Distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales se concentran este miércoles en las inmediaciones del Congreso argentino para exigir que se rechace el proyecto de presupuesto para 2019. La propuesta oficial, impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, se enmarca en el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo de 57.000 millones de dólares.

 

El objetivo principal, señalado en su momento por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, es alcanzar el llamado «déficit cero». Es decir, que los ingresos fiscales no superen los gastos. Así se lograría contener la inflación (que ha sido uno de los principales problemas de la actual administración) y frenar la devaluación del peso, que en 2018 ya fue superior al 100%.

 

Para lograr este objetivo se realizarán recortes en importantes áreas como la salud, la educación, la ciencia y obras públicas, entre otras. Uno de los pocos ítems que no se verán reducidos y, por el contrario, aumentará, será el destinado al pago de intereses de deuda.

 

Según informó el diario Tiempo Argentino, el oficialismo de la alianza Cambiemos –que no tiene mayoría propia– alcanzaría los votos necesarios para darle media sanción a la llamada «ley de leyes» en la Cámara de Diputados. Serían alrededor de 135 (es necesario un mínimo de 129), que además de los propios incluiría a algunos del interbloque Argentina Federal y el Bloque Justicialista.

 

Para lograr esto, el Ejecutivo tuvo que negociar algunos puntos. Por ejemplo la no modificación de la Ley de Administración Financiera, que apuntaba a darle mayor libertad para renegociar la deuda externa a valores y condiciones de mercado. Asimismo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció fondos para sostener los subsidios al transporte de pasajeros en grandes ciudades del interior del país y así ganar el respaldo de los diputados que responden a distintos gobernadores.

 

En contra se han manifestado ya los bloques del Frente para la Victoria, Frente Renovador, Red por Argentina y Frente de Izquierda y los Trabajadores.

 

Por un nuevo presupuesto

 

Frente a este escenario es que se realiza la protesta, que es acompañada de una huelga nacional del sindicato más grande del país: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). A esto se suman los trabajadores de la administración pública nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos del sector privado.

 

«Se va a tratar un presupuesto nacional que lo que va a generar es una situación de pobreza extrema a nuestro pueblo», explicó en diálogo con este medio Daniel Catalano, secretario general de ATE – Capital. Esto se debe a que en el proyecto «hay un traslado de los recursos sociales para el pago de la deuda», añadió.

 

En el mismo sentido, el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, agregó que la movilización es «en contra de este presupuesto de hambre y ajuste que está priorizando 600.000 millones de pesos (16.374 millones de dólares) para pagarle al FMI y los acreedores externos cuando en Argentina hay desocupación, la economía está en una profunda crisis y hay una recesión galopante».

 

Haciéndose eco de la consigna que plantea que este proyecto es, en realidad, una iniciativa del FMI, Catalano aseguró que «fue delineado» por el organismo financiero internacional y por eso «es obligación de todos los trabajadores y trabajadoras manifestarse para solicitarle a los legisladores que no lo aprueben». «Que se rearme un proyecto que contemple a las mayorías», completó.

 

«Esos recursos deberían utilizarse para paliar la crisis», analizó Grosso y explicó que desde el bloque que integra (Red por Argentina) están planteando leyes de «emergencia alimentaria, en adicciones, una ley de infraestructura en los barrios y una tarifa congelada para los que menos tienen». «Vamos a votar en contra del presupuesto para que no se profundice la crisis», aseguró.

 

El fantasma del FMI

 

Para entender lo que se pone en juego durante la jornada de este miércoles, el analista político y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires Martín Ogando apuntó, en comunicación telefónica, que «el Gobierno trabaja contrarreloj para tener la media sanción». Esto se debe a que su aprobación «es clave para el Ejecutivo esta semana porque el viernes el directorio del FMI va a tratar la ampliación del crédito stand-by con Argentina».

 

Es que si bien ha sido anunciado múltiples veces, «recién» a finales de esta semana «va a ser formalmente aprobado», detalló. Por eso, Ogando opinó que la capacidad que tenga el Gobierno de «mostrar la construcción de consenso y legitimidad» para aplicar el presupuesto que «está hecho a medida de las exigencias del FMI» va a ser central para que el trámite en el organismo internacional «sea tranquilo».

 

Como contracara, no se descarta que la protesta afuera del recinto parlamentario termine en disturbios como los de diciembre de 2018, cuando se aprobó la ley de Reforma Previsional. En aquel momento, quienes se manifestaban fueron reprimidos por la policía y hubo decenas de detenidos.

 

«Se espera una movilización importante y por supuesto un clima tenso y de potenciales conflictos en las cercanías del Congreso Nacional si finalmente se termina votando un presupuesto que va a partir aguas en el campo político argentino», enfatizó el sociólogo. Y marcó que la división estará entre quienes «hayan avalado un presupuesto con durísimas consecuencias para los sectores populares y quienes van a salir a las calles y también dentro del recinto van a manifestar su oposición».

 

(RT)