El diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela y ejerce actualmente como líder de la oposición, ha negado el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por EE.UU. contra el país suramericano y asegura que las sanciones económicas y financieras de Washington comenzaron solo «hace una semana».

 

En una entrevista exclusiva concedida a RT y realizada en una privilegiada zona del este de Caracas, el joven político —cuyo rostro era apenas conocido antes del 5 de enero de este año, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional (AN)— asegura: «No es cierto que haya un bloqueo, hay sanciones a funcionarios corruptos y ladrones, como se declaró culpable Alejandro Andrade, el ex tesorero de la nación».

 

«Odebrecht entregó 938 millones de dólares en 12 países, el escándalo más grande de corrupción y de sobornos de América Latina, pero un solo funcionario venezolano recibió 1.200 millones. No tiene que ver con el bloqueo, tiene que ver con que se robaron el dinero», agrega Guaidó en referencia al caso de Andrade, quien no fue funcionario de Maduro, vive en EE.UU. desde hace varios años y tiene una investigación abierta en Venezuela por la venta irregular de bonos a la banca privada.

 

Para el líder opositor, casos como ese son los que justifican las medidas coercitivas contra el país suramericano, que arreciaron desde 2017 con la llegada al poder en EE.UU. de Donald Trump, con acciones como la congelación de activos de Venezuela en territorio norteamericano, la prohibición a los bancos estadounidenses de realizar transacciones con el Gobierno o con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el veto a cualquier moneda digital emitida por Caracas. Aunque el largo historial de restricciones de Washington contra el Ejecutivo venezolano es público y ha afectado severamente a la economía de la nación caribeña, Guaidó afirma que «las sanciones empezaron hace una semana».

 

«Lo que tiene contra las cuerdas a Maduro es que se ahogaron en contradicciones, dilapidaron el capital políticomás grande que existió en Venezuela, luego de 20 años, y, lamentablemente, la ciudadanía es la que le pasa factura hoy», sostiene.

 

«Hasta que cese la usurpación»

 

Consultado por la fecha de próximas elecciones que, en caso de cumplirse los preceptos establecidos en el artículo 233 de la Constitución, deberían convocarse en un plazo máximo de 30 días después de la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional como «presidente encargado», Guaidó reiteró que se llamarán solo cuando «cese la usurpación».

 

Esa nueva condición, que no está sustentada en la Carta Magna, fue avalada esta semana por el Parlamento con la aprobación de un ‘estatuto de transición’. Sin embargo, la norma fue declarada nula el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a dos razones: es un texto inconstitucional y fue votado por una Asamblea Nacional en «desacato», que no reconoce la legitimidad del resto de los poderes del Estado. 

 

Sin embargo, Guaidó se muestra confiado en que el llamado a elecciones ocurrirá «muy pronto», debido a la fuerza que ejercen las presiones económicas y financieras contra el Gobierno venezolano: «tú sabes que se queda cada vez más aislada una persona que no tiene ningún tipo de financiamiento, que no tiene respuesta del pueblo, que logró 2.000.000% de inflación, que contrajo el PIB [Producto Interno Bruto] en 53 puntos». No obstante, se negó a dar plazos aproximados sobre cuándo ocurrirá la convocatoria a las urnas.

 

«La fecha es muy precisa: cuando cese la usurpación, construyamos un nuevo CNE [Consejo Nacional Electoral], cuando tengamos auditoría al proceso, cuando tengamos el derecho a elegir y ser elegidos».

 

Guaidó se pronuncia en estos términos a casi una semana del llamado a elecciones hecho por el presidente Maduro, quien estuvo de acuerdo en la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de adelantar las elecciones parlamentarias —previstas para 2020— con el propósito de «relegitimar» el Parlamento, que se ha mantenido en una pugna con el resto de los Poderes Públicos desde 2016. Para Guaidó, ese escenario está descartado: «Maduro no tiene capacidad de hacerlo porque está usurpando funciones […]. Sería incurrir en el desastre».

 

«La ayuda humanitaria es tensión para los militares»

 

Guaidó también se refirió a la ‘ayuda humanitaria’ que EE.UU. y otros países como Alemania y Canadá han anunciado que enviarán a Venezuela, y cuya recepción ha sido descartada por el Ejecutivo venezolano por considerarla solo un «regalo podrido y show político» para justificar el «intervencionismo».

 

El líder opositor considera que la entrada de esa ‘ayuda’ es inminente para atender a «300.000 venezolanos a punto de morir». La cifra, sin embargo, es considerablemente superior a la que ofreció Guaidó hace unos días, cuando estimó que los recursos enviados alcanzarían para beneficiar a entre 10.000 y 20.000 personas. El monto de la contribución anunciada por Washington asciende a unos 20 millones de dólares, recursos que para Maduro son insignificantes si se comparan con los 20.000 millones de dólares que ha perdido el país producto de las sanciones aplicadas por la Casa Blanca.

