Cuando el presidente estadounidense Barack Obama precisó el objetivo de la orden ejecutiva que declara a Venezuela una amenaza, afirmó que ésta «iba dirigida a disuadir la violación de derechos humanos y la corrupción en Venezuela». Aunque sobre lo primero, los derechos humanos, hay bastante información sobre el doble rasero estadounidense, poco se recuerda cómo la Administración Obama tiene en funcionamiento un plan de protección de corruptos para que golpeen a su país de nacimiento.
Caso por caso
Entre los más evidentes, está el del mayor general Herbert García Plazaimputado por el Tribubal Metropolitano bajo el delito de peculado doloso por los sobreprecios en la compra de tres ferrys durante su paso por el Ministerio de Transporte Aérea y Acuático. Por este delito fue emitida la alerta roja de Interpol para que García Plaza fuese deportado a Venezuela por lo que Estados Unidos debería extraditarlo.
Sin embargo, es de público conocimiento que, además de corrupto, el militar es un traidor a la patria por haber entregado a Washington información estratégica sobre la ubicación de armamento sensible de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sumado a sus conexiones con un avión que la CIA utilizó para trasladar al terrorista cubano Luis Posada Carriles y su relación con Martín Rodil, vinculado a la inteligencia israelí y el inefable neocon Roger Noriega, los indicios muestran que el también ex ministro de Alimentación y jefe del Estado Mayor para la Guerra Económica podría haber realizado acciones deliberadas para sabotear al Gobierno Bolivariano desde adentro y luego, al revelarse su juego, escapar hacia Estados Unidos.
Tampoco este es el único ladrón y traidor a la patria que Estados Unidos protege porque, aparte del escolta Leamsy Salazar, una figura de reparto, los estadounidenses tienen bajo la categoría de «testigo protegido» al ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, procesado por la justicia venezolana también por actos de corrupción. Lo que demuestra que, con tal de favorecer su estrategia de intervención, Obama no tiene ningún problema en proteger a confesos corruptos sino que participa activamente encubriéndolos e incluso utiliza la deliberada extorsión para intentar conseguir nuevos «delatores» a través de la imposición de sanciones y la demonización mediática cuando están cerca de ser procesados por corrupción.
Fiscales y jueces comprados
En este mismo corretaje de traidores y corruptos útiles está el fiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, a quien le habrían ofrecido 850 mil dólares a cambio de utilizar su supuesta confesión para acusar a la Justicia de Venezuela de ser «digitada por el régimen» bajo la agitación del fantasma de la división de poderes, que ya sabemos lo bien que funciona en Estados Unidos cuando un país soberano como Argentina se enfrenta a unos criminales financieros como los fondos buitres de Paul Singer.
Otro funcionario judicial que fue usado para la misma cantaleta fue el destituido juez del Tribunal Supremo de Justicia y diputado del MBR-200, Luis Vélazquez Alvaray. Precisamente, esta traición a la patria ocurrió luego de que se le investigara por irregularidades en los gastos de la construcción de un edificio judicial y que éste escapara a Costa Rica, donde fue acogido como «refugiado político» ya que por esos días de 2006 era más difícil para Estados Unidos actuar con tanto descaro.
Justamente este mismo país, Costa Rica, fue el encargado de también recibir como «refugiado del régimen» al ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Eladio Aponte Aponte, en 2012 cuando fue fijada su interpelación en la Asamblea Nacional por la investigación que lo relacionaba con el narcotraficante Walid Makled.
Tanto Aponte Aponte como Vélazquez Alvaray escaparon, en sincronía, de ser destituidos por cómplice del narcotraficante, el primero, y corrupto, el segundo, y tanto Aponte Aponte como Vélazquez Alvaray se dedicaron a plantear la narrativa de que en la Justicia venezolana existe la banda de «Los Enanos», que maquiavélicamente controla el poder judicial, la existencia de un corretaje generalizado de narcotráfico. En el caso de Aponte Aponte, al igual que el de Nieves, la revelación estuvo centrada en que sus desempeños en casos estratégicos para los intereses de Estados Unidos, como el de Iván Simonovis y Leopoldo López, se produjeron por «presiones del régimen».
Claro que por eso no les faltó llorar en cámara y pedir clemencia ante los mismos que quieren ser los verdugos de su país y les tienen un total desprecio, al punto de que, por ejemplo, Nieves fue abandonado a su suerte en un lavadero de carros con base en el lema «úselo y tírelo».
Otros casos y la misma metódica
En este texto se podría continuar con el doble rasero con casos como el «exilio» de ladrones como los banqueros Eligio Cedeño, Nelson Mezerhane, el ex gobernador de Monagas José Gregorio «El Gato» Briceño, por sólo citar algunos. Pero lo importante de este modus operandi es entender la metódica y la utilización de lo que Estados Unidos considera como «testigos protegidos», pero no alcanzan a ser más que unos mercachifles que, al ser descubiertos y ser incapaces de hacerse responsables de sus actos, deciden escapar.
Y esta metódica está reflejada en una de las doce recomendaciones del jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, cuando sostiene que: «No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al gobierno de Maduro con la corrupción y el lavado de dinero (…) para demostrar la vinculación de los personeros del gobierno (…) sumariados en la Orden Ejecutiva (decreto Obama). En estas coordenadas, hay que desarrollar campañas mediáticas con los testigos protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de marzo de 2015».
Y justamente el centro de esta línea de «corrupción y lavado dinero» están las mamparas narrativas de la banda judicial de «Los Enanos», las revelaciones de cuentas en el Banco de Andorra y, por supuesto, el mito del Cartel de Los Soles, que incluso fue usado para generar productos como telenovelas para vulgarizar la operación.
Sin embargo, en la difusa línea entre corrupción, infiltración y sabotaje que se mueven estos casos que revelan, también una mecánica de poder común en la que sus acciones, su oportunismo y fuga no sólo los define, sino que también marca una línea entre lidiar con estos para controlar el aparato de poder y su utilización para poner en la mesa la discusión de otra política a costa de convivir con la vieja y aniquilada politiquería tradicional hoy en vías de extinción.
Porque más allá de la indignación, lo cierto es que la disputa por el aparato de poder en Venezuela desnuda completamente la hipocresía discursiva cuando se habla de corrupción, y también revela los motivos de cuando la miseria individual se impone sobre los intereses de un país cuando de supervivencia y estafa política se habla.
