Apenas habían pasado unos minutos del atentado con carro bomba perpetrado en Bogotá, cuando ya el dirigente político venezolano Julio Borges lanzaba la hipótesis de que el gobierno de Nicolás Maduro está implicado en el hecho criminal.

 

¿Indicios o pruebas para una acusación tan grave? Nada de eso. Con la ligereza que permiten las comunicaciones en redes sociales, Borges se limitó a argumentar que «está comprobado que cabecillas de grupos paramilitares de Colombia hacen vida en Venezuela con amparo de Maduro».

 

El señalamiento de Borges, quien reside en la capital neogranadina, bien podría ser parte del plan en marcha para darle a Estados Unidos y sus gobiernos aliados un pretexto para intervenir violentamente en Venezuela. Sin embargo, al menos en las primeras horas, su irresponsable postura no ha sido secundada por nadie en Colombia.

 

No se descarta, obviamente, que lo hagan, pues el alicaído gobierno de Iván Duque bien podría aprovechar este lamentable hecho para atizar el conflicto con Venezuela y desviar la atención acerca de la reaparición de un tipo de atentados, que estuvo a la orden del día en los tiempos del capo de la droga Pablo Escobar Gaviria.

 

El carro-bomba estalló en horas de la mañana en la Escuela de Cadetes general Santander, al sur de Bogotá, causando al menos nueve muertos y un número elevado de heridos.

 

En rigor, la conjetura de Borges debe resultar absurda incluso para cualquier persona que conozca, aunque sea superficialmente, la realidad de Colombia. Si se hiciera una lista de posibles sospechosos de un atentado como este, habría unos cuantos mucho más creíbles: el narcotráfico, el paramilitarismo, las llamadas bacrim (bandas criminales) y los factores de la guerrilla que siguen alzados en armas figuran entre ellos.

 

Colombia es un país que no necesita importar violencia, pues la tiene de sobra dentro de sus fronteras, lo que se evidencia en la dramáticas cifras de líderes sociales asesinados impunemente durante los últimos años, en particular y de manera paradójica luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Muy por el contrario, esta nación ha sido exportadora neta de violencia, siendo la sociedad venezolana una de sus recurrentes víctimas.

 

Borges intenta lavarse la cara

 

Con su desbocada denuncia, tal vez Borges lo que pretenda sea lavarse la cara, pasar de acusado a acusador en este terreno de los atentados explosivos y las relaciones con grupos paramilitares.

 

El dirigente de Primero Justicia se encuentra prófugo de los tribunales venezolanos que lo investigan por su presunta participación en el intento fallido de magnicidio ejecutado en Caracas el 4 de agosto del año pasado, llevado a cabo con drones-bomba, con asesoría, cómplices y entrenamiento en Colombia.

 

Al afirmar que paramilitares colombianos hacen vida en Venezuela con el amparo del gobierno, Borges pretende generar confusión y ocultar el hecho de que es la oposición venezolana, en particular los partidos de ultraderecha, los que mantienen relaciones muy estrechas con el paramilitarismo neogranadino.

 

Las reacciones en redes sociales fueron diversas, pero no faltó quien le diera a la declaración de Borges una lectura relacionada con la situación interna del liderazgo opositor: los dirigentes ya considerados «veteranos» están sufriendo un ataque de celos por la súbita celebridad del diputado Juan Guaidó, y por eso están desesperados por figurar.

 

(LaIguana.TV)

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