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Sures: 35 sanciones arbitrarias han aplicado EEUU y sus satélites contra Venezuela (+Informe completo)
Marzo 21, 2019 -

El bloqueo económico y otras medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela atentan contra los derechos humanos de la población nacional, concluye un estudio realizado por Sures, una asociación civil de defensa de tales derechos desde una óptica alternativa.

 

El informe, elaborado por María Lucrecia Hernández y Ana Gabriela Salazar, precisa que desde el año 2014 hasta marzo de 2019 Venezuela ha sido objeto de 35 medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Suiza, el denominado Grupo de Lima y Panamá, las cuales “vulneran directamente los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, entre otras, porque obstaculizan e impiden al Estado garantizarlos y protegerlos, al tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico y social”.

El impacto más grave se da contra los derechos a la vida, la integridad personal y la alimentación del pueblo venezolano. Según Sures, las llamadas sanciones y el bloqueo financiero contravienen, entre otras las siguientes normativas internacionales:

 

-Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

-Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de las Naciones UnidaS

 

-Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

 

Intensidad creciente

 

El informe señala que las sanciones y el bloqueo económico se han venido incrementando, ampliando e intensificando desde el año 2017, particularmente desde la convocatoria, elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

 

El documento recuerda que este proceso se inicia con la aprobación por  el Congreso de los Estados Unidos,  en diciembre de 2014, durante la administración de Barack Obama de la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil. 

 

“La importancia de este instrumento jurídico es que dicta la línea de acción para la política del Gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, que también ha marcado la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia y dominación, hayan adoptado en los últimos años una serie de medidas coercitivas unilaterales en su contra”, precisa.

 

Para los especialistas de Sures, “esta  ley  incluye un conjunto de sanciones dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, pero adicionalmente prevé expresamente ‘trabajar’ con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para asegurar la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, se trata de una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”.

 

EEUU lleva la batuta

 

El análisis realizado por la asociación civil puntualiza que 63% de las medidas coercitivas unilaterales han sido impuestas por el Gobierno de Estados Unidos; totalizando 22 sanciones desde el año 2014. En segundo lugar, la Unión Europea ha aplicado 4 sanciones, lo que representa 11%.

 

“Las sanciones contra Venezuela provienen fundamentalmente de países del Norte, que históricamente han sostenido relaciones de dominación, coloniaje y explotación sobre los países del Sur. Por ello, su actuación necesariamente debe analizarse desde la perspectiva y contextos de los conflictos Norte-Sur, así como de las luchas de los pueblos por su emancipación y liberación frente a todas las formas de imperialismo”, reflexionan las autoras del informe.

 

En el texto se subraya la lacerante ironía de unas medidas que dicen estar orientadas a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, pero que lo han agravado al prohibir “taxativamente a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y demás personas en territorio estadounidenses (empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, entre otras) realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al tiempo que prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere”. 

 

Para Sures, esta situación establece expresamente un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, muy parecido al que ha impuesto sobre el pueblo cubano durante décadas a través la Ley Helms-Burton, que ha sido ampliamente rechazada por la Asamblea General de la ONU.

 

Ataque incesante

 

El informe hace un recuento histórico de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, destacando que a partir de 2017 se produce una intensificación de los actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. “Solo durante ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado emite seis sanciones desde febrero hasta noviembre del 2017. Adicionalmente, en el mes de agosto del 2017, el presidente Donald Trump decreta una nueva orden ejecutiva, en la cual se vuelve a amenazar militarmente a Venezuela al declararla ‘una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos’. Estas sanciones, sumadas a otras medidas impuestas por el Departamento del Tesoro, se encontraban dirigidas explícitamente a rechazar, desconocer e impedir la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Entre las acciones de sabotaje más significativas, señalan la del 19 de marzo del 2018, mediante la cual se prohíbe cualquier transacción mediante el uso de la criptomoneda digital petro, creada por el Estado venezolano para superar la crisis económica derivada de la disminución del precio de los hidrocarburos, así como el bloqueo económico, financiero y comercial. Igualmente se han aplicado medidas específicas contra el Banco Central y Petróleos de Venezuela, así como respecto a las transacciones con el oro proveniente de Venezuela.

 

Contra la autodeterminación

 

“Deseamos llamar la atención respecto a que las sanciones impuestas en los últimos meses por el Gobierno de EEUU tienen como objetivo desconocer y vulnerar la convocatoria, elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, como también las elecciones presidenciales del 2018, en abierta violación del derecho del pueblo venezolano a su libre determinación. Así, observamos que a partir del primero de mayo del 2017, con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, durante la campaña para la elección de las y los constituyentes en el mes de julio, hasta su instalación y puesta en funcionamiento, se emite una mayor cantidad de medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela, muchas de ellas con menciones explícitas en contra de este proceso de participación ciudadana. Igualmente, desde la convocatoria a las elecciones presidenciales hasta su ejecución se impusieron cinco medidas coercitivas contra Venezuela”, reza el informe.

