La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó que el Presidente Nicolás Maduro, es un ciudadano venezolano por nacimiento y no posee otra nacionalidad, hecho demostrado a través de documentos oficiales expedidos por autoridades del registro civil venezolano, así como también mediante documentos emanados del Estado colombiano.
«Que el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales e incontrovertibles expedidos por las máximas autoridades del registro civil venezolano (Consejo Nacional Electoral y Servicio Administrativo de Identificación)», señala el documento, publicado en el portal web del máximo tribunal del país.
Las pruebas acreditan que Maduro nació en Caracas, para entonces departamento Libertador del Distrito Federal, parroquia La Candelaria, el 23 de noviembre de 1962, y que cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ejercer el cargo de presidente.
En la sentencia del TSJ, puede verse parte de las parte de la denuncia del presidente contra acciones que considera irreflexivas y que atentan contra su honor y el de su familia, “pues siempre he tenido únicamente la nacionalidad venezolana y jamás he solicitado ni tenido otra u otras nacionalidades”.
Asimismo, se traen a colación las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henri Ramos Allup, quien a finales de junio reconoció en los medios de comunicación que el presidente no nació en Colombia. En ese momento, Allup explicó que la alianza opositora hizo un enlace con la Registraduría Nacional de Colombia para investigar datos referentes al natalicio de Maduro y no existe documento legal alguno que lo califique como colombiano.
En la sentencia se destaca que con el asunto de la nacionalidad del presidente de la República aclarado, quedan a salvo las acciones que correspondan en ejercicio de los derechos, deberes, principios y normas previstas en el ordenamiento jurídico, para hacer valer la responsabilidad constitucional, penal, civil y administrativa, junto a las declaratorias correspondientes.
Asimismo, se resolvió enviar copia de la decisión al presidente Maduro, al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República.
(LaIguana.TV)
