En la primera parte de esta entrega caracterizamos algunas nociones que estimamos básicas. Tales como que Venezuela es un país donde existe una población inmigrante considerable y las diferencias que el Derecho confiere a las personas que se encuentran en territorio extranjero.

 

También referimos algunos datos para contextualizar en los que incluimos el cambio de las políticas regionales que derivan de la destrucción de los foros multilaterales latinoamericanos o la exclusión de Venezuela de ellos, así como la dimensión económica que tiene la situación.

 

Prometimos que complementaríamos lo dicho con una segunda parte donde veríamos la situación en algunos países a donde se han dirigido venezolanos y venezolanas, lo cual a continuación cumpliremos.

 

Brasil

 

La República Federativa de Brasil, con 202 millones de habitantes, es el sexto país más poblado del mundo, considerando que su gran territorio tiene un bajo índice de densidad poblacional. Según lo informado por El País de España en 2015, «Brasil es un país extremamente cerrado para los inmigrantes… los extranjeros representan solo el 0,3% de la población, un número históricamente insignificante. La media mundial está en el 3%».

 

Una de las causas por la cual ese país no resulta atractivo es la dificultad que tienen los extranjeros para conseguir trabajo y la visión de los nacionales sobre la inmigración, así, según la misma fuente, «el 73,7% de los brasileños está a favor de la llegada de extranjeros con alta cualificación profesional, mientras el 74,3% no quiere que lleguen inmigrantes sin documentación».

 

Venezuela tiene una amplia frontera terrestre que no tiene mayores separaciones naturales con Brasil, según lo dispuesto en el Tratado de límites y navegación fluvial del 5 de mayo de 1859,​ ratificado por el Protocolo de 1929. En el presente es posible atravesarla a través del acceso vial que une las poblaciones de nuestra Santa Elena de Uairén con la brasileña Pacaraima (Roraima, Brasil).

 

Como en el caso de la frontera con Colombia, Santa Elena de Uairén y las zonas aledañas son uno de los puntos en los cuales se practica el contrabando de extracción de gasolina, agravado por la realidad minera y sus propios contrabandos que marcan la vida en el estado Bolívar. De igual modo, en la zona fronteriza existen comunidades originarias que preexisten la demarcación y se desplazan continuamente entre los dos territorios. Este es el estatus de los Geral (ñengatú), los cinco subgrupos que conforman el pueblo pemón, los xiarian, aritamis, yanami, arawakos, yekuana, curripaco, baniva y baré.

 

En lo político, Brasil es uno de los países latinoamericanos que ha sufrido un violento viraje a la derecha cuando, mediante el uso del lawfare, se depuso a una presidenta constitucional y se instaló una dictadura que responde a los intereses de Washington. Una vez que esto ocurrió, las relaciones entre los dos Estados cambiaron radicalmente, siendo el gobierno de Michel Temer uno de los integrantes del Grupo de Lima y de los promotores de la salida de Venezuela del Mercosur.

 

En este marco desaparecieron de la realidad los acuerdos Chávez-Lula que contemplaban ideas de desarrollo conjunto de la región fronteriza, con inversiones binacionales para la explotación petrolera, la energía eléctrica y promoviendo la relación fraterna entre el estado venezolano de Bolívar y el brasileño de Roraima.

 

Según información del periódico El Mundo, fechada del 25 de agosto del año 2018, «entre 2017 y lo que va de 2018 llegaron a Brasil algo más de 127 mil migrantes, pero 69 mil ya se fueron en busca de otros destinos», refiriendo el portal que el rol de Brasil en la crisis es secundario porque señalan que no es un «destino prioritario» para los venezolanos.

 

La presencia de venezolanos en Brasil, en específico en el estado de Roraima, ha sido objeto de una gran campaña mediática. En la cual organismos como el ACNUR destacan la instalación de campos de refugiados y han surgido personajes que capitalizan el espacio de solidaridad que no ha sido manifestado por los brasileños. Este es el caso del «padre Jesús», cuya acción sirviendo comida a los venezolanos ha sido reseñada por la prensa.

 

Los migrantes económicos se encuentran focalizados en Roraima, lo que ha generado un conflicto jurídico toda vez que «las autoridades locales critican que el Gobierno destine más esfuerzos a recibir a los venezolanos que a cuidar de la gente de Roraima, y atribuyen a los inmigrantes el aumento de la criminalidad, una retórica que alimenta la tensión en las calles». Lo que se tradujo en una solicitud judicial para cerrar la frontera que no prosperó y a la cual la administración brasileña contestó asegurando que las Fuerzas Armadas están a la disposición del gobierno local para garantizar la paz en las calles.

