Como un “paso político y ridículo” estimó el parlamentario de la denominada “Unidad”, Julio Borges, la denuncia que interpusieron miembros de la defensoría de los Derechos de la Mujer e Inamujer contra su persona en la Fiscalía e indicó, “más bien yo invito a ese grupo de féminas a pensar en lo que ocurre en el país”.
El diputado por la fracción de Primero Justicia (PJ), manifestó que “quien ofende el derecho y el futuro y la posibilidad de la paz en Venezuela son las Rectoras del CNE. Me gustaría saber qué fue lo que yo dije o hice para ofenderlas”, expresó durante una entrevista por la estación Unión Radio.
Añadió: «Más bien quienes tienen que estar atentas, sabiendo la responsabilidad que tienen, precisamente son las rectoras del CNE (…) Si por eso me van a abrir una investigación, me van a hacer un juicio y me van a meter preso, bienvenido sea», sostuvo el representante de la derecha.
Borges, apuntó que la vía que posee la oposición es permanecer seguros y resistir, ante “los recursos que emplea el gobierno para tratar de frenar lo que está viviendo el país”, concluyó.
En contexto
Este miércoles, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, develó la amenaza que realizó Borges a la titular del Poder Electoral, Tibisay Lucena, a quien le señaló que no siempre contará con los Guardias Nacionales Bolivarianos para su resguardo.
“Te voy a decir Julio Borges, a partir de este momento pide para que a Tibisay Lucena no le pase nada, porque tú serás responsable, porque estás amenazando a una mujer cuando le dices que tenía 15 GNB protegiéndola y no toda la vida los va a tener. ¿Qué le vas a hacer? Además eres un mentiroso y cobarde”, sustentó Cabello.
Seguidamente, este 9 de septiembre la defensora de los Derechos de la Mujer, María Hernández Royett, en compañía de un grupo de mujeres entregó un escrito al Ministerio Público (MP), donde pide se inicie una averiguación contra el dirigente de PJ.
«Solicitamos que se aperture una averiguación y una investigación exhaustiva, bajo la presunción de los delitos de ultraje y otros delitos, contra las personas investidas de autoridad pública», declaró Hernández Royett. Entre las faltas se acentúan instigación al odio, violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza.
(LaIguana.TV)