 

La Cruz Roja y la Media Luna Roja han advertido que no participarán de la entrega de esa ‘ayuda humanitaria’ si no existe un acuerdo previo, una postura similar a la expresada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha manifestado que solo habrá colaboración en ese sentido si se cuenta con la aprobación del Gobierno encabezado por Maduro. La situación ha generado una situación de mucha expectativa, especialmente en la frontera con Colombia, ante la posibilidad de que se intente forzar el ingreso a territorio venezolano. No obstante, Guiadó sostiene que la entrada de esos recursos solo representa «tensión para los militares, no para el venezolano».

 

«Maduro no tiene la posibilidad de dialogar»

 

El «presidente encargado» reitera su postura de negarse a una negociación con el Gobierno de Maduro, en consonancia con las palabras dictadas por voceros de la Casa Blanca como el Vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, quien declaró esta semana que en Venezuela «no es tiempo para el diálogo» sino para «la acción».

 

«Maduro no tiene la posibilidad de dialogar», recalca Guaidó, quien considera que el «fracaso de los acercamientos entre el Gobierno y la oposición en 2017, quita del camino cualquier posibilidad de un nuevo encuentro».

 

«Levantar la producción petrolera»

 

El autoproclamado «presidente encargado» no dejó pasar la ocasión de referirse a la situación de la industria petrolera venezolana, asegurando que su prioridad es «levantar la producción» en Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que «sea un negocio próspero para China, para EE.UU.», tras ponderar que «la Administración de Maduro la ha convertido en una firma ineficiente».

 

«Somos el país con las mayores reservas de petróleo probadas del planeta, pero con una industria que hoy está siendo ineficiente, primero para su gente, porque está pasando hambre y necesidades, y segundo para nuestros aliados comerciales», asevera Guaidó, quien indicó que aún no ha tomado decisiones sobre la «nueva directiva» de PDVSA ni de la filial Citgo, esta última recientemente sancionada por EE.UU. con una medida de congelamiento de activos que asciende a 7.000 millones de dólares, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

 

En relación a Rusia, se muestra dispuesto a mantener las relaciones comerciales con Moscú en materia petrolera, tras acusar al Gobierno de Maduro de «robar 700 millones de dólares a la empresa rusa Rosneft», sin especificar en qué concepto. Además, sostiene que el mandatario venezolano fue el responsable de que la producción de PDVSA pasara de «3,5 millones de barriles diarios a un millón».

 

Aunque el mismo Gobierno bolivariano ha admitido la caída de la producción y atribuye el fenómeno a las sanciones, cifras históricas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) demuestran que, incluso antes de la llegada de Maduro al poder, en 2013, la producción anual de Venezuela no sobrepasó nunca los 2,4 millones de barriles diarios.

 

Para qué la amnistía

 

Tras acusar a las fuerzas militares venezolanas de querer «robar» la ‘ayuda humanitaria’ que pretende enviar EE.UU., Guaidó ha matizado sus opiniones, recalcando que jamás haría esos señalamientos hacia «ningún miembro de la sociedad, necesario para reconstruir Venezuela».

 

«Mis abuelos fueron militares, yo no me atrevería a utilizar ese término [ladrones] contra un militar venezolano, un militar patriota, soberano, que respete y haya defendido nuestro país. No lo haría de esa manera porque traicionaría a mi familia, que es de tradición militar […]. Yo respeto profundamente al Ejército venezolano, el de Bolívar, el de Sucre, el de nuestra tradición libertaria», asegura.

 

De igual forma, Guaidó reitera su propuesta de «amnistía y garantías constitucionales» para los militares que se subleven contra Maduro, subrayando que el objetivo de esa medida sería «construir una sociedad que perdona, que se reencuentre, próspera, plena, que no tenga revanchismo».

 

Asimismo, hace mención a los casos puntuales de militares retirados y algunos sargentos que «levantaron su voz» para apoyarlo como mandatario legítimo, aunque hasta ahora el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han reiterado su lealtad al presidente Nicolás Maduro. 

 

¿Un golpe de Estado?

 

El líder opositor, a quien se le ha acusado de encabezar un golpe de Estado por autoproclamarse presidente y llamar a una sublevación armada, asegura que no ha cometido ningún delito.

 

«¿Cómo es que alguien que convoca a un golpe de Estado puede estar dando una entrevista, convoca a manifestaciones multitudinarias, habla del futuro del país y sigue reuniendo apoyos internacionales?», se pregunta. Guaidó volvió a escudarse en el artículo 233 para justificar su autojuramentación, aunque no se han cumplido ninguno de los supuestos para declarar «falta absoluta» del presidente Maduro, quien fue electo por más de 60% de los votos en 2018.

 

Por otra parte, a la luz de ese mismo artículo, tampoco se prevé un llamado a nuevas elecciones el 23 de febrero, cuando se cumplen 30 días desde que el Jefe del Parlamento asumiera como «presidente encargado».

 

Cuestionado sobre cómo podría asumir las consecuencias de sus acciones ante la Justicia, en caso de que todo el andamiaje del «reconocimiento» fracase, Guaidó responde: «no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que te puedo decir es que sigo aquí, sigo ejerciendo funciones, seguimos apegados a nuestra Constitución, estamos plenamente seguros que vamos a rescatar su vigencia porque, hablando con ese chavismo que todavía queda, ese es el punto de encuentro».

 

(RT)