El año 2018 estuvo marcado por las secuelas que han dejado en el pueblo venezolano las sanciones y el bloqueo financiero, impuesto al país por el Gobierno de Estados Unidos y algunas naciones de la Unión Europea.
Estas han dejado pérdidas de mil millones de dólares, tal y como lo informó a comienzos del mes de diciembre la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
“El pueblo de Venezuela tiene que saber que las sanciones financieras a la nación nos han costado mil millones de dólares, pero seguimos trabajando por el bienestar de todos los venezolanos”, señaló la funcionaria.
Mientras que el Constituyentista Hermann Escarrá consideró que estas medidas son un “ataque directo al Estado venezolano, a la estructura democrática y su gobernabilidad”.
Sanciones
En enero La Unión Europea (UE) impuso medidas restrictivas contra siete altos funcionarios criollos: el entonces constituyentista Diosdado Cabello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el Fiscal General, Tarek William Saab; el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el entonces director del servicio bolivariano de inteligencia, Gustavo González López; y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides.
El Gobierno nacional rechazó esta decisión de la UE y las catalogó de “indignas”, debido a que “violan los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y pretenden ejercer una grosera injerencia en asuntos internos de nuestro país”.
El 4 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva orden ejecutiva con la que se prolongó un año más la emergencia nacional que declarada a nuestro país una “amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad de la nación gringa.
Quince días después, el propio Trump puso su rúbrica a una nueva orden ejecutiva con la que se prohíbe cualquier tipo de transacción con criptomonedas emitidas por el Gobierno venezolano.
Este decreto se dio un día antes de iniciar la venta de la primera moneda digital criolla, el petro, que fue creada por el presidente Nicolás Maduro para sortear los efectos del bloqueo impuesto por los gringos a nuestro país.
El 28 del mismo mes, Suiza impuso sanciones a la nación que incluía la prohibición de venta, exportación y tránsito de bienes de equipamiento militar o susceptibles de ser usados, según ellos, con fines represivos. También incluye equipos y tecnología de vigilancia e intercepciones de comunicaciones telefónicas o de internet.
A finales del mes de mayo, Canadá aplicó nuevas sanciones coercitivas y unilaterales a 14 funcionarios, entre ellos la primera combatiente Cilia Flores, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, así como la alcaldesa de Caracas, Erika Farías.
Mientras que el Gobierno gringo volvió a arremeter contra la nación. Un día después de las elecciones presidenciales, que se celebraron el 20 del mes antes mencionado y en las que fue reelecto el presidente Nicolás Maduro, se firma una nueva orden en la que se le prohíbe al Ejecutivo nacional la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense.
Así mismo se sanciona al constituyentista Diosdado Cabello, a su hermano, José David Cabello; y a su esposa, la entonces ministra de Turismo Marleny Contreras.
El primero de noviembre los mandamás del país del norte volvieron a arremeter contra el pueblo. Esta vez el anuncio lo hizo el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien anunció que se imponían sanciones al sector aurífero criollo con las que se interfería en las exportaciones de oro de la nación.
Contra la salud
La salud ha sido uno de los sectores más afectados por las medidas tomadas por las autoridades yanquis. Por ejemplo, en mayo el entonces ministro de Salud, Luis López, denunció que empresas transnacionales bloquearon “una transacción de siete millones de dólares que están siendo destinados por el presidente Nicolás Maduro para que los pacientes con diálisis puedan tener garantía de que se haga el tratamiento en Venezuela”.
Previamente, el propio primer mandatario informó que el sistema Euroclear secuestró mil 200 millones de euros que serían usados para adquirir alimentos y medicinas.
En entrevista realizada a finales de este año por el periodista Clodovaldo Hernández, para su programa Cara a Cara en LaIguana.TV, el director del Hospital Clínico Universitario (HCU), Fernando Alvarado, explicó algunas de las secuelas que ha dejado el bloqueo en los pacientes de este centro de salud.
-¿El bloqueo ha sido la causa de muerte de muchos pacientes?, preguntó Hernández.
-¡Claro! –respondió Alvarado, todos los que sufren enfermedades crónicas están en riesgo: los hipertensos, los diabéticos, los nefrópatas, la gente con cáncer. Eso lo vemos con mucha preocupación. Hay que estar en el hospital para darse cuenta del drama de una persona que llega con una de estas enfermedades y no hay manera de tratarlo porque un Estado prohibió vendernos los medicamentos. Vuelvo y repito: nosotros no queremos que nos los regalen. Queremos que nos los vendan y tenemos dinero para comprarlos. ¡Véndannos esas medicinas, porque el enfermo no tiene la culpa!
(LaIguana.TV)
