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El 15 de enero, en el despacho del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, tuvo lugar una reunión crucial con los asesores jurídicos de la firma petrolera Pacific Exploration Corp. El tema no podía ser otro que la crítica situación económica de la empresa, que ese mismo día, mientras el precio de su acción seguía cayendo, informó que en vez de pagar US$31,3 millones de intereses sobre pagarés a sus acreedores antes del 19 de enero, optó por recurrir a un período de 30 días de gracia para renegociar sus deudas.

 

Esa noche, al menos 20 directivos de Pacific en Colombia y Canadá recibieron un informe en inglés sobre los resultados de la reunión, suscrito por el abogado José Miguel de la Calle, para advertir que el propio superintendente Francisco Reyes manifestó que con el objetivo de proteger la empresa, y por obligación legal, está pensando en intervenir cuanto antes la compañía. El reporte se dio en momentos en que también crecen los rumores de que la firma Pacific podría acogerse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos o incluso en Canadá.

 
Esa semana aumentó la incertidumbre tras conocerse que la agencia internacional de valoración de riesgos Standard & Poors le puso a la petrolera la peor calificación crediticia posible, al tiempo que admitió que existe la certeza de que la empresa puede caer en un incumplimiento de pagos de su enorme deuda. Una de las accionistas de Pacific, la sociedad EIG, agregó desde Washington que la petrolera está “al borde de la insolvencia”, que es improbable que pueda pagar los intereses de bonos hasta 2025 y que se ha subestimado la gravedad de su situación financiera.

 

¿En qué momento y por qué razones, la que llegó a ser considerada la quinta empresa en el país a finales de la pasada década, hoy vive un presente agónico? Uno de sus directivos extranjeros, consultado por El Espectador, resumió en pocas palabras una explicación de lo sucedido: “Es cierto que los precios internacionales del petróleo han incidido, pero la pésima situación financiera de Pacific obedece a sus deudas. No nos están matando los costos de la empresa, sino las deudas acumuladas por equivocados negocios y malos manejos”.

 

La historia de la petrolera se remonta a 2007, cuando la empresa Pacific Stratus Energy, filial de una firma canadiense, se fusionó con Petro Rubiales, una pequeña compañía que aprovechando la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2003, decidió invertir en Colombia. Detrás de esta iniciativa estuvieron cuatro profesionales venezolanos que, inconformes con las políticas del entonces presidente del vecino país, Hugo Chávez, migraron a Colombia para aplicar las técnicas que antes utilizaron en la estatal venezolana Pdvsa.

 

Ese 2007 marcó además un hito, porque comenzó la producción en una región que llegó a ser considerada como la nueva reserva petrolera en Colombia: Campo Rubiales, situado a 167 kilómetros del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Un campo de exploración que, gracias a las técnicas de los venezolanos Ronald Pantin, Miguel de la Campa, José Francisco Arata y Serafino Iacono, pasó de producir 25.000 barriles diarios de petróleo a perforar 71 pozos y alcanzar una producción de 230.000 barriles diarios en poco tiempo.

 

Eso explica por qué en 2008, en Canadá, se constituyó la fusión empresarial que dio lugar a Pacific Rubiales, y por qué en breve sus acciones fueron listadas en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) y después en Colombia. El auge de la compañía fue tan exitosa, que Ecopetrol llegó a participar casi con el 60% y Campo Rubiales representó el 25% de la producción diaria de petróleo en el país. En medio del boomeconómico, la compañía se puso de moda y rápidamente empezó a diversificar sus negocios en diversos frentes económicos.

 

Hacia el año 2011, mientras la petrolera reportaba más de US$500 millones en utilidades, su expansión mostraba la marca Pacific Rubiales en inversiones de oro, hierro, carbón, agroindustria y energía. Además, pronto se evidenció su poderoso músculo publicitario en importantes medios de comunicación. Llegó a adquirir el equipo de fútbol Llaneros, que hoy juega en la B, comprándole la ficha a Compensar, y hasta fue uno de los patrocinadores de la selección colombiana de fútbol en los tiempos de antesala al Mundial 2014 en Brasil.

 

Aunque en septiembre de 2011 la empresa se vio enfrentada a una investigación administrativa de la Superintendencia de Sociedades, por el registro extemporáneo en la Cámara de Comercio de varias de sus firmas subordinadas, el tema no pasó de una sanción de $100 millones, una cifra ínfima frente a sus multimillonarias utilidades, con precios internacionales del barril de petróleo por encima de los US$100. Por el contrario, la expansión continuó a tal punto que en dos años compró las compañías Petromagdalena y Petrominerales.

 

La bonanza tuvo un tope hacia mediados de 2014, cuando comenzaron a caer los precios internacionales del petróleo. Hasta ese momento la acción de Pacific Rubiales se tasaba con precios al alza y en los mercados bursátiles de Canadá y Colombia su cotización estaba garantizada. En la trasescena del poder económico, su equipo de responsabilidad social extendía a sus anchas patrocinios para todo tipo de obras o eventos sociales y deportivos. En medio de la mano larga, también proliferaron los viajes internacionales o las costosas asesorías.

