Más de seis años han pasado del fraude sanitario que tuvo mayor repercusión en el país de parte de Poly Implant Prothèse (PIP).
En marzo del 2010 las autoridades en Francia suspendieron el uso, comercialización, distribución y exportación de los implantes PIP y de inmediato los implantes fueron prohibidos en Venezuela, después de que se descubrió que las prótesis estaban siendo producidas con un tipo de silicona industrial y no de uso médico.
La compañía PIP habría sido declarada insolvente en el 2009, pero se cree que en sus 12 años de operación, vendió y exportó unas 300.000 prótesis. Se estima que entre 2007 y 2009, entre el 50% y el 58% de las exportaciones fueron dirigidas a América del Sur, principalmente a Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina.
El jueves 17 de noviembre en la mañana un grupo de venezolanas afectadas y el representante legal de la Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas con PIP (Asomuvenapip), Gilberto Andrea, acudirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, para probar que las empresas Galaxia Médica y Locatel han desacatado la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional en la que se les ordena dotar de los implantes a las pacientes para su reemplazo gratuito.
Recordemos que en ese caso, Venezuela ocupó el segundo lugar en el mundo con casos de PIP con 40 mil portadoras calculadas, cifra superada por Gran Bretaña, que registraba 44 mil pacientes. En Francia, donde se fabricaron las prótesis, se encontraban al menos 33 mil implantadas, y siguieron Argentina y Colombia con 15 mil casos en cada país.
Nuestro país fue el único en el mundo que ordenó el retiro y reemplazo gratuito, y sin embargo, seis años después poco más del 1% de las afectadas han podido operarse mediante el protocolo.
En el retiro y reemplazo de las prótesis se preveía el trabajo en equipo de médicos, autoridades sanitarias, clínicas y empresas cosméticas que las vendieron. Sin embargo, no todos han facilitado las cosas y las afectadas que visitarán el TSJ quieren evidenciar que las empresas que distribuyeron esos implantes en el país no han cumplido la sentencia.
“Muchas no han podido recibir la atención que ordenó en caso de emergencia para ellas el TSJ es por ello que promovemos la declaración de estas víctimas a los fines legales consiguientes”, explicó el abogado Andrea al medio Noticia al Día.
Adriana Bavaresco, integrante de Asomuvenapip, hizo un llamado a las autoridades: “Solicitamos celeridad en el caso a los entendidos competentes, TSJ, Defensoría del Pueblo, para que las afectadas que aún llevan las prótesis y presuntamente no estén rotas igual puedan ser operadas gratuitamente. Es desesperante portar las PIP sabiendo que son una bomba de tiempo”.
(LaIguana.TV)
