El movimiento Defendamos la Paz pidió hoy a Naciones Unidas medidas de protección para los magistrados de las altas cortes, víctimas de presiones y amenazas en un contexto de decisiones clave para la paz.
Defendamos la Paz está integrado por congresistas, exministros, exnegociadores de instancias de diálogo, académicos, artistas y líderes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de víctimas del conflicto armado.
Esta vez unos 400 integrantes de esa colectividad solicitaron a Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, verificar las intimidaciones contra jueces de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia por su apoyo al Acuerdo de Paz.
La misiva señala que los togados están siendo amenazados, espiados y hostigados por su postura en temas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el rechazo a la aspersión con glifosato promovida por el Gobierno colombiano y por Estados Unidos. para erradicar cultivos ilícitos.
Defendamos la Paz se refirió también al retiro de visas a varios magistrados por el Gobierno estadounidense, lo que catalogaron como ‘una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales’.
La embajada de Washington en Bogotá señaló ayer que su gobierno tiene autoridad para revocar visas, en respuesta a cuestionamientos de diferentes sectores por haber asumido esa medida contra cuatro magistrados defensores de la paz.
‘El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa’, dijo un comunicado.
Sin embargo, líderes políticos y congresistas de diversas bancadas sostienen que se trata de presiones dirigidas a que en las altas cortes se tomen decisiones afines al Gobierno en temas como la JEP, el uso del nocivo glifosato y la extradición.
Defendamos la Paz consideró, al respecto, que el Gobierno guarda un silencio preocupante en condiciones que demuestran que los altos tribunales no cuentan con las garantías requeridas para el ejercicio de su labor.
(Yvke Mundial/Prensa Latina)
