El «affaire Benalla», por el nombre del jefe oficioso de la seguridad del jefe del Estado francés, se ha convertido en un escándalo político que mancha gravemente el discurso sobre la nueva política de moralidad y transparencia prometida por Emmanuel Macron. Toda la oposición habla ya de un escándalo de Estado.

 

Alexandre Benalla, que ostentaba el cargo de adjunto del Director del Gabinete del presidente, con 26 años, es desde la campaña electoral de 2017 el máximo responsable de la seguridad de Emmanuel Macron. El pasado 1 de mayo, cuando París vivía una de las manifestaciones más violentas del año, Benalla acudió como «observador» al despliegue policial. En un determinado momento, el guardaespaldas de Macron redujo a un joven griego que habían lanzado objetos a las fuerzas del orden. Lo hizo sin contemplaciones, pero tampoco con una agresividad exagerada. Segundos más tarde, intentó tumbar con una llave de judo a la compañera del anterior, que había insultado y dado varios cortes de mangas a los antidisturbios. Ninguno de los dos presentaba lesiones. Pero ese no era el problema.

 

Benalla no tenía ningún derecho de actuar como policía y su acción suponía un delito. Quizá nada se hubiera sabido si un manifestante no hubiera grabado la escena, que empezó a correr por las redes. No es hasta el día siguiente que los mandos policiales reconocen al fiel colaborador del presidente, a pesar de esconder su rostro con un casco de policía. Se observa además, que Benalla lucía un brazalete de las fuerzas del orden y se comunicaba con un walkie-talkie con los responsables del operativo policial. Algo a lo que tampoco tenía derecho pero que alguien le facilitó.

 

Alexandre Benalla es la persona que —aparte de su familia— ha estado más cerca físicamente de Emmanuel Macron durante los últimos dos años. El entonces candidato al Elíseo le mantuvo a su lado desde que inició la campaña electoral y le facilitó el procedimiento administrativo para ser contratado ya en el Palacio presidencial.

 

De ser un desconocido especialista en seguridad, ha pasado a convertirse en el protagonista del verano francés, hasta el punto de que la broma más extendida en las redes sociales es presentarle en una imagen al lado del jefe del Estado con el pie de foto que pregunta «quién es la persona que acompaña siempre a Alexandre Benalla».

 

La prensa desvelaba además que el «asesor» es tan especial que disfruta de un salario de 10.000 euros al mes y de un apartamento oficial junto al Elíseo, en una zona que pocos funcionarios podrían pagarse. Por cierto, en el mismo bloque que en su día vivió la amante del presidente Mitterrand, Anne Pingeot, y la hija de ambos, Mazarine.

 

Pero el presidente de Francia no se lo puede tomar a broma. Se acusa al primer mandatario del Estado de haber intentado ocultar el delito que se le reprocha a su «protegido protector». Han tenido que pasar casi dos meses (desde el 1 de mayo al 18 de julio) para que la opinión pública tuviera conocimiento de los hechos. Y fue gracias a la prensa, y en concreto al diario Le Monde, que el caso se ha convertido en el más grave problema para Macron desde que comenzó su presidencia.

 

¿Quién facilitó el brazalete, la radio y el casco al «observador» del Elíseo? ¿Por qué se le permite actuar con tal impunidad delante de las fuerzas del orden? ¿Por qué no se inició una investigación judicial hasta que los medios destaparon el escándalo? ¿Por qué el presidente aceptó una simple suspensión de quince días de empleo y sueldo, y ocultó a la Fiscalía la presunción del delito? ¿Por qué un asesor adjunto al director del gabinete de Presidencia (hay otros nueve más) tiene ventajas salariales y de vivienda? ¿Por qué la Presidencia no consideró necesario informar hasta que Le Monde publica el video e investiga el caso?

 

Impedir la investigación

 

La oposición estima que el jefe del Estado ha hecho todo lo posible para salvar a su colaborador especial. Solo cuando cedieron las barreras de un gobierno que dice luchar y que legisla contra las «noticias falsas», Macron, a través de sus colaboradores, calificó los hechos de «chocantes e intolerables».
 

A pesar de todas las dificultades impuestas por el grupo parlamentario del presidente, La República En Marcha, que cuenta con mayoría en la Asamblea y en el Senado, la oposición ha podido forzar la creación de comisiones en las dos cámaras para investigar el asunto. Y tanto legisladores como ciudadanos han asistido a una dramática comedia de vaguedades, preguntas sin respuesta o, peor, incongruencias y contradicciones entre personajes que ocupan las más altas funciones de la República.

