A través de un tuit, como es lo común en estos tiempos, la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas fijó posición sobre la sentencia condenatoria contra el portal La Patilla en la demanda por difamación presentada por Diosdado Cabello.

 

Con frecuencia se dice que un tuit es un texto muy precario para hacer análisis, pero este trino del gremio de los comunicadores sociales colegiados de la capital da para mucho.

 

El texto del tuit publicado el 4 de junio cerca de la medianoche es el siguiente:

 

“Rechazamos decisión del TSJ que condena a @la_patilla a pagar 30.000 millones de Bs, solo por reproducir contenido publicado por @abc_es generando molestia en factores del poder. Es el uso de Justicia para silenciar la libertad de expresión en Venezuela”.

 

¿Reproducir no implica responsabilidad?

 

El primer aspecto que puede debatirse con respecto a lo planteado por el CNP-Caracas es si debe entenderse entonces que la organización profesional considera que un medio de comunicación o un periodista están exentos de la responsabilidad sobre lo publicado en los casos en que ese material haya sido previamente difundido por otro medio u otro periodista.

 

No es un asunto de menor cuantía ni en la profesión del periodismo ni en la vida política en general. Aceptar esa doctrina significa que cualquiera puede decir lo que quiera de otra persona o institución, siempre y cuando exista un actor que previamente lo haya hecho. En un mundo globalizado en el que interactúan millones de emisores de información, ese principio conduce al caos total porque ese primer emisor del mensaje puede estar en cualquier parte, en un país adversario, por ejemplo o puede actuar amparado por el anonimato o ser un agente de intereses políticos o económicos.

 

En el caso de la demanda, el diario ABC de Madrid es parte de una maquinaria mediática global que se ha declarado enemiga abierta del proceso político revolucionario venezolano desde sus albores. A lo largo de veinte años ha demostrado no tener ningún escrúpulo para publicar información falsa o manipulada acerca de la Venezuela bolivariana y de sus líderes. Por tener su sede en España, es muy complicado y casi inviable querellarse en contra de ese emisor original del contenido calumnioso, infamante, difamante o vilipendioso.

 

Al defender el derecho de un portal local a reproducir ese tipo de material emitido por un medio extranjero, el CNP-Caracas avala una de las armas más socorridas del aparato comunicacional del capitalismo dominante en el mundo: las centrífugas mediáticas.

 

Simplificando, la centrífuga opera así: un medio local o un influencer de redes sociales pone a circular rumores o información anónima sobre un tema. Un medio global (en el caso de Venezuela, suele ser la prensa estadounidense, colombiana, española o argentina) se hace eco del rumor, lo magnifica, le pone un barniz de “periodismo de investigación” y arma el gran escándalo internacional. Luego, los medios locales lo reproducen amparándose en que “fue publicado en tal o cual diario”, al que se atribuye un prestigio muchas veces no merecido.

 

[Sea dicho de paso: si el periodismo venezolano necesitara ejemplos a seguir para un desempeño más profesional podría fijarse en muchos medios de otras latitudes, pero emplear a ABC como paradigma es bastante cuestionable. Sin ofender.]

 

En una rigurosa aplicación de la Constitución Nacional Bolivariana, del Código Penal, de la Ley de Ejercicio del Periodismo y, sobre todo, del Código de Ética profesional (del que el CNP es albacea, valga subrayarlo) todo contenido publicado entraña responsabilidad para quien lo publica, en especial si afecta la reputación, la privacidad, el derecho al buen nombre de alguien (sea quien sea). No existe una excepción para los contenidos que se publican luego de haber sido difundidos por otro individuo o medio.

 

A título anecdótico, recordemos que pretender tomar como fuente a otro medio era un disparate en tiempos relativamente recientes del periodismo. Para ciertos jefes de información de la vieja guardia, tal conducta hubiese sido causal de despido.

 

¿Los factores de poder deben aceptar la difamación?

 

Otro aspecto que puede analizarse del tuit del CNP-Caracas es el que caracteriza la demanda del constituyente Cabello como una “molestia de factores de poder”. Se trata de un intento de banalización, pues da la impresión de que la nota se refería a una crítica menor y que Cabello reaccionó exageradamente. En realidad, la nota de ABC reproducida (entre otros medios) por el portal ahora condenado lo acusaba nada menos que de ser capo de un cartel de narcotraficantes.