 

La asociación realizada finalmente entre los venezolanos y la delincuencia, o que su presencia dificulta que el estado de Roraima atienda debidamente a la población brasileña, sirvió de caldo de cultivo para que se produjeran actos violentos de rechazo a los venezolanos con afectación a la propiedad de los mismos cuando fueron expulsados y sus bienes fueron quemados, el 18 de agosto de 2018.

 

Un acto muy similar se había producido en el mes de marzo de 2018, cuando «al menos 300 personas entraron en la escuela donde estaban viviendo los 50 venezolanos para destruir algunas pertenencias, prendieron fuego a otras y los expulsaron, dejando atrás sus pertenencias y alimentos entre los que se encontraban varios paquetes de harina que fueron rasgados y esparcidos por el lugar».

 

Refiriendo uno de los brasileños entrevistados después de lo sucedido que «no aguantamos más su presencia (la de los venezolanos), queremos que las autoridades hagan algo, hay muchos robos en nuestra ciudad».

 

En el marco de esta tensión, el mandatario brasileño de facto, Michel Temer, rindió declaraciones a la prensa el 26 de agosto de 2018, refiriendo que se opone a la posibilidad de que las fronteras sean cerradas a los venezolanos, y recordó que Brasil es tan sólo un país de paso de la población emigrante.

 

Así lo recogió Europa Press: «Temer explicó que el 60% de los 127 mil venezolanos que cruzaron la frontera ya salieron de territorio brasileño en dirección a otros países, y resaltó las acciones realizadas por el gobierno federal para mandar a otros estados a los miles de venezolanos que se encuentran en Roraima», refiriendo finalmente que han hecho llegar a Roraima bienes para asegurar la alimentación y servicios que requieren los venezolanos que se encuentran en dicho espacio.

 

Chile

 

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de 2017, Chile tiene una población de poco más de 17 millones de habitantes. A diferencia de Brasil, en sus mejores momentos las relaciones de la Revolución Bolivariana con Chile no han superado el umbral de la cortesía. Desde los conflictos del año 2002, existe una población de venezolanos políticamente identificados como contrarios al gobierno en Chile, sin que tengamos una estimación de su tamaño en aquella época.

 

Un dato que resulta de interés es que Venezuela figuró, después de México y Cuba, entre los destinos predilectos de los chilenos que salieron de su país en el marco de la dictadura militar, llegando a establecer una colonia en Venezuela de 80 mil personas, a la que hay que agregar los profesionales que habían llegado antes con la esperanza de trabajar para las petroleras.

 

Según una nota de enero de este año, en Chile, residen un total de 30 mil venezolanos. La Policía de Investigaciones reportó que en 2017 ingresaron 164 mil 866 ciudadanos de ese país, un aumento de 90% respecto a 2016. Según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, entre 2005 y 2017 se otorgaron un total de 20 mil 362 permanencias definitivas y 111 mil 339 visas temporales a extranjeros provenientes de Venezuela. Lo que no arroja seguridad sobre el tamaño real de la comunidad, ya que según la misma fuente, más de 56 mil venezolanos se fueron de Chile o regresaron a Venezuela.

 

Al revisar portales dedicados a promover a Chile como destino, algunos de ellos administrados por venezolanos, se observa que muestran el país como una economía estable, con un sistema de transporte aceptable y un sector terciario ampliamente desarrollado.

 

Otros sitios aseguran que Santiago es la ciudad «la más habitable de América Latina después de la capital de Argentina, Buenos Aires. Por su parte, la revista International Living puso a Chile dentro del Índice de Calidad de Vida del año 2011, colocando al país en el puesto 60 entre 192 países y la tercera posición de países de América del Sur».

 

Con estas afirmaciones y una presencia tan importante en la publicidad que recibe, vía televisión por suscripción en Venezuela, parece que Chile es un país que se presenta como uno de los destinos que selecciona la población que emigra.

 

Visto desde Chile, se mantiene la información de que el país austral se ha convertido en un lugar atrayente para la inmigración de personas provenientes de Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Uruguay y Venezuela, refiriéndose por demás que un reciente informe denominado «Coyuntura Económica en América Latina y el Caribe», de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan que Chile emergió como el país en que proporcionalmente más creció la inmigración en Latinoamérica.

