La salud económica de Venezuela depende en buena medida de la marcha de su principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela, y esta se encuentra actualmente en una situación crítica: con su capacidad de producción muy mermada, manchada por innumerables casos de corrupción y asediada en el exterior por las deudas pendientes y por el bloqueo sistemático de sus operaciones financieras.
Los tres componentes de la crisis están naturalmente interrelacionados: las irregularidades administrativas por montos fabulosos han sido una de las causas de la caída en la producción que, a su vez, ha dificultado el pago de los compromisos internacionales. Las llamadas “sanciones” han obstaculizado aún más las actividades de Pdvsa en los mercados internacionales.
De acuerdo a los planes diseñados a comienzos de la década, Pdvsa debía arribar al 2019 con una producción de 6 millones de barriles diarios. Pero, en lugar de alcanzar esas altas cotas, los niveles han caído hasta acercarse a apenas un millón de barriles por día.
El dinero que consume la corrupción y el que debe destinarse al pago de deudas deja muy poco margen para las inversiones que serían necesarias para reimpulsar a producción. Un auténtico círculo vicioso.
Corrupción sin límites
Desde finales de 2017, el Ministerio Público bajo la conducción del fiscal general Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de ese año, comenzó a develar un conjunto de irregularidades en la casa matriz petrolera. Más de un año después, el flujo de casos no ha parado, lo que pone en evidencia que el anterior Ministerio Público tendió un manto de impunidad sobre estos gigantescos negociados.
Cada caso parece superar al anterior. En un balance realizado por Saab recientemente se indicó que en Pdvsa, se destaparon “las tramas de corrupción en la empresa mixta Fertinitro, la recompra de diesel del Centro de Refinación Paraguaná, el desfalco de Pdvsa-Gas Colombia y el caso de la Oficina Satélite de Pdvsa Services, entre otros”, dijo.
Luego de ese balance, vio la luz otro caso escandaloso, el de los empresarios Pietro Micale y Miriam de Micale, propietarios de la empresa Proct-Petrol, dedicada a la importación y venta de materiales para la industria de hidrocarburos a quienes se acusa de desfalcar más de dos mil millones de dólares a Pdvsa.
Según el fiscal se trata de un caso de mucha importancia, comparable con el de lavado de dinero en Andorra, en la que están implicados Diego Salazar, Javier Alvarado y Nervis Villalobos y con el caso de los sobornos que involucra al extesorero nacional Alejandro Andrade.
El baile de millones de dólares que se refleja en los diversos casos investigados llega a perder significado para el ciudadano común. Pero si queremos poner en contexto una suma como la que se le atribuye al caso de los esposos Micale, 2 mil millones de dólares, podemos compararlos con las reservas internacionales de Venezuela, estimadas en 8 mil 800 millones de dólares para concluir que nada más en ese episodio se fueron por el desagüe (en lo que al país respecta) 22% de las reservas internacionales.
Pagos pendientes y amenazas
El complejo cuadro de Pdvsa –y por tanto, de la economía nacional- se agrava con los conflictos derivados de deudas pendientes, algunas de las cuales no se han podido pagar, pero no por falta de recursos, sino por los siniestros efectos del cerco financiero tendido por Estados Unidos y naciones europeas contra Venezuela, bajo el manto de las llamadas “sanciones” a funcionarios.
En la cúpula de la política exterior de EEUU están claros en que es necesario torpedear a Pdvsa para que las represalias ilegales contra Venezuela hagan más daño al pueblo. Así lo reconoció públicamente el exembajador William Brownfield, quien argumentó que la petrolera es la única empresa que produce ingresos en divisas para el país, y por tanto es necesario afectarla si se quiere generar “el colapso definitivo del gobierno”.
Un caso que afecta a Pdvsa, aunque no es directamente su responsabilidad, es el de la empresa minera canadiense Crystallex, pues esta ha intentado que se embarguen los activos de la filial Citgo en Estados Unidos para cobrar unos 1 mil 200 millones de dólares, como indemnización por los activos que tenía en Venezuela antes de ser expropiada en 2011.
El experto petrolero Carlos Mendoza Potellá ha asegurado que ese embargo no es viable porque Citgo pertenece a Pdvsa y la deuda de Crystallex pertenece a la República, por lo que se trata de patrimonios diferentes. No obstante, por tratarse de un caso que se ventila en tribunales estadounidenses es razonable esperar una decisión adversa a los intereses de Venezuela, sobre todo si se toman en serio las declaraciones de Brownfield.
En otros casos, el país se las ha arreglado para pagar sus compromisos, pero el cerco financiero lo ha impedido. Así pasó con la deuda que se tiene con Rusoro Mining de Vancouver, una firma que había anunciado que se sumaría a la demanda de Crystallex contra Citgo. La República intentó pagarle una porción de la deuda con una transferencia a un banco canadiense, pero este no realizó la operación para no contrariar las disposiciones de EEUU.
Las acciones contra Citgo son una forma que han encontrado las grandes corporaciones y sus poderosos bufetes para cobrarle a Venezuela sin tropezar con las represalias del Gobierno de EEUU.
Conoco Phillips admitió que ha recibido dinero en efectivo y en especie (unos 345 millones de dólares) de parte de Pdvsa, con miras a cancelar la deuda con esta empresa, que fue fijada mediante un laudo arbitral en 2 mil millones de dólares.
El dinero que Pdvsa debe destinar a hacer maromas financieras para pagar estos compromisos deja de invertirse en las operaciones que la industria tiene pendientes para incrementar la producción.
Citgo, propiedad de Pdvsa desde los años 80, tampoco se ha salvado de la ola de denuncias sobre corrupción, al punto de que uno de sus expresidentes, Nelson Martínez, se encontraba detenido, acusado de irregularidades en esa filial. Martínez falleció el miércoles 12 de diciembre en el Hospital Militar de Caracas, como consecuencia de una enfermedad crónica que se agravó durante el tiempo que permaneció en prisión.
(LaIguana.TV)
