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El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, anunció que la Mesa de la Unidad Democrática introducirá ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo contra la sentencia que prohíbe protestas.

 

“Introduciremos al TSJ un recurso de amparo contra la sentencia que prohibe convocar y realizar protestas”, dijo durante entrevista por Unión Radio este miércoles. 

 

Agregó: “Esa sentencia es absolutamente inconstitucional (…) Esta orden prácticamente limita las protestas y le impide a los medios de comunicación cubrirlas”.

 

Sobre el representante de la oposición ante la mesa de diálogo con el Gobierno nacional opinió: “Ojalá cumplan con lo acordado. Nosotros vamos a ser veedores para informar y denunciar si eso no sucede. En caso de que se cumpla también lo vamos a decir”.

 

“Esperamos que con las recientes acciones se elimine el desacato de la Asamblea Nacional en el corto plazo y también, por supuesto, que se ratifique al pueblo de Amazonas su derecho a tener a sus diputados”, señaló.

 

Mediante una nota de prensa, el Tribunal Supremo de Justicia informó este martes 15 de noviembre que admitió el recurso introducido por el Procurador general de la República. En la sentencia quedó prohibido convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general.

 

El procurador  Reinaldo Muñoz introdujo el miércoles 9 de noviembre, una ‘acción de amparo autónomo’ contra la Asamblea Nacional.

 

«Esta acción es por recientes actuaciones de la Asamblea Nacional con las que ha emitido amenazas contra los poderes públicos simulando actuaciones jurídicas que no guardan relación alguna con instituciones del derecho constitucional venezolano», indicó el procurador en esa oportunidad a las afueras del TSJ.

 

En su sentencia N° 948 del 15 de noviembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para conocer la acción ejercida por el Procurador General de la República (E), Dr. Reinaldo Muñoz, donde solicita al TSJ previsiones para evitar actuaciones de la Asamblea Nacional en contra de la Constitución, como lo fue el acto parlamentario denominado “Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación”, aprobado el 25 de octubre de 2016 y dictado durante el desacato que aún mantiene el referido órgano legislativo.

 

(Panorama)