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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó este 6 de julio la prolongación hasta 2019 de la providencia de sanciones dirigidas hacia funcionarios del Gobierno venezolano por supuestamente estar enlazados en actos de corrupción y quebrantamientos en los derechos humanos.

 

La ley había logrado la aprobación del Senado, posteriormente iría a despacho del jefe de Estado Barack Obama, el cual tiene pronosticado refrendar el Acta de Extensión del 2016 para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, con el objetivo de transformarla en ley, publicó el diario Nuevo Herald.

 

“En la medida que el despreciable régimen (venezolano) continúa violando los derechos de su propio pueblo, es nuestro deber como país seguir haciendo todo lo que podamos para enfrentar la catástrofe en la que se ha convertido Venezuela”, declaración que emitió el senador Marco Rubio en un correo electrónico y que citó el medio.

 

Mientras que la congresista Ileana Ros-Lehtinen, destacó que la legislación le brindará a la administración estadounidense los mecanismos para continuar asistiendo a la ciudadanía venezolana.

 

“Como el pueblo venezolano no tiene libertad, protesta por la falta de comida y cosas necesarias, y vive en una economía que se sigue deteriorando, tenemos que seguir presionando a los opresores mediante congelar activos y prohibir las visas de los violadores de derechos humanos que forman parte del régimen de Maduro”, explicó la congresista.

 

Agregó: “A la vez que enviamos esta legislación a la Casa Blanca para que sea firmada, una vez más insto al presidente Obama a que añada más nombres a la lista de las personas sancionadas para luchar a favor de la democracia en Venezuela”.

 

De igual manera, el demócrata Bob Menéndez, quien respalda la ley convocó a las jefaturas del continente a “adoptar medidas similares para presionar al gobierno de Maduro y apoyar juntos a la sociedad civil venezolana”.

 

En contexto:

 

Cabe acotar, que para el pasado 10 de diciembre del 2014 el Congreso norteamericano había aprobado sanciones a funcionarios venezolanos. Seguidamente, el mandatario Obama las revalidó el 18 de diciembre y para marzo del 2015 formuló un precepto ejecutivo donde declaró una “emergencia nacional” por suponer como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”.

 

En el documento, además se sancionó a 7 funcionarios castrenses, judiciales y policiales de Venezuela por aparentemente violar derechos humanos y políticos. El decreto establece la interrupción de visas y la inmovilización de bienes en Estados Unidos.

 

Según Washington, estos funcionarios habrían estado enlazados a actos de transgresión a los derechos fundamentales ciertamente por contener en febrero y mayo del 2014 la maniobra desestabilizadora “La Salida” en el que murieron 43 ciudadanos degollados, con disparos entre otros.

 

Ante el precepto imperial e injerencista, Venezuela llevó a cabo una campaña nacional e internacional que denominó “¡Obama deroga el decreto ya!”Donde más de ocho millones de personas firmaron contra un decreto estadounidense. Además, esta iniciativa contó con el apoyo de numerosos movimientos sociales, mandatarios, intelectuales, artistas que manifestaron un respaldo contundente.

 

Igualmente, para marzo del 2016, Obama, emitió una orden de continuidad de un año de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, en que apuntó que, “la situación no ha mejorado” y “el Gobierno (venezolano) continúa erosionando las garantías de los derechos humanos”.

 

(LaIguana.TV)