 

En este contexto, desde agosto de 2017, en Chile surgió la iniciativa de crear un registro nacional de extranjeros, fijar un catálogo de causales que impidan su ingreso y un estricto control de permisos laborales, con el fin de evitar la trata de personas. Siendo que para esta fecha, el departamento de Extranjería estimaba en los primeros seis meses de aquel año habían ingresado al país más de 44 mil haitianos.

 

Asimismo, se ha producido un fuerte incremento de inmigración dominicana, colombiana y venezolana, sumándose a la histórica llegada de personas desde Bolivia y Perú. Esto arrojaba para el momento que Chile contara oficialmente con medio millón de residentes extranjeros, cerca de 3% de su población.

 

Como una disposición de esta naturaleza, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el 9 de abril la creación de una Visa de Responsabilidad Democrática para los venezolanos que deseen permanecer en este país. Esta medida fue criticada por algunos sectores chilenos que estimaron era una medida discriminatoria y que evidenciaba la poca solidaridad del gobierno hacia quienes se acercaban a Chile para hacerse de una oportunidad.

 

A este respecto, al lado de ese país próspero que se promociona, existe una realidad con la que se encuentran los inmigrantes que entran a un país donde la educación está privatizada, existen distintos escalafones salariales para hombres y mujeres, y que no se caracteriza por la amplitud con los extranjeros.

 

Un grupo de ellos nunca logra ingresar a Chile, así, al ser considerados por dichas autoridades como migrantes económicos y no como refugiados o asilados fueron devueltas 8 mil 425 personas que intentaron ingresar a Chile en los primeros diez meses de 2017. La mayor parte de los rechazados eran colombianos, y el segundo grupo más numeroso era de venezolanos, que alcanzó un total de 1 mil 838 ciudadanos que no pudieron ingresar a Chile.

 

Con relación a las condiciones de aquellos que sí ingresaron no todas las veces, fueron lo que esperaban. Esto quedó reflejado en un estudio realizado en 2017 por la Fundación Nuevas Contingencias Sociales (Chile), que determinó que el 41% de los migrantes encuestados declaró haber sufrido discriminación «sin motivo aparente», con hincapié en comentarios acerca de que «vienen a quitar el trabajo», y señalamientos de que son delincuentes o por el color de su piel.

 

Por su parte, los chilenos encuestados develaron que el 47% piensa que la población inmigrante trae «enfermedades nuevas o algunas ya erradicadas», mientras que 35% opina que la población «viene a quitarles el empleo a los chilenos» y otro 35% señala que los inmigrantes «son sucios y no cuidan el medio ambiente».

 

En este mismo espíritu, cuyas características se corresponden a lo que hemos referido como «aporofobia», debemos incorporar la más reciente postura asumida por el presidente chileno, quien tuiteó el 23 de agosto de 2018, que «en materia de Migración nuestra política es clara: recibir aquellos que respetan nuestras leyes y vienen a iniciar una mejor vida aportando honestamente. Y no dejar entrar o expulsar aquellos que entran ilegalmente y tienen antecedentes criminales o cometen delito en nuestro país».

 

Ecuador

 

Con 16 millones de habitantes en tan solo un área de 283 561 km²,​ se trata del cuarto país más pequeño del subcontinente. Su economía dolarizada así como las fluidas relaciones diplomáticas que hasta muy poco mantuvo con Venezuela, fijaron a Ecuador en el imaginario de los emigrantes. De igual forma, su gobierno venía ejecutando programas de captación de profesionales, principalmente profesores, para fortalecer sus universidades, y era uno de los destinos que exigían menos requisitos para ingresar, permanecer y trabajar.

 

De igual forma, en el marco de la cooperación que caracterizó las relaciones que mantuvo la Revolución Ciudadana con la Revolución Bolivariana, en Ecuador estaba vigente un sistema especial para los bolivarianos, denominado el Estatuto permanente Ecuador Venezuela (12 XI) que otorgaba una visa de un año, renovable por una ocasión, contabilizados desde su emisión si la otorgó una Coordinación Zonal o si fue otorgada en un consulado ecuatoriano a partir del ingreso del extranjero al Ecuador. Este régimen, menos gravoso y destinado a aumentar las relaciones entre los países, fue acordado por los entonces cancilleres Ricardo Patiño y Nicolás Maduro Moros, en 2010.

