No son perseguidos políticos, así lo determinó la Audiencia Nacional de España al desestimar la solicitud de asilo y acceder a la extradición a Venezuela de Adrián Velásquez Figueroa, exguardaespaldas y jefe de seguridad del expresidente Hugo Chávez, y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del exmandatario venezolano y extesorera de la nación.

 

En el caso de Velásquez, el tribunal rechaza que pueda ser represaliado en Venezuela porque, según los jueces, no es un opositor sino un miembro de la administración de Chávez, y el actual Gobierno de Venezuela “es continuista” con su línea. Ambos exfuncionarios públicos fueron detenidos en la capital española el pasado mes de abril.

 

En reciente entrevista concedida a EFE desde Madrid, Díaz Guillén aseguró que es una «perseguida política» y que de caer en manos de la justicia venezolana será “torturada para confesar delitos que no he cometido”.

 

De qué se les acusa

 

Claudia Patricia Díaz Guillén, es sargento técnico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de desempeñarse como enfermera personal del expresidente Chávez, dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden), entre 2011 y 2013.

 

Junto a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, capitán del Ejército retirado, exjefe de seguridad del exmandatario venezolano, se encuentra en España huyendo de la justicia venezolana que emitió en 2016 una orden de captura internacional. Se les acusa del desvío de millonarios recursos a través de la constitución de empresas de dudosa procedencia y del blanqueo de capitales, cuyos ingresos fueron depositados en cuentas en Suiza y corporaciones en las islas Seychelles.

 

(LaIguana.TV)

 

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