La administradora y el vendedor de una tienda de telas ubicada en La Candelaria, Caracas, fueron detenidos este viernes 24 de agosto durante un procedimiento de verificación de precios, luego de que la Policía Nacional Bolivariana y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) comprobaron que el establecimiento era usado como fachada para vender combos de alimentos regulados.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó a través de sus redes sociales que los funcionarios actuantes inspeccionaron el lugar tras recibir denuncias de ciudadanos.
Al proceder, hallaron más de 140 combos que incluyen alimentos producidos por empresas del Estado, cuya distribución está reservada para los programas de protección social, sin fines de lucro. Los responsables vendían los combos a través de transferencias bancarias porque “el punto de débito no estaba funcionando bien”, según aseguran los empleados.
La dama que se identificó como administradora del local comercial aseguró que no conocía la procedencia de los alimentos y que estaba en espera de la llegada del dueño, pero este nunca se presentó en lugar, a pesar de ser notificado sobre el procedimiento y de saber que sus dos empleados serían detenidos.
La Sundde verificó que los dueños de “Ambrosina Textil” han estado vulnerando al menos cinco artículos de la Ley Orgánica de Precios Justos: 32 (margen máximo de ganancia); 51 (especulación); 57 (reventa de productos de 1ra. necesidad); 63 (alteración fraudulenta de precios) y 62 (alteración de bienes y servicios).
Los combos serán distribuidos a través del Clap que opera en el sector, adyacente a la esquina Ferrenquín.
Posible “guarida” de carteristas
“Este negocio también era usado como fachada para que delincuentes ‘descargaran’ carteras hurtadas. En el lugar se encontraron cédulas, tarjetas bancarias, carnets y otras pertenencias de diversas personas”, agregó Reverol al reportar el suceso.
La PNB investiga para determinar si, además de los delitos relativos a la Ley de Precios, los empleados también han sido cómplices en el delito de robo y hurto contra personas.
“Continuaremos defendiendo las medidas de recuperación económica y el derecho de nuestro pueblo a vivir en paz”, precisó Reverol.
(Panorama)
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