 

Según lo dispuesto en la página web del Ministerio del Interior ecuatoriano, los sudamericanos no requieren tener pasaporte para entrar a Ecuador sino tan solo presentar su cédula o documento nacional de identidad. Este régimen ha sido objeto de controversias, toda vez que en los últimos meses el gobierno ecuatoriano ha querido agravar las condiciones de ingreso de los venezolanos en su territorio, ordenando en un primer momento la presentación del pasaporte, lo cual fue revocado por un tribunal de Quito por considerarlo una violación de los derechos humanos.

 

Esta decisión, hecha pública el 25 de agosto de 2018, va a coincidir con la declaración presidencial que motivó su decisión de abandonar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a la existencia de flujos migratorios originados en Venezuela, y no significará que se vuelve a aplicar el régimen de cooperación entre los dos Estados sino que a los venezolanos se les exigirá, en lugar del pasaporte, la presentación de una cédula de identidad apostillada.

 

Mientras estas controversias jurídicas ocurrían, las cámaras se centraron en las fronteras con Ecuador, donde se reportó que había venezolanos varadosesperando que una decisión distinta, que les resultara favorable, fuese adoptada. Al tiempo que en Venezuela se viralizó un video en el que se documentó un abuso policial cometido en contra de un venezolano en Ecuador.

 

Perú

 

La República de Perú es el tercer país más grande de América del Sur. Según el último censo, fechado en 2016, el país tiene 31,77 millones de habitantes. Con una historia política signada por la inestabilidad y la violencia, es uno de los países con mayor número de emigrantes de la región, la cual fue estimada en un estudio del INEI, referido por El Comercio, según el cual, entre 1990 y 2012, más de 2 millones 500 mil peruanos emigraron del país.

 

En ese período, el 31,4% de los emigrantes peruanos vivió en Estados Unidos, 15,4% en España, 14,3% en Argentina, 10,2% en Italia, 9,5% en Chile, 4,1% en Japón y 3,7% en Venezuela; 11,5% en otros países.

 

Según titulares del mismo portal, más de 100 mil personas han pedido refugio en Perú, y prácticamente todas ellas provienen de Venezuela. Debiendo destacarse que en el contenido de la nota se precisa que no todas esas solicitudes son en sentido jurídico de refugio, sino que muchas se corresponden a migrantes económicos. La situación en que se encuentran los venezolanos en Perú ha sido valorada incluso por la Defensoría del Pueblo en un comunicado emitido el 25 de agosto de 2018 como contraria a los derechos humanos, en tanto nuestros connacionales son discriminados y víctimas de actos xenofóbicos.

 

Al analizar las causas por las cuales la emigración venezolana se ha dirigido hacia Perú, parece un dato importante recordar que, en septiembre de 2017, Lima ofreció a los profesionales venezolanos otorgarles un permiso temporal de permanencia (PTP); ahora también serán reconocidos sus títulos universitarios sin necesidad de hacer trámites, lo cual constituye un evidente estímulo para la población universitaria que estima obtener mayores ingresos económicos.

 

A la par que caía el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, el tratamiento mediático que se le ha venido dando a Venezuela en Perú es sumamente contrastante, pues, en la medida en que se insiste en una «crisis humanitaria» y política provocada por el gobierno de Caracas, se asocia abiertamente a la comunidad venezolana que llega al país con la delincuencia. Sin dudarlo, el punto de ebullición de esto se dio en agosto del presente año, cuando fueron detenidos miembros de la banda «El Tren de Aragua» en Lima.

 

Para lograr la asociación, la prensa no escatima en historias fantasiosas tales como afirmar que «Nicolás Maduro estaría incentivando la criminalidad venezolana en Perú», según lo reseñado por Sabrina Martín el 31 de julio de 2018 para el medio Panam Post, o las declaraciones de Mauro Medina, ministro del Interior peruano que el 8 de agosto afirmó que, a través de la solidaridad, «se cuelan por ahí algunas personas que están vinculadas a delitos». Pudiendo ver cómo la prensa recogía ya desde comienzos de año opiniones que sostienen que «la crisis de Perú empeoró por los venezolanos».

