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En opinión del ex ministro de Industria y Comercio Gustavo Márquez Marín, la propuesta de disolución de la Asamblea Nacional venezolana, hecha por un sector del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y dada a conocer por el presidente del Partido Podemos, Didalco Bolivar, «traería para el Gobierno gravísimas consecuencias». Durante una entrevista con el medio digital Supuesto Negado, Márquez afirmó que «El costo político es que volvería a darse una elección y en esa nueva elección volvería a perder el Gobierno con una mayor proporción, se deslegitimaría muchísimo más».

 

A continuación, la entrevista, publicada en Supuesto Negado:

Gustavo Márquez Marín, ingeniero y ex ministro de Industria y Comercio destaca que el país se encuentra frente a una disputa de poder entre el Gobierno y la MUD, quienes desde sus altas dirigencias no atienden las necesidades inmediatas de la población. «Esas dos cúpulas se disputan el poder y las grandes mayorías andan luchando para sobrevivir y observan como no hay pertinencia en esos liderazgos. Entonces se ha ido conformando una gran mayoría que no se siente interpretada».

 

¿Bajo qué parámetros constitucionales podría disolverse la Asamblea Nacional?

 

– Eso está regulado por los artículos 236 y 240 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen claramente que [ello] puede ocurrir en el caso de que la Asamblea Nacional apruebe la remoción permanente del Vicepresidente [de la República] en tres oportunidades y que con una moción de censura solicite su destitución al Presidente de la República. Para que esto ocurra, debe haber una votación de las tres quintas partes, la cual posee la actual mayoría que domina la Asamblea Nacional.

 

En ese caso, el Presidente tendría la potestad de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones, pero sólo en ese caso, no hay ninguna otra posibilidad, porque eso es taxativo en la Constitución.

 

Yo particularmente pienso que este mecanismo estaría prácticamente negado desde el punto de vista político, porque seguramente la mayoría de la Asamblea Nacional está consciente de lo que establece la Carta Magna y tomará sus previsiones. Además, ya hay una experiencia concreta: cuando se produjo una censura del ministro de Alimentación y el presidente Maduro decidió no acatar la censura con remoción que tomó la Asamblea Nacional, hecho que, por lo demás, es inconstitucional porque está obligado tal y como lo establece la Constitución.

 

La única salida es el respeto a la Constitución, aquí no hay otra salida y requiere que si hay confrontación debe impulsarse un diálogo, un diálogo real de cara al pueblo.

 

¿Cuáles serían las posibles consecuencias si se disuelve la Asamblea Nacional?

 

– Esto traería para el Gobierno gravísimas consecuencias porque, definitivamente, convocar a unas nuevas elecciones implicaría quizá tener un resultado electoral mucho más adverso que el que obtuvo el 6 de diciembre. Eso es lo que se puede pronosticar a partir de las encuestas, los sondeos de opinión y, sobre todo, la encuesta de la calle que es la más importante, donde está claro que ha venido deteriorándose progresivamente la popularidad y legitimidad del Gobierno como consecuencia del mal manejo de la situación económica y social que estamos viviendo y que afecta enormemente al pueblo, especialmente por el tema de la escasez y de la hiperinflación que está en marcha, que ha corroído el salario, el ingreso de la familia venezolana, colocándolos en una situación deplorable, donde, por supuesto, los más pobres son quienes más sufren.

 

En general, hay una situación sumamente difícil que no ha sido abordada con la urgencia, propiedad y eficiencia que requiere, ya que el Gobierno fundamentalmente se ha orientado a atacar los efectos y no las causas del problema, lo que ha causado que se agrave la situación.

 

¿Ese sería el costo político para el Gobierno Bolivariano si llegase a concretarlo?

