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La oposición venezolana, que participa en el proceso de diálogo entablado por el Ejecutivo, suscribió este sábado dos documentos en los que se insta a poner fin al boicot contra la economía venezolana, que se traduce en escasez y especulación de bienes esenciales, y a erradicar la violencia promovida a través de figuras como las bandas paramilitarizadas.

 

Tras la segunda plenaria de las mesas de diálogo, celebrada este viernes y sábado en Caracas, representantes de la llamada Mesa de la Unidad (MUD) se adhirieron junto al gobierno a una hoja de ruta que establece, entre otros aspectos, «trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana.»

 

Al aceptar esta tarea, la coalición se compromete a «priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías», acciones que ya viene impulsando el gobierno nacional a través de mecanismos como la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

 

La MUD, además, reconoce la necesidad de superar la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional (AN), producto del incumplimiento de la mayoría parlamentaria opositora de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 

Además de la hoja de ruta, la oposición también suscribió junto al Ejecutivo la Declaración Conjunta «Convivir en Paz», texto con el que sectores conservadores se comprometen a dirimir diferencias dentro del orden constitucional y contribuir a la defensa de la soberanía.

 

Al compartir el contenido de este texto, la oposición admite la necesidad de avanzar hacia un «nuevo esfuerzo conjunto en el combate frente a la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, las bandas paramilitarizadas y grupos violentos, así como la urgencia del desarme de la población.»

 

La actuación de grupos delictivos que asumieron prácticas del paramilitarismo ha dejado víctimas como el dirigente revolucionario Robert Serra, asesinado el 1 de octubre de 2014 en su residencia, ubicada en La Pastora, Caracas.

 

También, esas bandas se han vinculado con planes desestabilizadores denunciados y desmontados por las autoridades venezolanas.

 

(AVN)