La batalla política en Brasil sigue desarrollándose en el escenario judicial.

 

La decisión del juez federal Rogerio Favreto de otorgarle un habeas corpus a Luiz Inácio Lula Da Silva, que le permitiría desarrollar su precampaña electoral en libertad, es apenas una de las muchas movidas jurídicas que han de producirse en las próximas semanas.

De hecho, la decisión del Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región habría sido contestada de inmediato por otro juez, Sérgio Moro, el mismo que condenó a Lula a doce años de prisión. Moro estaría intentando  impedir que se ejecute la orden de liberación de Favreto.

En cualquier caso, la liberación de Lula mediante este recurso no significa que se haya allanado su camino hacia la candidatura, que en la práctica es la ruta de regreso al Palacio de Planalto, dada la magnitud de su liderazgo. Todavía sigue pendiente la decisión de fondo y antes de que esta se produzca, habrá muchas otras jugadas en tribunales.

 

Un largo proceso 

 

La judicialización de la política brasileña no es algo repentino. En rigor, comenzó en 2016 con la jugada político-judicial que sacó de la presidencia a Dilma Rousseff, para colocar en su lugar al neoliberal infiltrado Michel Temer. Esto ha permitido a la derecha anular las políticas sociales de la era Lula-Dilma y ha convertido a Brasil en un componente más de la operación contra Venezuela en el escenario hemisférico.

 

La segunda fase de esta ofensiva ha sido anular la opción de Lula para retornar a la presidencia, en vista de que todos los sondeos de opinión vienen indicando que sería el ganador en cualquier proceso electoral.

 

Lula fue enjuiciado por la presunta posesión de un apartamento en Guarajá, Sao Paulo, supuesto fruto del soborno de  un poderoso grupo empresarial. En el proceso no se demostró que Lula o alguien de su entorno sea propietario del inmueble o que haya vivido allí. Ni siquiera que lo haya utilizado temporalmente. A pesar de todo ello, el expresidente fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La condena fue ratificada en segunda instancia. Por esa razón, y de acuerdo con lo establecido en una ley conocida como de Ficha Limpia, se supone que Lula no puede presentarse como candidato a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre. Sin embargo, la sentencia no está firme porque aún Lula tiene posibilidades de apelar ante instancias superiores.

Las candidaturas presidenciales deben formalizarse en agosto ante el Tribunal Superior Electoral, que tiene la atribución de revisar si cumplen o no los requisitos. Se supone que el ente electoral  inhabilitará a Lula debido a su estatus judicial.

 

El TSE tiene varias semanas para realizar esta revisión. Mientras tanto, Lula seguirá siendo técnicamente el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Y será muy distinto el escenario si en ese período, si el abanderado está en las calles que si sigue tras las rejas.

 

Si el TSE (equivalente al Consejo Nacional Electoral Venezolano) anula la inscripción de Lula, su decisión puede ser apelada ante el Tribunal Supremo Federal (equivalente de nuestro Tribunal Supremo de Justicia). Esto significa que Lula podría estar todavía en esta especie de limbo jurídico cuando se realice la primera vuelta de las elecciones. Bajo esa hipótesis, se espera otra batalla legal en torno a si Lula tendrá derecho o no a aparecer en las boletas electorales.

Si Lula llega a la primera vuelta, se da por descontado que pasará a la segunda. En tal situación, continuará la pugna jurídica. Si la decisión del Tribunal Superior Federal fuera contraria a Lula, es decir, si declarara nula su candidatura luego de la primera vuelta, se vería favorecido el candidato que haya ocupando el tercer lugar en esa ronda.

 

Incluso, los abogados aseguran que podría suceder que Lula gane a la segunda vuelta y luego sobrevenga la anulación de su candidatura por el máximo tribunal. Eso obligaría  a convocar a otras elecciones en un plazo de tres meses después y a entregarle la jefatura del Estado al presidente del Congreso.

 

¿Y la calle?

 

Por supuesto que esta larga batalla judicial tiene su correlato en la situación se calle que se genera alrededor de la candidatura de Lula. Si las masas presionan lo suficiente, las decisiones de las instancias electorales y  judiciales podrían ser favorables al expresidente.

 

Varios de los escenarios judiciales descritos antes podrían tener respuestas muy contundentes en movilización de masas, especialmente si la anulación de la candidatura se produce luego de la primera vuelta o después de una victoria definitiva.

 

Algunos analistas brasileños creen que la decisión del juez Favreto podría ser precursora de un fallo anticipado del Tribunal Superior Federal que anule la sentencia de fondo contra Lula. Esto eliminaría por completo las barreras para su candidatura y, virtualmente, lo convertiría en el nuevo presidente de Brasil.

Una decisión rápida del Tribunal Superior Federal también podría ser adversa a Lula, lo que cortaría de cuajo su candidatura. En esta situación, el PT tendría que presentar a otro candidato. Entre los mencionados para este rol de «emergente» están Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, y Jaques Wagner, exgobernador de Bahía. En tal escenario, el objetivo del PT sería retomar el poder político para, eventualmente, buscar una fórmula jurídica que permita la liberación definitiva de Lula.

Podría decirse que la batalla jurídica ha tenido un momento crucial este fin de semana, pero es una telenovela a la que aún le quedan muchos episodios.

 

(LaIguana.TV)