 

– El costo político es que volvería a darse una elección y en esa nueva elección volvería a perder el Gobierno con una mayor proporción, se deslegitimaría muchísimo más y quedaría atrapado porque no se puede sostener un Gobierno (aun cuando tenga la legalidad que tiene desde el punto de vista constitucional), si no hay una legitimidad real, es decir, si el pueblo venezolano no lo quiere, y eso sería lo que estaría planteado en una elección de ese tipo. Porque o es la oposición o es el Gobierno, o es la Asamblea Nacional o es el Gobierno y si la votación favorece a quienes tienen la mayoría, eso va a ser muy duro.Cuando digo la mayoría no me refiero solo a la MUD, sino a todos aquellos sectores que en este momento son críticos frente a las posiciones que viene asumiendo el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis.

 

¿Habría algún quiebre en las relaciones con otros países si se disuelve la AN?

 

– Si llegase a dispararse ese mecanismo dentro del marco constitucional no tiene que haber ningún quiebre en las relaciones de Venezuela con otros países. Sería muy diferente si se disuelve la Asamblea Nacional por decreto, fuera del marco constitucional, estaríamos frente a un golpe de Estado.

 

¿Cuál considera que sería la reacción del pueblo ante este hipotético escenario de disolución de la AN?

 

– Es importante destacar que estamos en un escenario nuevo, no se pueden sacar cuentas planteando que la polarización se mantiene, es decir, la opinión nacional ya no está dividida sólo en dos bloques: la que está representada en el Gobierno Nacional y la que está representada en la MUD.

 

Lo que viene reflejándose en los escenarios que se logran percibir -a partir de monitoreos de opinión y en la encuesta de la calle- es que realmente estamos frente a una disputa por el poder entre dos cúpulas: la del Gobierno y la de la oposición de la MUD, y [mientras hay] un pueblo expectante que está angustiado, que está viviendo una situación difícil, que está sufriendo los rigores de una escasez y de una situación en el sistema de salud y alimentación muy seria, que no ve perspectivas de que pueda mejorarse porque no se están tomando medidas y observa como estas dos cúpulas hacen un debate exclusivamente político en la disputa por el poder.

 

Eso se evidencia concretamente en el lado de la oposición en el hecho de, que a pesar que ha intentado en reiteradas oportunidades convocar movilizaciones populares, no ha tenido éxito. Si bien logró recoger una cantidad de firmas para el revocatorio, no ha logrado canalizar el descontento de la población a través de su propio liderazgo, porque hay grandes desconfianzas en ese liderazgo, que en lugar de encabezar el reclamo para las soluciones a la crisis, en lugar de hacer propuestas pertinentes, se ha dedicado exclusivamente desde el primer día a sacar a Maduro de Miraflores. Ese es su único objetivo, pero no hace propuestas, no desarrolla, no se despliega en función de la solución de los problemas inmediatos de sobrevivencia que tiene la población venezolana. Ese es un liderazgo que está desgastado y además fragmentado.

 

Del lado del Gobierno está pasando lo mismo, hay un esquema donde se plantean falsas soluciones, donde no se le habla claro al pueblo acerca de la situación que estamos viviendo y, sobre todo, no se establece un plan para superar la crisis privilegiando los intereses de los trabajadores y de las grandes mayorías. Digo esto porque se está privilegiando el pago de la deuda, que es bastante cuestionable, porque se contrajo a partir de la adquisición de divisas, en muchos caos, fraudulenta, como lo han denunciado altos funcionarios del mismo Gobierno y el propio presidente Maduro lo ha reconocido, mientras no hay divisas para importar medicinas ni alimentos.

 

Lo que ocurrió el 6 de diciembre fue la expresión de esa mayoría que no se identifica con el Gobierno ni con la oposición representada en la MUD: allí se expresó el sector afín a la oposición y el sector afín al chavismo y al Gobierno. Del lado de la oposición votaron pensando que iba a ser una gestión para abordar la crisis y buscar mecanismos de entendimiento con el Gobierno, y del lado del chavismo hubo 2 millones de personas chavistas que no acudieron a las urnas a votar, se abstuvieron y eso determinó el triunfo de la oposición.

