La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) puso orden al despelote que tenían en la red de supermercados Unicasa, donde sometían al pueblo a largas colas para obtener productos de primera necesidad, así como para pagarlos, pues se presume que condicionaban las compras para favorecer a los bachaqueros y contribuir con la guerra económica.
Asimismo, se descubrió que utilizaban el sistema biométrico de identificación (captahuellas) a conveniencia, para reducir la venta al pueblo, pero entregar la cantidad que fuera a los revendedores, llegando a usurpar la identidad de varios usuarios.
Como resultado de tantas irregularidades fue detenida la gerente del local ubicado en El Paraíso, sector de la capital venezolana, por el delito de boicot, acción que los vecinos agradecieron a las autoridades competentes.