 

En este contexto, el gobierno de Martín Vizcarra dio a conocer el 25 de agosto de 2018 que exigiría pasaporte a los venezolanos que llegan a su frontera, solo exceptuando del requisito casos que estime de carácter humanitario como niños que estén acompañados de sus padres, mujeres embarazadas o ancianos. Justificando la medida en que está recibiendo una masiva inmigración que llega diariamente desde Venezuela, con un promedio de 3 mil llegadas diarias por el puesto fronterizo de Tumbes, en la frontera con Ecuador.

 

Estos movimientos que ahora cierran las puertas van a contrastar con los actos de promoción de Perú, en especial como destino para niños no acompañados que se dio durante el año 2017, de cuando recordaremos la denuncia realizada el sábado 16 de diciembre por funcionarios del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y el Fiscal 1° del estado Vargas, de haber conseguido una operación que desde Maiquetía pretendía extraer a 130 niños venezolanos con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

 

El corredor humanitario

 

Mientras Ecuador y Perú adoptan medidas que restringen la entrada y permanencia de venezolanos a su territorio, han puesto en marcha un «corredor humanitario» para acelerar el traslado de venezolanos que se dirigían a Perú.

 

Esta acción se dictó una vez que fueron publicadas las acciones tendientes a limitar la presencia venezolana en Ecuador y antes de que se endurecieran, horas después, los requisitos en Perú, lo que expone a los venezolanos en tránsito a una situación de una gravedad sin precedentes, pues se encuentran de forma ilegal esperando llegar a otro Estado, al cual muchos no podrán tampoco ingresar.

 

¿Para qué sirve esto?

 

Una lectura apresurada de esta situación podría hacernos concluir que la población que ingresa es demasiado numerosa, o que no se corresponde con los inmigrantes que estos países aspiraban cuando tomaron medidas para facilitar el ingreso a los venezolanos. Para eso nos sirve la lectura de Adela Cortina.

 

También, podríamos observar que ha habido cambios políticos en los países que han modificado su actitud, puesto que Brasil no se caracterizó nunca por darnos una calurosa bienvenida.

 

Sin embargo, considero que esto obviaría cosas especialmente relevantes, algunas de las cuales fueron develadas por Serge Halimi, Dominique Vidal y Henri Male en el ensayo «La opinión se trabaja. Los medios y las guerras justas de Kosovo, Afganistán e Irak». Allí, cuando analizan cómo se justificó la guerra de Kosovo, los autores afirman que uno de los recursos para demostrar la necesidad de una guerra fue la existencia de desplazados desesperados.

 

Así, señalan que para convencer al mundo de la guerra primero «mostraron a una mujer, a un hombre, a un niño blanco. Mostraron a una pequeña niña de cinco años que sufría. En realidad, no era el color de la piel, ni las lágrimas lo que importaba sino captar el desespero. Necesitaban proyectar gente deportada sufriendo delante de nosotros, porque nosotros somos muy buenos».

 

Reacciones de Venezuela

 

La suerte de una persona al establecerse en un país extranjero dependerá de muchos factores. Por ello, en esta materia es particularmente peligroso hacer generalizaciones. Ciertamente, en todos estos países existen venezolanos -generalmente con recursos económicos, dominio de lenguas extranjeras y alta gradación profesional- que harán una vida próspera, ajena de estos males que enfrentan quienes de manera extremadamente precaria llegan a países con la esperanza que les ofrece la televisión o el ejemplo remoto de un conocido al que le fue muy bien.

 

Existirán otros que, incluso si este no es su caso y se enfrentan a trabajos precarios, sin cobertura hospitalaria y algún grado de irregularidad, se sentirán más tranquilos o felices que estar en Venezuela, pues para ellos el país se ha tornado en una especie de infierno. Hacia ellos, las obligaciones nacionales se agotan a lo establecido en el marco de la protección consular, donde vemos por ejemplo que Caracas ha anunciado que está remitiendo los pasaportes que estaban en mora.

 

Hacia el resto, conformado principalmente por migrantes económicos y víctimas de esta guerra económica que destruyó la capacidad adquisitiva del salario, arrastrando con ella la autoestima de muchos, el Gobierno Bolivariano ha dispuesto el Plan de Vuelta a la Patria para llamar, a quienes se han ido, a regresar.

 

De igual forma, se observa cómo el Ejecutivo venezolano está dispuesto a proteger a nuestras poblaciones emigrantes cuando, al menos en el caso de quienes así lo solicitaron en Trinidad y Tobago y ahora desde Perú, ha dispuesto lo necesario para que retornen a Venezuela.

 

(misionverdad.com)

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