 

En una empresa que llegó a tener casi medio centenar de vicepresidentes y que ostentaba una capacidad para patrocinar conciertos, programas de televisión, reinados o derrochar en exóticas fiestas con acreditados invitados, la caída de los precios internacionales del petróleo no parecía una amenaza. El único problema que afectaba su reputación eran las protestas de los trabajadores de las empresas contratistas de Campo Rubiales, que desde mediados de 2012 evidenciaron abusos laborales y vacíos en el cumplimiento de la ley.

 

Los reclamos de los contratistas llamaron la atención de los organismos de control, que además empezaron a examinar también algunos contratos de explotación petrolífera. Hasta la DIAN apareció para evaluar pagos de impuesto de renta o gravamen a las ventas. De alguna manera, tanto éxito terminó por despertar el interés de las autoridades y del periodismo independiente. Cuando empezaron los problemas económicos, ya era una compañía con operaciones en Colombia, Brasil, Guyana, Perú, Papua Nueva Guinea, Guatemala y Bélice.

 

El año 2015 marcó la curva hacia el descenso. No sólo porque los números del año anterior demostraron que la crisis del petróleo sí tocaba sus puertas, sino porque se incrementó la lupa del Estado hacia sus actividades y cuentas. La Bolsa de Valores de Colombia ordenó aumentar las garantías para hacer operaciones con acciones de Pacific Rubiales, la Superintendencia Financiera se sumó para evaluar su comportamiento bursátil y la Superintendencia de Sociedades inició un estricto monitoreo financiero y jurídico a sus operaciones.

 

A pesar de que las cifras evidenciaban una crisis anunciada, la alarma volvió a correr por cuenta de los trabajadores. Más de 7.000 contratistas de la petrolera despedidos, que motivaron la intervención del Ministerio de Trabajo. Como si fuera poco, decenas de empresas de materiales y equipos para Pacific también pegaron el grito en el cielo porque les cancelaron sus contratos, les cambiaron las condiciones o literalmente entraron en la penosa tarea de ver dilatados sus pagos o embolatadas sus facturas, con las consecuentes insolvencias.

 

A mediados del año 2015, a pesar de que Pacific respondía a los cuestionamientos argumentando un proceso de reducción de costos, manejo de pasivos, venta de activos no esenciales, reducción de personal externo o evaluación de las negociaciones con los contratistas ya era evidente la crisis. Entonces llegó a anunciarse que la empresa estaba en venta y que la firma mexicana Alfa y la empresa Harbour Energy Ltd. estaban a punto de quedarse con todas sus acciones. Pero el negocio fracasó y en cambio la compañía cambió de nombre.

 

Pasó a llamarse Pacific Exploration & Production Corp, o de manera abreviada Pacific E&P. Aunque la principal razón es que el contrato con Ecopetrol en Campo Rubiales termina en junio de 2016, la idea de sus propietarios fue reorientar su cartera de activos en crudo y gas. En el interior de la compañía comenzó a pesar la influencia de los llamados “Bolichicos”, un grupo de inversionistas encabezados por el venezolano Alejandro Betancur -cercano al gobierno del presidente Maduro-, quienes invirtieron una alta suma de dinero.

 

A pesar de que en su informe de gestión de noviembre de 2015 Pacific E&P dio un mensaje de resistencia y optimismo, con un capítulo aparte con los riesgos e incertidumbres que hoy genera su nivel de deuda, en el ámbito público, la Bolsa de Valores de Colombia reportó que la acción de Pacific había llegado al precio más bajo de toda su historia, mientras que en Canadá el tema ya era motivo de pánico entre los inversionistas. Sin embargo, Ronald Pantin, uno de sus voceros y propietarios, insiste en que 2016 comienza con una situación robusta.

 

En declaraciones a los medios, el empresario venezolano ha manifestado que la continuidad de la compañía es la prioridad, y que ello implica proteger accionistas, tenedores de bonos, acreedores y otros grupos. No obstante, ha admitido que el primer paso es renegociar la deuda financiera de la empresa para mantener liquidez en un entorno de precios bajos en el oro negro. Entre los acreedores de Pacific están HSBC Bank, el Bank of America y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior. En cifras oficiales deben unos US$700 millones.

 

En los círculos internos de la compañía, la fuente consultada lo reafirma: “La crisis no obedece a los bajos precios internacionales del petróleo, sino a los malos manejos, incluso a través de maniobras incorrectas. Por ejemplo, en un momento no hubo recepción formal de facturas a los proveedores o no se pagaron algunas que se recibieron extemporáneamente. La falta de registro de esas facturas permitieron presentar una caja positiva, pero eso no ocultó la verdad. Creo que la compañía terminará intervenida por las autoridades”.

 

Hace dos semanas, después de estar en Perú y México, llegó a Colombia a presidir la empresa el ingeniero de petróleos Camilo Valencia. Lo hizo en un momento en que cinco empresas petroleras vinculadas con Pacific E&P ya entraron en quiebra. Su desafío es como renegociar las deudas con los tenedores de bonos para recuperar liquidez. El próximo plazo para pagar intereses es este martes 26 de enero. La Superintendencia de Sociedades vigila, pero una duda crece en el ambiente: ¿qué puede pasar en Colombia si Pacific se declara en quiebra en Estados Unidos?

 

ACÁ puede consultar también la historia de Pacific Rubiales.

 

(elespectador.com)

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