Aun cuando en medio del asedio a Venezuela la frontera no ha dejado de ser un territorio caliente en cuanto a sabotaje y mafias vinculadas al contrabando de gasolina, las últimas semanas se han caracterizado por la intensificación de acciones de caos e inestabilidad que buscan perjudicar el nuevo esquema de distribución y venta de la gasolina venezolana.

 

Un nuevo esquema de distribución para evitar el contrabando

 

Hace ya más de 30 días el presidente Nicolás Maduro anunció la decisión de cambiar el modo de subsidio de la gasolina para evitar su contrabando hacia Colombia. Se trata de la puesta en marcha del sistema BioPago a través del Carnet de la Patria para su cobro en todo el país.

 

El jefe de Estado ha detallado el funcionamiento de este sistema, que ya arrancó a inicios de septiembre en 43 municipios de los estados fronterizos Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia. Dijo que permitirá «acabar con el contrabando de la gasolina y los hidrocarburos, además de modernizar las estaciones de servicio».

 

Recalcó que se generan pérdidas de al menos 10 mil millones de dólares por el contrabando de extracción principalmente hacia Colombia. Con este nuevo sistema se llevará un registro sobre quién, cómo y cuándo consume combustible en cualquier parte del territorio venezolano, así como la cantidad de litros adquiridos por su portador.

 

En otras alocuciones, Maduro ha enfatizado que el precio de la gasolina en las estaciones del país se hará a precio internacional, «y se venderán a precio internacional fluctuante» para las personas que no cuentan con el Carnet de la Patria, quienes podrán utilizar cualquier forma de pago electrónica, como tarjetas de crédito de diferentes instituciones financieras.

 

Las mafias reaccionan

 

Sin embargo, las reacciones in situ por parte de los principales afectados, las mafias vinculadas al contrabando de gasolina, no se han hecho esperar. Largas colas se reportan desde los estados fronterizos como Táchira y Zulia, hasta en Trujillo, Lara y Barinas las estaciones de servicio están trabajando de manera intermitente debido a los apagones. El constante sabotaje al sistema eléctrico ha producido el retraso de las distribuidoras para cargar el combustible como San Lorenzo y Bajo Grande del estado Zulia.

 

El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, ha indicado que bandas como «Los Pichones», dedicadas al sabotaje eléctrico, operaban de manera articulada con mafias colombianas. Se comunicaban a través de radios portátiles, usaban embarcaciones para salir por el Lago de Maracaibo hacia la población de Santa Cruz de Mara y empleaban vehículos para cruzar la frontera con Colombia.

 

El General de División Dilio Rafael Rodríguez Díaz, Comandante de la ZODI Zulia, informó a comienzos de septiembre que, debido a los «sabotajes en el sistema eléctrico de la región», no se ha podido establecer en su totalidad la conexión necesaria para la distribución automatizada del combustible. Agregó que se han priorizado el sistema en las 37 estaciones de servicio fronterizas, donde más se incurre en el delito del contrabando de gasolina hacia Colombia.

 

«Había un tema muy técnico, que es un problema de la plataforma (…) el sabotaje al sistema eléctrico, ha afectado esa capacidad tecnológica, estamos trabajando y ya se ha restablecido la conexión cerca de un 60%», especificó.

 

Sabotaje y pánico inducido

 

A comienzos de 2017, cuando el gobierno venezolano implementó estaciones de servicio internacional en la frontera para la venta en moneda convertible, el gobierno de Juan Manuel Santos prohibió el paso de vehículos colombianos desde Arauca, Cúcuta y La Guajira a Venezuela para abastecerse de combustible.

 

En días recientes, dichos expendios no han sido habilitados, ha habido tropiezos y retrasos en la venta debido a la escasez inducida por el sabotaje eléctrico, pero también ha aumentado la migración de vehículos colombianos hacia Venezuela. Esto ha propiciado un caos en el que las bombas no pueden abastecer el elevado parque automotor.

 

Usuarios de la zona han reportado, vía redes sociales, que existen nexos entre la demora en las estaciones de servicio y las bandas que trafican gasolina. En días previos a la implementación definitiva del sistema BioPago, los dueños de vehículos pasan noches y días enteros frente a las estaciones de servicio para lograr adquirir gasolina mientras distintos actores locales se han prestado para intensificar esta situación agudizando el contrabando.

 

No ha faltado la participación de medios privados y actores políticos como la gobernadora del estado Táchira (de tendencia opositora), Laidy Gómez, en la creación de zozobra. Para ello algunos portales han titulado que es el nuevo sistema de venta de gasolina el que ha dado problemas en Táchira y Zulia, y ya hablan de protestas mientras la gobernadora argumenta que «el 90% de la población vive del contrabando, y no sólo de combustible, sino de cualquier producto que represente ganancia; y si mañana no se puede pasar gasolina, será cobre o arroz, o cualquier otra cosa, porque ese se convirtió casi en el único modo de vida de estos pueblos de frontera». A esta campaña se han sumado otros actores económicos de la región fronteriza.

