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La decisión parecía inevitable. Desde mediados de año, cuando los miembros de Mercosur no traspasaron oficialmente la presidencia a Venezuela, los pronósticos eran sombríos.

 

Este viernes, mediante una comunicado, los ministros de Exteriores de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay ratificaron «el cese de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela».

 

La cancillería venezolana rechazó inmediatamente la expulsión. En una rueda de prensa, la ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, calificó la decisión como «un golpe de Estado». Pero, ¿qué argumentos sustentan ese juicio?

 

 

Venezuela seguirá ejerciendo la presidencia legítima y participará con derecho a voz y voto en todas las reuniones como Estado Parte

92% de la normativa

El principal alegato esgrimido por los países fundadores de Mercosur en contra de Venezuela es el «estado de incumplimiento» de sus obligaciones como Estado parte. Sin embargo, Caracas -que apenas se incorporó en 2012- ha adoptado más del 90% de la normativa del bloque creado hace 25 años, destaca el internacionalista y profesor de geopolítica de la Academia Militar de Venezuela, Luis Quintana, en declaraciones a RT.

 

«En promedio, el resto de los países miembros tiene apenas 75% de las normas de Mercosur incorporadas», agregó el académico, quien consideró el argumento como «una excusa para hacer lo que en el fondo quieren: resquebrajar el mecanismo, que de por sí es imperfecto».

 

La cancillería presentó un gráfico que compara la velocidad de adopción de la legislación común: mientras Venezuela adoptó un promedio de 296 normas de Mercosur por año, Argentina incorporó 41; Brasil, 45; y Paraguay, 34.

 

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Documento presentado por la cancillería venezolana, con datos de la secretaría de Mercosur.
 

Acto de fuerza

Descartado el argumento de las normas, Quintana considera que la expulsión es «simplemente de un acto de fuerza». En ese sentido, el diplomático destacó que los otros cuatro países tomaron la decisión sin darle oportunidad a Caracas de defender su posición.

 

«Ni siquiera hubo una reunión interna con Venezuela para discutir el cumplimiento o no de las normativas. Si no hay un ambiente democrático para la resolución de estas controversias, si la mayoría se aplica sin razón ni ajustada a derecho, entonces esto es un golpe de Estado», explicó el profesor.

 

«Esta es la instauración de la dictadura de Mercosur», puntualizó. En adelante, vaticinó Quintana, Venezuela está «obligada a reivindicar sus derechos y el cumplimiento de las normas fundacionales de Mercosur».

 

Venezuela no reconoce este acto írrito sustentado en la Ley de la Selva de unos funcionarios que están destruyendo el MERCOSUR.

Sin solución inmediata

La opción que tomará Venezuela ante la decisión será acudir al mecanismo de arreglo de controversias en Mercosur, dice Quintana, «para vislumbrar alguna salida institucional a la crisis creada por los de los mal llamados Estados fundadores».

 

Sin embargo, no es demasiado optimista. ¿La razón? No hay perspectivas de solución inmediata. El impeachment que significó la salida de la mandataria Dilma Rousseff en Brasil; el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina; y el levantamiento de la suspensión de Paraguay, luego del golpe parlamentario en contra Fernando Lugo, ha dificultado las cosas para Venezuela. Si antes casi todos sus miembros tenían gobiernos de izquierda, hoy la derecha es mayoría.

 

«Por eso, la intención es clara: aislar a Venezuela, decir que es un Estado fallido, paria, forajido, y que sea visto como un país al cual sus vecinos no quieren», advirtió el internacionalista.

 

Jugarreta política

La exclusión de Venezuela obedece a una maniobra meramente política, insiste Quintana. Pero el jugador clave, alerta, no es ninguno de los miembros de Mercosur sino el vecino del norte: «Este es un golpe de EE.UU.».

 

«Yo no dudo -sostiene Quintana- que este sea parte del mismo plan que busca acorralar al presidente Nicolás Maduro, el mismo que ha hecho que la banca declare a Venezuela en default pese a que jamás ha incumplido sus obligaciones. Nada está desconectado. Sin duda, estamos ante un hecho más político que comercial».

Parlasur en contravía

Pero mientras los gobiernos destituían a Venezuela, el parlamento de Mercosur -dominado en su mayoría por la derecha- aprobaba un acuerdo en el que se exige el respeto a las normas internas del bloque y la resolución de las controversias dentro del propio mecanismo, tal como fue planteado desde el principio por Caracas.

 

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Acuerdo aprobado el pasado jueves por el Parlasur en respaldo a la institucionalidad de Mercosur.

Al respecto, Quintana expone: «Cuando parlamentarios de izquierda y de derecha están de acuerdo en que se respete la institucionalidad de Mercosur, pero los cancilleres deciden otra cosa, se nota que hay una desconexión de los gobiernos con la realidad, con la racionalidad, con el derecho e incluso con las fuerzas políticas que los acompañan».

 

(RT)