Una estela de interrogantes ha dejado la sentencia emitida por Leonard P. Stark, juez federal de los Estados Unidos (EEUU), autorizando la incautación de Citgo Petroleum Corporation, propiedad de Pdvsa, con el fin de cumplir con pagos pendientes de la República a la empresa canadiense Cristallex International Corporation, por derechos mineros perdidos en territorio venezolano.

 

La información fue publicada inicialmente por el Wall Street Journal (WSJ). Lo cierto es que tal decisión pone en alerta a los demás acreedores de Pdvsa y del Gobierno venezolano. Una de las preguntas que sobreviene en torno a esta sentencia es, ¿Pdvsa corre el riesgo de perder su activo más grande en territorio estadounidense?

 

La decisión, a decir de Félix Roque, asesor de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tiene una grave afectación para el Estado venezolano.

 

“Al incautarse bienes e ingresos monetarios de Citgo, se priva al país de una aportación importante que la empresa venía haciendo de manera regular a la República. Se trata de una decisión que desconoce el origen primigenio del conflicto”. Recuerda el asesor que el Estado venezolano había llegado a un arreglo por alrededor de mil millones 200 mil dólares y que se estaba en proceso de negociación para su implementación en el marco de las normativas de arbitraje internacional.

 

Seguramente, agrega Roque, los abogados de Citgo harán oposición a la medida y solicitarán su suspensión o su levantamiento, todo en el marco de la soberanía del Estado venezolano, tal como lo establecen los artículos 1, 5, 11, 15, 130, 299, 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

(Ciudad CCS)