 

Algunos datos del negocio, más que pimpinas

 

Lo cierto es que el reacomodo de las mafias ante esta nueva realidad pasa por el intento de crear un caos social en la frontera que perturbe el avance del nuevo esquema de venta del combustible.

 

Hablar de la «nueva realidad económica» de las mafias gasolineras no es un despropósito cuando se evalúan las pérdidas que les ocasionaría el nuevo esquema de venta.

 

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Colombia estima que a los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y Vichada ingresan ilegalmente unos 20 mil barriles diarios de gasolina (600 mil mensuales), e informan que desde 2015 hasta la fecha, han decomisado más de 2 millones de galones de hidrocarburos en el país, 41% de ese total en La Guajira, frontera con el estado Zulia.

 

Se trata de un negocio en el que, solo por el Zulia, transitan caravanas de hasta 150 carros llenos de gasolina por unos 200 caminos ilegales (trochas) que llegan hasta Maicao, departamento de La Guajira, donde el precio del galón aumenta hasta 3 mil 700 veces su valor. Tras la desmovilización (o metamorfosis) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nuevos carteles se han apoderado del negocio y el territorio.

 

Las ganancias diarias en Maicao pueden llegar a unos 3 millones de dólares cruzando unos 25 carros en cada trocha, mientras que en Cúcuta solo una cooperativa como la Multiactiva de Pimpineros del Norte (COOMULPINORT) tiene capacidad para contrabandear mensualmente alrededor de 15 millones de litros de gasolina desde Venezuela (no 600 mil) y han llegado a almacenar hasta 1 millón 600 mil galones en un solo espacio.

 

Según la Fiscalía General colombiana, para obtener un kilo de clorhidrato de cocaína, los grupos del narcotráfico necesitan utilizar en el proceso unos 166 galones de gasolina. En el municipio Tibú, del Norte de Santander, se han hallado esta misma semana refinerías ilegales con 3 mil galones de gasolina obtenida artesanalmente lista para ser empleada en el procesamiento para obtener el insumo conocido como «pategrillo», y posteriormente ser llevado a los laboratorios como gasolina, esto con pocos días de haberse implementado el nuevo esquema de distribución en Venezuela.

 

Cabe preguntarse cómo será el negocio en la frontera si en municipios como Barbacoas (Nariño), lejos de la frontera con Venezuela, casi se triplicó el número de hectáreas sembradas y el narco tiene registrados 4 mil 709 carros. En este municipio se vendieron el año pasado 3.4 millones de galones de gasolina, 1.4 millones más que hace dos años. Hoy se cultiva en Colombia seis veces más coca de la que había en la época de oro de Pablo Escobar.

 

Parapolítica colombiana: beneficiaria del contrabando

 

Ya hemos mencionado cómo se beneficia la oligarquía colombiana del contrabando de combustible desde Venezuela. Aun cuando se pudiera pensar que se trata de un negocio de familias humildes sobreviviendo a una economía de extremismo neoliberal, se trata de un entramado financiero en el que el mismo Estado colombiano percibe ganancias al cobrar impuestos a los pimpineros en los llamados «Puntos de Recolección», legado de Álvaro Uribe, cuando en 2006 resolvió legalizar el combustible que entra irregularmente al país bajo la figura de «formalización».

 

El 80% del contrabando gasolinero es distribuido por la empresas Vetra, Pacific Rubiales y Petromagdalena, cercanas al uribismo. Junto a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, comercializan como propia la gasolina venezolana y generan diariamente millones de bolívares para financiar el golpe económico en Venezuela.

 

Antes de lograr un acuerdo interno respecto a la intervención militar contra Venezuela que propugna su mentor Uribe, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha apostado a fortalecer los mecanismos de extracción de combustible, en tanto es una forma de ganar tiempo ante el caos social que representaría el cese del contrabando de gasolina hacia el oriente colombiano.

 

Por ello ha nombrado como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a un experto en el área, el ex gobernador del Norte de Santander, Luis Miguel Morelli. Como apuntara la gobernadora del Táchira, es mucha la población fronteriza que vive de la extracción de la gasolina, por lo que es obvio decir que son muchos los intereses que apuestan a que fracase el nuevo esquema de distribución.

 

La gasolina venezolana vendida en Colombia dinamiza la producción de cocaína y genera el dinero con el que se financia el dólar paralelo, las bandas paramilitares, el contrabando de efectivo y de alimentos, además del entramado financiero que compra funcionarios en todos los niveles de un Estado fallido como Colombia. Regularizar la venta de combustible venezolano implica debilitar los insumos que dan sustento a un importante sector de la oligarquía colombiana.

 

Para esos sectores que viven de la guerra y el narco, y que coexisten con poderes económicos estadounidenses, se hace vital garantizar el control del occidente venezolano para mejorar el corredor del narcotráfico, así como del petróleo y la gasolina, un recurso imprescindible para la elaboración de la cocaína y su transporte. Es por esto que no extrañará ver un incremento en las provocaciones, tanto en lo militar como en declaraciones desesperadas de voceros como Luis Almagro, Iván Duque y Álvaro Uribe.

 

(Misión Verdad)

Artículos relacionadosMás del autor