La compañía estadounidense de cruceros Carnival ha sido la primera entidad demandada al amparo de la controvertida Ley Helms-Burton, por utilizar las instalaciones portuarias en Santiago de Cuba y en la Habana, que fueron confiscadas después de la revolución de 1959. Son las primeras acciones legales que se aprovechan de la reactivación título III de la controvertida ley, que permite reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron nacionalizadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder. 

 

Se trata de dos demandas presentadas este jueves en los tribunales federales de Miami (Florida, EE.UU.), por Javier García Bengoechea, que se presenta como legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y por Mickael Behn, cuya familia, originaria de EE.UU., poseía la empresa Havana Docks Corporation en el puerto habanero. Ambos demandantes podrían emprender en los próximos días acciones legales similares contra otras empresas de cruceros o navieras que operan en los mencionados puertos.

 

El título III de la Ley Helms Burton ha estado suspendido desde la promulgación de esta norma en 1996, pero este 2 de mayo esa suspensión ha sido revocada, por decisión del Gobierno de EE.UU., que anunció esta medida mediante un comunicado oficial el pasado 5 de marzo.

 

Reacciones desde la Unión Europea

 

Mientras tanto, la Unión Europea (UE) ha anunciado este mismo jueves que podría llevar a EE.UU. ante la Organización Mundial de Comercio o aplicar sanciones de represalia para proteger a sus empresas en Cuba, tras la decisión de Washington de reactivar el mencionado título.

 

La UE considera que «la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es contraria al derecho internacional», por lo que tomará «todas las medidas apropiadas», tal como advirtió la alta representante de Exteriores de la UE, Federica Mogherini. 

 

Por su parte, el embajador de la UE en La Habana, Alberto Navarro, lamentó la decisión de Washington y adelantó que el Eurogrupo defenderá a los inversores europeos con «todos los medios» a su alcance.

 

«EE.UU. puede hacer la legislación que quiera y aplicarla a su territorio, pero lo que no puede es pretender aplicarla a los demás países», comentó.

 

Una polémica de largo recorrido

 

El artículo III de de la Ley Helms-Burton ya fue objeto de una querella presentada hace 23 años por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces EE.UU. accedió a suspenderlo a cambio de paralizar el trámite judicial. Lo que se llevará a cabo este jueves es la revocación de esa suspensión.

 

Desde su promulgación en 1996, la Ley Helms-Burton ha protagonizado una considerable controversia internacional por entrar en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo. La propia legislación de Cuba, a través de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996, establece que dicha norma es «ilícita», «inaplicable» y niega su eventual efecto jurídico, además de considerar nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica. 

 

En una reciente entrevista, el expresidente del Parlamento cubano y exrepresentante de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcón, llegó a afirmar que la aplicación de la Ley Helms-Burton «significa sencillamente la liquidación de Cuba como nación, como país, y por lo tanto del pueblo cubano».

 

(RT)