 

Surge acá una pregunta también clave para la reflexión de los comunicadores sociales universitarios o no: ¿el hecho de estar en el poder obliga a una persona a aceptar que se le haga cualquier tipo de señalamiento en los medios de comunicación?

 

Es cierto que quien ejerce cargos público e, incluso, quien asume la carrera política aunque no haya llegado al poder, debe tener una piel gruesa para tolerar muchas críticas, acusaciones y sospechas sin fundamento. Pero aún para eso existen unos límites que, por cierto, están claramente establecidos en todos los países, incluyendo los que se presentan a sí mismos como ejemplos de una comunicación absolutamente libre. Por solo mencionar dos, en España o en Estados Unidos no se puede acusar de narcotraficante a un alto funcionario, sin presentar pruebas, y no luego pretender que no pase nada.

 

¿Negarse a rectificar también es un derecho?

 

En la declaración tuitera del Colegio de Periodistas se cuela otra inexactitud respecto al caso, expresada en un simple adverbio: solo. El texto dice que el portal ha sido condenado “solo por reproducir contenido publicado” en el diario español. Esa palabra obvia que en el proceso conciliatorio y judicial previo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la parte acusada pudo haber rectificado apropiadamente y con ello evitar que el juicio llegara hasta su extremo.

 

Se interpreta que para los actuales dirigentes gremiales, negarse a rectificar también es un derecho que puede enarbolarse en nombre de la libertad de expresión, aún cuando se haya comprobado que las graves acusaciones difundidas originalmente fuera del país no contaban con el respaldo necesario en materia de pruebas e indicios.

 

Pese a todas las controversias políticas que rodean el ejercicio del periodismo en estos tiempos, dos artículos del Código de Ética del Periodista Venezolano dan señales inequívocas del rumbo a seguir:

 

Artículo 11. El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones.

 

Artículo 12. Las informaciones falsas deben ser rectificadas espontánea e inmediatamente. Los rumores y las noticias no confirmadas deberán identificarse como tales.

 

¿La libertad de expresión es ilimitada?

 

El tuit del CNP-Caracas cierra con una aseveración: “Es el uso de Justicia para silenciar la libertad de expresión en Venezuela”.

 

Otro interesante debate que debería abrirse a partir de este punto porque es necesario poner en claro si acusar a una persona de delitos gravísimos sin aportar pruebas es parte de los derechos cubiertos por la noción de libertad de expresión.

 

Para responder a esta pregunta bastaría que los directivos del CNP-Caracas se pusieran en el lugar de quien es acusado. Por ejemplo, que alguien publicara que reciben pagos de una agencia de inteligencia extranjera y, luego, cuando ellos exigieran un desmentido, el autor del agravio dijera: “Lo publiqué ejerciendo mi sagrado derecho a la libre expresión”.

 

Para tratar de colocarnos en una misma página con colegas que tienen otro punto de vista en este caso, podríamos remitirnos al viejo aserto de la época de oro del periodismo estadounidense: los hechos son sagrados, la opinión es libre.

 

En el caso específico de esta demanda, lo que se pretende presentar como libre expresión es una opinión, hasta tanto alguien demuestre que se trata de hechos.

 

El debate está lejos

 

La expectativa de que se produzca un debate de fondo sobre este tema en el seno del gremio periodístico es bastante ilusoria. Basta con mirar las reacciones que provocó el tuit del CNP-Caracas para pensar que será difícil. La mayoría de los que opinaron (presumiblemente periodistas) acusaron a los directivos de ser demasiado blandos, pues entienden que el tuit reconoce la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia un ente que, de acuerdo a la oposición, es ilegítimo.  Uno de los tuiteros pide coherencia respecto a la línea opositora del cese a la usurpación, lo que hace pensar que considera al gremio como parte de dicha tendencia política.

 

Solo uno de los comentaristas estuvo en la zona medular del debate, al afirmar que “en algunas oportunidades las noticias deben ser verificadas y se deben tener pruebas”. Tal vez lo escribió en tono de sarcasmo porque verificar y tener pruebas no es algo que deba hacer solo en algunas oportunidades, sino siempre.

 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

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