 

Canadá y la UE a la zaga de EEUU

 

“El Gobierno de Canadá también ha secundado al de EEUU en la aplicación de medidas unilaterales coercitivas en contra de Venezuela, así como en los actos de injerencia en sus asuntos internos. Hasta la fecha ha dictado y aplicado tres medidas de carácter general. En primer lugar, un Reglamento de Medidas Económicas Especiales, en el cual se establece un conjunto de medidas económicas contra la República y las personas a quienes el Gobierno canadiense considere de forma absolutamente discrecional y subjetiva como ‘responsables’ de la situación nacional. Este Reglamento es la expresión concreta de la alianza entre Canadá y Estados Unidos contra Venezuela, el 5 de septiembre de 2017. Se trata, a grandes rasgos, de una norma jurídica que replica en mayor o menor medida las que habían sido previamente dictadas por EEUU, que incluye otras prohibiciones y restricciones en materia de transacciones y servicios financieros”, puntualiza Sures.

 

“Por otra parte, la Unión Europea también ha adoptado una serie de sanciones a partir del mes de noviembre del 2017, en perfecta articulación y siguiendo las orientaciones del Gobierno de EEUU (…) Posteriormente, en enero del 2018, la Unión Europea sanciona a las máximas autoridades de una serie de órganos y entes del Estado venezolano, incluyendo muchos de elección popular, entre otros, del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, así como de los cuerpos de seguridad ciudadana y el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Interior y Justicia”.

 

Imitadores en el vecindario

 

“Hasta el mes de marzo de 2019, Panamá es el único país latinoamericano que ha impuesto medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela, salvo las aplicadas de manera colectiva por el denominado Grupo de Lima. El 27 de marzo del 2018, la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la República de Panamá, dicta una resolución en la cual se congelan activos y se prohíben transacciones con empresas venezolanas. Además, incluye una lista de integrantes del Gobierno venezolano, algunos de elección popular, considerados como de alto riesgo por motivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se trata de sanciones que son análogas y siguen las orientaciones de la política de EEUU contra Venezuela y que persiguen contribuir al bloqueo económico, financiero y comercial”, añade el estudio.

 

“En el mes de enero de 2019 los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, autoagrupados en lo que denominaron Grupo de Lima, hacen un comunicado imponiendo medidas contra altos funcionarios del Estado de restricción de ingreso a los territorios de esos países; restricciones de comercialización con personas naturales y jurídicas y de ser el caso de congelación de sus fondos y otros activos o recursos económicos. Igualmente señalan la suspensión de la cooperación militar, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria”.

 

Daño a la población

 

El informe se apoya en la doctrina internacional para sostener que las medidas coercitivas unilaterales son acciones económicas y políticas impuestas por un Estado o grupos de Estados para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de este la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y provocar algún cambio concreto en su política. En tal sentido, está demostrado que más allá de obstaculizar las funciones públicas de representantes del Estado, privan a la población de los productos básicos que son importados al país, entre estos, alimentos y medicamentos de primera necesidad. 

 

“Por tanto, en la Comunidad Internacional se estima prima facie que todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra un Estado amenazan y vulneran los derechos humanos de quienes habitan en su territorio”, recalca.

 

El trabajo de Sures cita el Informe de la ONU, presentado por Idriss Jazairy, relator especial sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales del Consejo de Derechos Humanos, en el cual se concluye que “la ilegalidad intrínseca de las medidas nacionales, incluidas las sanciones, que se intenta aplicar con alcance extraterritorial, en ausencia de un vínculo jurisdiccional válido reconocido por el derecho internacional”.

 

Medicinas y alimentos en el foco

 

“Es importante resaltar que Venezuela importa la mayoría de los medicamentos que requiere para garantizar la vida y salud de sus habitantes. El 34% se compra a EEUU, 7% a España y 5% a Italia. Solo de estos países que han aplicado medidas coercitivas unilaterales a Venezuela se importaba un total del 46% de las medicinas que necesita el pueblo venezolano. Lo mismo ocurre con los alimentos, el 33% de las importaciones proviene de EEUU y 12% de Canadá. Esto es, el 45% de las importaciones de alimentos tenía como origen Estados que han mantenido una política de mayor confrontación y han aplicado la mayor cantidad de sanciones económicas contra Venezuela. Como resulta evidente, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EEUU contra Venezuela genera un impacto de grandes dimensiones en la economía de nuestro país, en su desarrollo social y, sobre todo, en posibilidad del Estado de importar bienes de primera necesidad para el pueblo (…). Recordemos, además, que EEUU domina las rutas comerciales de las principales navieras, lo que le ha permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población, no solo aquellos que provienen de EEUU, sino de cualquier otro país proveedor bajo su esfera de influencia. Si a ello se suma la prohibición para importar bienes y servicios directamente necesarios para las actividades económicas del país, entre ellos insumos industriales y servicios financieros, es indudable que las sanciones impuestas por EEUU tienen un impacto negativo directo sobre el disfrute y ejercicio pleno de los derechos humanos y, más aún, limitan sustancialmente la capacidad del Estado venezolano para cumplir con la obligación de garantizarlos y protegerlos”, concluye el informe.

 

Sujetos a castigo

 

Otra conclusión  de Sures  es que tanto los Estados que han ejecutado medidas coercitivas unilaterales, como las funcionarias y funcionarios de estos Estados que adoptan dichas decisiones, deben estar sujetos a responsabilidad internacional por la amenaza y violación de los derechos humanos de las personas que habitan en nuestro país, así como por la contravención de los valores, principios y normas fundamentales del Derecho Internacional Público. “Por ello, los órganos competentes de la ONU y de la OEA deberían iniciar de oficio procedimientos dirigidos a proteger los derechos humanos de quienes habitan en Venezuela, establecer las responsabilidades a que hubiere lugar y garantizar la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos”, recomienda el informe.

 

(LaIguana.TV)