El nuevo gobierno de Iván Duque ya trabaja en su oferta de modificar el acuerdo de paz logrado entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El día de su investidura como presidente, Duque prometió no solo modificar el pacto con la guerrilla, que en su opinión tiene «fallas estructurales», sino que además evaluará los diálogos que se sostienen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Cumpliendo con esa promesa, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reveló en Estados Unidos que las modificaciones apuntan a cuatro aspectos, informó HBS Noticias:
1. Modificación de la conexidad entre la rebelión, el secuestro y el narcotráfico.
2. Que los exguerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad no puedan asumir cargos políticos.
3. Los excombatientes que continúen con actividades relacionadas con tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico perderán los beneficios procesales.
4. Erradicación de cultivos de carácter obligatorio.
Cultivos
A Diana Nocua, activista colombiana por los derechos humanos, le llama la atención que el anuncio se realizara desde Estados Unidos. «Eso tiene una intencionalidad. Es la pretensión de mostrarle al gobierno de Donald Trump que no tienen de qué preocuparse en relación con los cultivos y la erradicación forzada», apunta la activista.
Nocua se refiere al cuarto punto de la propuesta del gobierno que, en su opinión, desmontará el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), surgido de los acuerdos entre Santos y las FARC.
En Colombia, señala, esa calificación de obligatoria para la erradicación de cultivos ilícitos, «traduce que se realizará de manera violenta y abrupta, y empleando glifosato. Lo que arruinará los cultivos de ‘pancoger’ (cultivos que satisfacen necesidades alimentarias), y la propia sobrevivencia de los campesinos».
Hoja de coca
Decir cultivos ilícitos en Colombia, es hablar de la hoja de coca. Plantaciones que representan también una realidad inocultable para esta nación latinoamericana.
Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), Colombia alcanzó para 2017, la cifra récord de 209.000 hectáreas sembradas.
Para Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, «la hoja de coca logró sustituir a los cultivos de ‘pancoger’, porque hay una ausencia de políticas públicas» para el campesinado colombiano.
El también activista por los derechos de los migrantes indica que estos cultivos forman parte de una «economía irregular que lleva muchos años aportando al desarrollo financiero de Colombia».
No obstante, precisa que cuando Venezuela aplique la medida de aumentar los precios de la gasolina, «se originará en Colombia un déficit de millones de dólares, generados por ese negocio ilegal».
Delitos conexos
Quizá la modificación referida a conexidad entre los delitos de rebelión, narcotráfico y secuestro, sea la que genera mayores polémicas.
Según el gobierno colombiano, se buscará que no exista, hacia el futuro, tal conexidad. Un término jurídico que, el diccionario de derecho Lawi, define como «la estrecha relación entre dos o más procesos, por lo que la resolución que se dicte en uno de ellos, influye en los demás».
Ciado por el diario El Tiempo, Guillermo Rivera, exministro del interior, aseguró que actualmente esa conexidad no existe en la legislación del país.
En su cuenta Twitter, el exministro se dirigió al nuevo comisionado de paz, Miguel Ceballos, publicando la imagen del texto de la reforma constitucional que trata esa materia.
Pero más allá del debate entre el gobierno saliente y la nueva administración, la activista Diana Nocua cree que detrás de la propuesta sobre la conexidad se esconde «un arma de doble filo».
Añade que «para el caso de las insurgencias», lo que se persigue es «equiparar su accionar con el de las bandas criminales, restándole peso a los móviles políticos que los han llevado a tomar parte en el conflicto armado».
No en vano, asegura Nocua, «el expresidente Álvaro Uribe siempre ha querido negar que existen las motivaciones políticas en el conflicto armado colombiano, equiparando la rebelión con el terrorismo».
Pareciera, dice, que cuando proponer eliminar la conexidad, el nuevo gobierno «desconoce el sistema integral (de justicia) creado tras el acuerdo de paz».
Poderes
Ahora bien, que sea el gobierno quien plantee una modificación al acuerdo desde suelo estadounidense, puntualiza Juan Carlos Tanus, es una evidencia de las «tensiones actuales entre los factores hegemónicos del poder en Colombia».
El director de la organización de migrantes cree igualmente que Estados Unidos «debe estar revisando a profundidad el impacto que tendrá el alza de gasolina en Venezuela, frente a los costos de producción del alcaloide (cocaína) en Colombia».
Aseveró que «cerca del 82% de la gasolina empleada en los laboratorios de procesamiento de la hoja de coca, se contrabandea desde Venezuela».
La decisión de Nicolás Maduro de subir el precio interno de la gasolina a niveles internacionales, para contrarrestar el contrabando hacia Colombia, impactará en el aumento de los precios de la cocaína que se exporta a Estados Unidos, «que por años se ha beneficiado de los bajos precios del combustible venezolano», afirma Tanus.
Según el director de Colombianos en Venezuela, «esa es la razón por la que el gobierno de Duque intenta relacionar al narcotráfico con los delitos de rebelión y secuestro».
Por otro lado, considera que el mandatario colombiano «debería cumplir su promesa de campaña y poner a las víctimas como centro de la acción del Estado».
Diana Nocua concluye que, «en síntesis», las 4 reformas que el gobierno aspira aplicar al acuerdo de paz, solo «buscan limitar la participación política de los exguerrilleros».
(RT)
