Desde hace dos meses el Consejo de Estado venía estudiando la posibilidad de declarar nula una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos nexos con las Farc. Este martes 9 de agosto la Sala Plena le dio la razón a Piedad Córdoba y tumbó el fallo que la dejaba por fuera de la política durante 18 años.
Aunque para la exsenadora la Corte Constitucional ya le había negado una tutela con la que intentó tumbar su caso, 17 magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado fueron los que le dieron la razón a Piedad Córdoba. El magistrado William Hernández fue el encargado de presentar el proyecto de fallo en el que se argumentaba que en el proceso disciplinario el Ministerio Público incurrió en una falla en la valoración de los elementos probatorios.
Según el Consejo de Estado, la Procuraduría cometió el error de validar las pruebas que se recogieron del computador del abatido jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”, pues los documentos habían sido declarados como prueba nula por la Corte Suprema de Justicia. El magistrado William Hernández recordó que la cadena de custodia de ese material probatorio había sido violada por lo tanto los archivos que demostrarían los nexos de Piedad Córdoba con las Farc carecían de veracidad.
El 27 de septiembre de 2010 se conoció que el procurador Ordóñez había destituido a Córdoba, entonces senadora, y la había inhabilitado por 18 años para ocupar cargos públicos. La razón, según el organismo de control: “por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, Farc”.
Para ese año, Córdoba era reconocida especialmente por su trabajo de mediación ante las Farc para liberar secuestrados, aunque su cercanía con personajes como el presidente venezolano Hugo Chávez era frecuentemente criticada. Gracias a su gestión, víctimas en poder de la guerrilla como Sigifredo López, Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas, así como militares y policías, recuperaron su libertad.
La Procuraduría, sin embargo, insistió en que las acciones de Córdoba iban mucho más allá de una mediación humanitaria. Señaló haber establecido “con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”.
Para el Consejo de Estado, sin embargo, primó lo que se sabía desde 2008, cuando Raúl Reyes murió mientras su campamento era bombardeado por la Fuerza Pública colombiana: que las pruebas del computador de Reyes no eran válidas. Para 2010, cuando Córdoba fue sancionada por Ordóñez, la invalidez de esas evidencias era clarísima. Le tomó seis años que un alto tribunal reconociera que ella, y no Ordóñez, tenía la razón.
La razón por la cual Córdoba no puede volver aún al ruedo político es porque permanece una segunda sanción disciplinara en contra de ella: 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos porque, según la Procuraduría, le entregó $25 millones a un candidato a la Cámara de Representantes. Esa acción, según el organismo de control, se trataba de participación indebida en política. Para Córdoba, hacía parte del repertorio de «sevicia» del procurador en contra de ella.
