La Cancillería colombiana publicó un comunicado en el que advierte que no tolerará alteraciones del orden público promovida por parte de ningún ciudadano extranjero, por lo cual «tomará las decisiones a que haya lugar» en caso de percibir alguna amenaza.

 

«Vale la pena aclarar que el Gobierno colombiano no tolerará ninguna alteración del orden público o amenazas a la seguridad por parte de ningún ciudadano, de ninguna condición o nacionalidad, y estará atento a tomar las decisiones a que haya lugar en caso de presentarse alguna amenaza de esta naturaleza», dijo la Cancillería.

 

El comunicado se da en medio de una tensa situación que protagonizan los desertores, luego de que dirigentes de la derecha venezolana les hicieran ofrecimientos que no han cumplido hasta la fecha. Según los mismos exmilitares, ahora los estarían echando del vecino país a cambio de 350 mil pesos colombianos, una colchoneta y una sábana para cada uno.

 

“Estamos a la deriva, no tenemos el apoyo de nadie. Queremos que se apersone Juan Guaidó a darnos la cara”, dijo el exsargento segundo del Ejército venezolano Luis González Hernández, quien fungió como portavoz del grupo.

 

Hernández informó a medios del vecino país que se les dio un plazo máximo de cuatro días para retirarse del refugio que los acoge en Cúcuta. 

 

El comunicado informa que desde el pasado 23 de febrero, cuando se intentó forzar la entrada de una presunta «ayuda humanitaria» en la frontera con Colombia, cerca de 1000 uniformados venezolanos han desertado y huido a ese suelo, acompañados en muchos casos por sus familiares. Ahí los militares entregaron sus uniforme y armamento a las autoridades colombianas y cesaron las actividades militares. Luego un grupo ha iniciado la solicitud de refugio y han sido beneficiados con un salvoconducto que les ha permitido permanecer en el ese territorio hasta completar el trámite.

 

(LaIguana.TV)