en Colombia para preguntarle sobre estas investigaciones puntuales y esto fue lo que respondió: “Desde el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio anunció su investigación por ciertas prácticas competitivas dentro de la industria de consumo de bienes empaquetados, Kimberly-Clark ha cumplido con su promesa de prestar total y absoluta cooperación y así continuará haciéndolo”.  

 
Casos como este hacen parte de las cifras internacionales que detallan que tres de cada cuatro carteles empresariales en el mundo se desmantelan con la colaboración de uno de sus participantes como delator y aunque partícipes activos como en este caso Kimberly se salvarían de pagar sanción económica alguna, el fin es que se rompan los grupos organizados en contra del consumidor y en beneficio empresarial.

 

(elespectador.com)

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