Hoy, 12 de febrero, se cumplen cinco años de la «pacífica y democrática» entrada de la oposición al centro de Caracas… Bueno, al menos eso dicen las notas periodísticas que se escribieron entonces en los medios antirrevolucionarios nacionales y globales, así como los relatos repetidos reiteradamente por algunos de los protagonistas de aquel episodio.
La verdad, como siempre maltrecha, es que una marcha antichavista, encabezada por Leopoldo López, llegó hasta el Parque Carabobo y arremetió con piedras y bombas molotovs contra la sede del Ministerio Público, destruyó parcialmente la emblemática plaza e incendió varios vehículos pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
En lo que sería el inicio oficial de la Guarimba II (la primera versión había ocurrido en 2004), ese Día de la Juventud dejó un triste saldo de tres fallecidos. Dos de ellos cayeron en los disturbios del centro de Caracas: el estudiante Basil Da Costa (opositor) y el líder social Juan «Juancho» Montoya (bolivariano). En la noche, desconocidos mataron al joven Robert Redman, en Chacao.
La ola de violencia que se desató desde entonces se prolongó hasta abril. El balance fue de 43 muertos, más de 800 de heridos, centenares de detenidos y pérdidas materiales estimadas en 10 mil millones de dólares.
Seis de los fallecidos, incluyendo a Basil Da Costa, fueron responsabilidad clara de agentes de seguridad del Estado, quienes fueron sometidos a los procesos judiciales correspondientes. Entre el resto de las víctimas hubo diez funcionarios policiales y militares, así como varios activistas del chavismo y personas que no estaban participando a favor de ninguno de los dos bandos y fueron agredidas por intentar burlar las barricadas y trancas impuestas por los manifestantes.
Buena parte de estos crímenes siguen impunes, como es el caso del asesinato del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Ramzor Bracho Bravo, ocurrido un mes después, el 12 de marzo de 2014, en el distribuidor Mañongo, de Valencia, cuando intentaba rescatar a un subalterno que había sido herido.
Los líderes de esta insurrección basada en los manuales del golpe suave, a la que se denominó «la Salida», fueron Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. El primero fue imputado por la Fiscalía General de la República, a cargo de Luisa Ortega Díaz, y fue detenido al día siguiente. Ni López ni ninguno de los otros dirigentes opositores hicieron nunca un llamado a la calma. Por el contrario, mantuvieron en alto las protestas violentas hasta que estas languidecieron en medio del repudio generalizado.
Así hablaba Luisa Ortega Díaz
La principal institución atacada aquel día fue el Ministerio Público. La entonces jefa de ese organismo, Luisa Ortega Díaz, explicó lo sucedido a Venezolana de Televisión:
“Toda Venezuela pudo observar como fue atacada la sede del Ministerio Público. Quiero informar que la marcha de los estudiantes, en el transcurso de la misma, se garantizó la seguridad, (pero) luego aparecieron operadores políticos (…). Luego que se retiran estos operadores políticos comenzaron estos hechos ante el Ministerio Público. De todo lo ocurrido tenemos grabaciones desde distintos ángulos, tenemos precisión de quienes fueron los violentos”.
La exfiscal, que ahora intenta ganarse el apoyo de los sectores opositores, añadió entonces: “El Ministerio Público va a actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley y tenemos muchísimos elementos en la mano para identificar a los responsables y procederé a tomar las acciones”, añadió.
Ortega Díaz aseguró que la violencia fue planificada y premeditada por los operadores políticos que manipularon a los estudiantes. No los identificó por sus nombres, pero en las siguientes horas se inició el proceso contra López, quien a la postre sería condenado a 14 años de prisión por los delitos de incendio, instigación pública y daños a la propiedad pública.
A raíz de los sucesos de febrero a abril de 2014, se constituyó un Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, que ha mantenido en alto la denuncia de estos hechos dentro y fuera del país.
El drama de esos acontecimientos no impidió que en 2017 la oposición retomara la metodología de la guarimba, esta vez con mayor intensidad y perversión, al punto de perpetrar numerosos linchamientos, algunos de ellos mediante el uso del fuego. Esa tercera edición de la violencia foquista causó más de 130 muertes.
En 2017, la guarimba contó con el respaldo de Ortega Díaz, quien puso al Ministerio Público a favor de las acciones violentas. Su estrategia fue favorecer la impunidad de las personas detenidas in fraganti, al tiempo que criminalizaba la respuesta de los cuerpos de seguridad.
La violencia callejera solo cesó cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente y la fiscal fue destituida.
Desde enero de este año, bajo la nueva estrategia del golpe de Estado mediante un gobierno paralelo con apoyo imperialista, se ha intentado una vez más prender la violencia guarimbera, esta vez en horas nocturnas, en zonas populares de Caracas y con apoyo de grupos de la delincuencia común. Hasta ahora, ese plan, afortunadamente, ha tenido muy pobres resultados.
(LaIguana.TV)
