El Gobierno de Venezuela anunció el pasado viernes la aplicación de una medida administrativa que previene de renovar la autorización para permanecer legalmente en territorio venezolano a la ciudadana ecuatoriana Cynthia Viteri y su comitiva.
El recurso no afecta solo a la precandidata presidencial de Ecuador sino también a su comitiva, compuesta por el exalcalde ecuatoriano Carlos Falquez, la concejal Susana González Rosado, el asambleísta Henry Cucalón Camacho y el director del Partido Social Cristiano de Guayaquil, Vicente Taiano Basantes, entre otros. Todos ellos han sostenido reuniones con líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desde su llegada al país.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión se ampara en el artículo 39, numeral 4 de la Ley de Migración y Extranjería que establece que todo aquel que “comprometa la seguridad y defensa de la Nación, altere el orden público o esté incurso en delitos contra los DDHH, Derecho Internacional Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales” será expulsado de la República.
A continuación, el documento:
La República Bolivariana de Venezuela informa a la opinión pública nacional e internacional que, conforme a las facultades establecidas en el artículo 39, numeral 4 de la Ley de Migración y Extranjería así como en las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, decidió la aplicación de una medida administrativa de extinción de la autorización para permanecer legalmente en el territorio venezolano de la ciudadana ecuatoriana Cynthia Viteri, extensiva a su comitiva.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores destaca que todo ciudadano extranjero admitido en el territorio nacional debe abstenerse de participar en actividades contrarias a las leyes de la República. En ese sentido, debe observar absoluto respeto por las autoridades e instituciones nacionales así como por el pueblo venezolano.
La ciudadana Cynthia Viteri y su comitiva realizaron actividades proselitistas y desestabilizadoras en un país soberano, expresamente prohibidas por las normas migratorias venezolanas, e interfiriendo flagrantemente en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, en función de lo cual se aplicó la normativa correspondiente.
El Estado venezolano, garante de la paz y la seguridad nacional, hará valer los mecanismos constitucionales contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para preservar la soberanía e integridad de la Nación.
Caracas, 26 de agosto de 2016
(LaIguana.TV)