 

El escenario político ha cambiado. La crisis misma que estamos viviendo, que no es solamente una crisis económica por la caída de los precios del petróleo sino que es una crisis como consecuencia de una gestión ineficiente, de la corrupción que ha minado las bases mismas de las instituciones y la estructura social, de errores importantes en política económica (como haber mantenido un modelo de control de cambio que solo ha beneficiado a las mafias y a los especuladores, creando una economía paralela que hoy día es superior a la economía real), ha desencadenado el peor de los escenarios que es un ajuste peor que cualquier ajuste neoliberal; no hay gobernabilidad, no hay equilibrio. Aquí estamos en la ley de la selva donde la única lógica que hay es una especulación rapaz que ha destruido en buena medida los logros sociales de la Revolución Bolivariana.

 

¿Se debilita o cobraría más fuerza la oposición venezolana al disolverse la AN?

 

– Yo lo que pienso es que no vale la pena hacer este tipo de ejercicios porque es un escenario muy poco probable. No es probable políticamente, pero legalmente sí, pero pasaría porque el Presidente reconozca las destituciones. Es difícil que ese sea el camino porque tendría que desandar su propio camino.

 

Ahora, asumiendo esa situación… realmente nosotros en Venezuela no tenemos cultura de eso, sería inédito. En una situación como esa lo que podría plantearse es quizá nuevos escenarios, donde surjan nuevas fuerzas y nuevos factores que se expresen en unas elecciones y que reflejen el verdadero escenario político que hoy existe, que no es el mismo que el 6 de diciembre, a solo 6 meses.

 

Se ha creado un nuevo factor, que constituye la gran mayoría, que no se siente expresada ni en el liderazgo del Gobierno ni en el liderazgo de la oposición, que considera que ambos liderazgos no han sido capaces de abordar la crisis y las soluciones o, por lo menos, apuntar hacia una solución, porque sabemos que no es fácil tener soluciones inmediatas ante una crisis estructural del modelo rentístico petrolero, minero extractivista.

 

¿Cómo vislumbra esa disputa entre la Asamblea Nacional y el TSJ, y entre la Asamblea Nacional y el CNE -que son poderes tan importantes del Estado como la propia AN-?

 

– Ante una situación tan compleja todos tenemos que respetar la Constitución, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia (…) Aquí, en el fondo, ha habido una postura de la MUD que al obtener esa mayoría calificada en la Asamblea Nacional, al tener el control de la Asamblea, se asumieron como una especie de Poder constituyente que está por encima de los otros Poderes del Estado, pero no son un Poder constituyente, son simplemente la Asamblea Nacional que tiene unas funciones muy importantes, que tiene una legitimidad, no hay duda, como la tienen también los otros Poderes dentro del marco constitucional.

 

Márquez explica que uno de los grandes errores de la oposición es atacar al CNE, «porque esa es la base de la democracia venezolana, yo le tengo un gran respeto al Consejo Nacional Electoral, a su profesionalidad, a su equilibrio y lo ha demostrado en 20 elecciones, que cuando ha ganado la oposición le ha dado el triunfo como pasó recientemente, que además ha desarrollado una plataforma tecnológica, que cada elección tenga más confiabilidad para el elector y así lo siente el pueblo venezolano. No es como en la Cuarta República que acta mata voto y se cambiaban los resultados electorales».

 

El error está en que esta gente que se instala el primer día en la AN y el propio presidente de la Asamblea Nacional, en el acto de instalación, dice que va a destituir y que hay que sacar a Maduro en 6 meses. Ahí planteó una confrontación y una situación de ruptura que ha desencadenado todo lo que estamos viviendo, dimes y diretes, donde está involucrada una polarización y una crisis institucional: por un lado, el Tribunal Supremo dicta una sentencia para la AN y la AN no lo reconoce; por otro lado, la AN dicta una Ley y el Gobierno no la reconoce. Esto es muy grave porque se da en el marco de una crisis social y económica que está afectando al pueblo venezolano.

 

(Aporrea/supuestonegado.com)

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