 

Contradicciones entre los principales responsables

 

El ministro del Interior, Gerard Collomb, el socialista reformista más fan del macronismo, se deshizo en justificaciones poco creíbles para evitar la responsabilidad de su persona y Ministerio. El prefecto de policía de París (considerado como el jefe de un «Estado dentro del Estado») rechazó a su vez las acusaciones del ministro Collomb, y ambos desplazaban la responsabilidad hacia el jefe del gabinete del propio presidente, Patrick Strzoda, jefe directo de Benalla y el más apropiado para intentar apagar el fuego que cerca al Elíseo.

 

Strzoda, segundo en la jerarquía administrativa de la Presidencia, tras el secretario general, Alexis Kohler, asumió la contratación de Benalla, el permiso para asistir a la manifestación del 1 de mayo, la primera sanción (que oposición y juristas consideraron indulgente), y el despido definitivo del guardaespaldas. Pero, imitando a sus compatriotas campeones del Mundial de Fútbol, Strzoda, alto funcionario del Estado con título de prefecto, también supo echar balones fuera cuando los diputados de la oposición, desde la extrema izquierda a la extrema derecha y pasando por el centro y los conservadores, le insistían sobre las relaciones exactas entre Macron y el inculpado. Eso sí, negó el salario que se atribuye a Benalla sin mencionar la cifra exacta, pero no supo explicar, entre otras cosas, por qué a principios de julio y después de haber sido sancionado y degradado en sus funciones, a Benalla se le concedió el apartamento oficial del Quai de Branly.

 

El partido Los Republicanos ha lanzado una moción de censura a la que se van uniendo desde Marine Le Pen hasta Jean-Luc Melenchon. No tendrá éxito porque Macron y su grupo tienen la mayoría legislativa, pero para el presidente Macron supone un duro golpe a su crédito interno y exterior; a la recuperación del prestigio de la Presidencia que pretende representar; al comportamiento ético que quería ejemplarizar. Además, la oposición ha ganado una pequeña batalla. La reforma de la Constitución, uno de los empeños estelares del presidente, ha sido aplazada hasta el otoño, de momento.

 

Macron: «Benalla no es mi amante»

 

Con la opinión pública sancionando en los sondeos a Macron —6 de cada 10 franceses desconfían de él—, el inquilino del Elíseo aprovechó una fiesta de su partido para ofrecer sus primeras declaraciones: «Soy el único responsable», dijo a sus fieles. «Si quieren un responsable, que vengan a buscarme», añadió, sin que se sepa hasta el momento a quién se refería, si a los diputados de la oposición o a los periodistas. También manifestó que lo que pasó el 1 de mayo fue para él una traición. ¿Benalla le traicionó? ¿Y por qué le siguió invitando a acompañarle en viajes privados hasta que Le Monde publicó el escándalo? «Benalla no es mi amante», aclaró después de que en las redes sociales se extendieran todo tipo de rumores.

 

Los presidentes de Francia parecen recelar de sus mandos policiales y prefieren organizar su seguridad personal con individuos de su plena confianza. Emmanuel Macron no es una excepción.

 

Cierto es que «el asunto Benalla» no es comparable con los episodios protagonizados por algunos de sus antecesores. De Gaulle y sus sucesores gaullistas tuvieron su policía paralela, el SAC (Servicio de Acción Cívica), que fue responsable de asesinatos y atentados contra oponentes, entre 1960 y 1981. El ministro de Trabajo de Valery Giscard D’Estaing, Robert Boulin, apareció «suicidado» por ahogamiento en una charca de 20 centímetros de profundidad, en octubre de 1979. Boulin había descubierto un oscuro negocio inmobiliario de millones de francos. Se sigue sospechando del expresidente Jacques Chirac, que había heredado al «cerebro» del SAC, Jacques Foccart. Los «barbouzes» de Mitterrand dinamitaron el velero Rainbow Warrior, de Greenpeace, en un atentado que costó la vida a un fotógrafo portugués de esa ONG.

 

El caso Benalla no es comparable a los descritos, pero lo que desde el gobierno se presenta como un hecho aislado de un individuo pone en evidencia esa obsesión del poder por rodearse de un reducido comando de fieles. Un desprecio habitual a la Policía, a la Gendarmería y al Ejército, oficialmente encargados de la seguridad del presidente. Una práctica que puede afectar a la propia seguridad del Estado.

 

(Sputnik News)