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Hace un año, el dirigente de ultraderecha Leopoldo López, junto a María Corina Machado encabezaron una marcha que partió desde la Plaza Brión de Chacaíto y terminó en la Plaza Parque Carabobo, justo a las puertas de la sede de la Fiscalía General de la República.

 

Ese mismo día se dio inicio a 4 meses de violencia focalizada en varios estados del país y en el este de Caracas. Todo producto del llamado hecho por la tripartita conformada por López, Machado y Antonio Ledezma, quienes hicieron permanentes llamados a las ya conocidas “guarimbas”.

 

Se trató de la puesta en marcha de un plan insurreccional, tal como lo denunció en su momento el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, descartando que se tratara de una protesta de origen social, como pretendieron mostrar desde la MUD.

 

“Están utilizando elementos pagados; mercenarios: personas que les pagan 5.000 bolívares semanales para que se mantenga todas las noches tratando de armar barricadas o de sostenerlas, confrontando con la fuerza del orden”, aseguró el exministro para demostrar el carácter insurreccional y no espontaneo del movimiento.

 

El mismo 12 de febrero, el país fue testigo de las primeras 3 muertes de un total de 43 producto de la violencia desatada durante las protestas o actos terroristas ejecutados por estudiantes universitarios conocedores del plan de López, Machado y Ledezma, así como de agentes pagados. En horas de la tarde cayeron en el centro de Caracas, Basil Da Costa y Juancho Montoya, ambos heridos letalmente por armas de fuego.

 

Más tarde y en horas de la noche, la guarimba ya se había instalado en el municipio Chacao, donde causó estragos materiales y humanos, cayó Robert Redman también por herida de arma de fuego.

 

Le siguieron el doloroso saldo que enlutó a familias en los estados: Carabobo, Táchira, Lara, Mérida, Sucre, Miranda, Aragua y Distrito Capital. 35 hombres, 8 mujeres, entre ellos: 8 universitarios, 10 funcionarios públicos (civiles y militares), y un adolescente. Además de 5 muertes por circunstancias asociadas a la guarimba, como descarga eléctrica, aparato explosivo y caída de un edificio.

 

29 de las víctimas fallecieron por arma de fuego, 1 por arma blanca, 2 por arrollamiento, 5 mientras conducían una moto, incluyendo el degollamiento por una guaya (en colisión contra una barricada), y 1 por una metra., así como 1 por perdigones.

 

Además de López, Machado y Ledezma en las guarimbas estuvieron involucrados los exalcaldes de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos y de San Diego (Carabobo) Enzo Scarano, ambos dirigentes regionales del partido Voluntad Popular.

 

Entre las desgarradoras historias de dolor y violencia se encuentran las de José Méndez, de 17 años, quien falleció tras ser atropellado por un vehículo durante protesta opositora en Cumaná, estado Sucre y Wilfredo Rey, conductor de transporte público, que murió por impacto de bala en la cabeza cuando un grupo de irregulares disparó varias veces en las inmediaciones del barrio Sucre de San Cristóbal, estado Táchira.

 

La del capitán Ramzor Bracho, asesinado el 12 de marzo de 2014 en el estado Carabobo, impactado por una bala en la avenida Feo La Cruz de Mañongo, municipio Naguanagua, a las 3:35 de la tarde, mientras intentaba dispersar una manifestación violenta.

 

Ese mismo día, en La Isabelica también perdió la vida el joven estudiante Jesús Acosta, cursante del 6to semestre de Ingeniería en la Universidad de Carabobo, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Acosta murió producto del impacto de una bala proveniente de una Glock 9mm en la sien. “se partió (la bala) al chocar contra la puerta metálica donde estaba asomado el estudiante y uno de los trozos rebotó y le atravesó la sien”, indica el informe.

 

Fue el día en que la historia de dos familias llegó a un punto de inflexión para cambiar para siempre. Durante 4 meses las aspiraciones de López, Machado y Ledezma de alcanzar el poder político por esta vía provocaron en la población venezolana terror, desesperación, presión, dolor e incertidumbre.

 

La actuación de los cuerpos de seguridad se vio casi desbordada, sin embargo lograron contener una de las mayores embestidas de la oposición venezolana contra un gobierno legalmente constituido.

 

Las detenciones de manifestantes sumaron más de 3.517, entre ellos 310 detenidos y luego puestos en libertad durante el desmantelamiento de los Campamentos. 60 permanecen privados de libertad mientras son debidamente procesados por el sistema de justicia, otros 1971 tienen medidas cautelares.

 

Como resultado, las víctimas sin importar su color político conmemoran este 12 de febrero el inicio de un ciclo doloroso e imborrable, a la espera de que la justicia sirva de bálsamo y consuelo.

 

(LaIguana.TV)

 

 

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(Imágenes de archivo)