El incremento de la violencia contra los líderes sociales colombianos es el principal reto que debe enfrentar este país para consolidar la paz alcanzada con la disuelta guerrilla Farc, dijo el jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Jean Arnault.

 

«El aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales», dijo Arnault al presentar el tercer informe de la Misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU reunido en Nueva York, en una transmisión en streaming.

 

El reporte presentado por Arnault, que comprende el periodo entre el 27 de marzo y el 20 de julio de este año, indica que los asesinatos de líderes sociales se incrementaron «notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales» que dieron como ganador al derechista Iván Duque, quien propone modificaciones cruciales el acuerdo de paz firmado con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

 

Arnault destacó que el origen de esa violencia se relaciona «con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos (…) pero también con los ataques a «los líderes sociales y étnicos en relación con la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y el reclutamiento continuo de niños».

 

De acuerdo con registros de la Defensoría del Pueblo de Colombia (organismo que vela por los derechos humanos en el país), un total de 326 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en el país tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

 

Asimismo, el reporte de la Misión de la ONU en Colombia indicó que desde agosto de 2017 han sido asesinados 51 miembros del partido político Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y que cinco más están desaparecidos.

 

La propia Farc denunció esta semana que el número de muertos supera los 60 y que 20 familiares de excombatientes murieron de forma violenta.

 

Al respecto, Arnault agregó que «el nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas».

 

El diplomático también destacó que el plan para generar oportunidades de empleo e ingresos para 14.000 excombatientes «está lejos de alcanzarse», por lo cual la administración de Duque, que asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto, deberá también hacer frente a esa situación.

 

(Sputniknews)